El reciente acuerdo entre el gobierno y el Fondo Monetario Internacional vuelve a poner en el centro la política del “ajuste estructural” con el objetivo (declarado) de alcanzar un excedente fiscal en los años venideros. Siguiendo el recetario tradicional, esto se debería lograr principalmente por medio de recortes en el gasto público. Paralelamente se busca “ganar competitividad internacional” mediante una política de devaluación interna a través de una mayor “flexibilización laboral”, profundizado las políticas económicas ya en curso.[1]

La desigualdad es la característica del Gobierno de Moreno, comandado en el Frente Económico  por el ex presidente del Comité Empresarial Ecuatoriano. De tal manera que en estos tres años se muestran cuantiosos crecimientos en el ingreso de las élites empresariales ecuatorianas. Situación que puede parecer paradójica -considerando que el resto de la población se encuentra sumergida en un mar de desempleo, pobreza, pérdida del bienestar y calidad de vida- pero no lo es. Las decisiones de política pública de beneficiar exclusivamente al sector de élite empresarial (Báez Valencia, 2020) tienen sus efectos en la sociedad ecuatoriana, pero sobre todo en estos agentes que en el periodo 2017-2019 han visto crecer sus ingresos promedios mensuales constantemente, a tal punto que en el último año se incrementó en un 16% con más de USD 60 mil y lo que representó 131 veces un salario mínimo. Eso implica que las élites empresariales ecuatorianas tardan menos de dos horas en ganar lo que un empleado con este sueldo.

Bucaram hizo todo lo contrario de lo que había prometido en la campaña electoral

En la campaña presidencial de mayo de 1988, cuando disputaba el balotaje Abdalá Bucaram ante Rodrigo Boja, con su discurso mesiánico y maniqueista afirmó “que la elección presidencial es la lucha entre un hijo de Dios y uno del diablo”. Se consideraba el “elegido” para guiar los destinos del país.

La insospechada movilización popular, por su extensión y radicalidad (octubre 2019) no solo dio paso a expresiones abiertamente racistas y de apartheid como la del ex-candidato a la presidencia,  Jaime Nebot: “que se queden en el páramo”!, sino también a expresiones muy críticas sobre la mediocridad de las “élites” que han gobernado y gobiernan el país. (1)

El 28 de agosto de 2020 el presidente Lenin Moreno anunció «un acuerdo técnico con el FMI para acceder a usd 6500 millones para protección social y reactivación». En efecto, se trataría de una nueva carta de intención con este organismo internacional, después de la firmada en marzo de 2019 por usd 4.200 millones; en ésta se entretejerían exigencias tales como:

El ascenso de la desigualdad en Ecuador es la constante del gobierno de élite empresarial de Moreno, así lo demuestran todos los índices sobre inequidad antes de la llegada del virus.[1] Por lo que la pandemia es un choque externo que si bien condiciona, esta no determina la nefasta situación que experimenta el país. En efecto son las políticas gubernamentales de beneficio a los ricos que tienen como resultado que estos se apropiaran de la mayor proporción del ingreso en la historia de la dolarización, incluso superior a la crisis provocada por los banqueros durante el feriado bancario.

La actual crisis sanitaria ha desencadenado a nivel mundial una importante recesión. Las previsiones de crecimiento económico son negativas en la mayoría de las economías y el desempleo se ha disparado en casi todos los países. Lo que configura un escenario global poco alentador en un futuro cercano y mediato.

Dentro de los grupos más vulnerables, ante la recesión ya presente, se encuentran los migrantes. La situación de estas personas, en Estados Unidos, Europa, algunos países del Asia y en varios estados musulmanes como Arabia Saudita, es compleja ya que estos trabajadores extranjeros tienen los oficios más precarios, como consecuencia, su realidad empeora mucho durante las crisis. Esta fragilidad económica se traduce en afectaciones sociales y sobre todo, en una mayor exposición a las consecuencias de la pandemia.

El 15 de enero de 1978, a través de referéndum, se aprobó una nueva Constitución de la República que fue elaborada en el marco del “modelo de sustitución de importaciones”, que promovía la Comisión Económica para América Latina (CEPAL) en los decenios del 60 y 70, donde se asignaba un rol importante al estado, educación, ciencia y tecnología para el desarrollo de la economía.