Jonathan Báez Valencia

El Gobierno del presidente Lasso anunció que realizaría una contribución especial a las personas “más acaudaladas” del país, es decir, aquellas que ganan más de USD 2 mil al mes. Sin embargo, decir que son las personas más ricas del Ecuador es completamente erróneo. En efecto, se trata de una puesta en escena para disimular un impuesto a la riqueza que en realidad es un impuesto a la clase media. Con el marcado objetivo de que el peso de la contribución recaiga en la población trabajadora y no en élites económicas que tienen ingresos promedios mensuales superiores a los USD 60 mil, 30 veces más; élites que seguramente no aportarán un centavo al país, pero que sacan capitales y lo exacerbarán con su búsqueda insaciable de eliminar el Impuesto a la Salida de Divisas. Y ¿Cómo es que se legitima este proceso? Por la fuente que usan: la encuesta. Eso permite subestimar deliberadamente los ingresos para librar a las élites económicas del impuesto.

Kelly Jeomara Becerra Arrobo

Nicolás Mateo Díaz Herrera

Damarys Alejandra Marcalla Pérez

Maylee Micaela Tapia Villegas

Karen Dayanna Ochoa Moreira

El 17 de agosto de 2021, Guillermo Lasso como presidente de la República presentó el proyecto de Ley Orgánica Reformatoria a la Ley Orgánica de Educación Superior –LOES- a la Asamblea Nacional para su correspondiente trámite legislativo. Entre los principales temas que aborda este proyecto de Ley se encuentra la autonomía universitaria, en contraposición a la pertinencia y autonomía responsable, principios indispensables para evitar abusos por parte de las Instituciones de Educación Superior -IES-. En segundo lugar, se identifican cambios respecto a la gratuidad de la educación superior y sus implicaciones regresivas de derechos. Por otro lado, se aborda la desregulación del control a la prohibición de lucro en las IES, dando paso a una mercantilización de la educación. Por último, la reestructuración del Consejo de Educación Superior -CES- conlleva un mayor control de este órgano por parte de la Función Ejecutiva y un debilitamiento de la institución, creando el ambiente propicio para la subordinación del sector público, pero también una liberalización desenfrenada del sector privado.

Jonathan Báez Valencia

Una élite económica empresarial que sabía que debía ser regulada.

Desde luego, la mayoría de personas conocen las varias películas de “Los Vengadores”. No obstante, existe una que retrata la disputa entre regulación y liberalismo. Se trata de “Capitán América: Guerra Civil”. En esta se observa cómo la mencionada confrontación toma forma en las figuras de Iron Man y Capitán América. Y no, no se trata de la “épica” batalla entre los vengadores, esta escena se plasma en el debate sobre la regulación que el Estado debe ejercer sobre estos agentes. En efecto, se produce una reunión y el delegado del Estado menciona que:

Marco Tafur S.

100 grandes empresas venden 152.9 mil millones de dólares; obtienen 14.2 mil millones de utilidades del ejercicio; y, por impuesto a la renta causado (IRC) contribuyen con 3.6 mil millones de dólares, lo que representa tan solo el 2,36% del ingreso en el quinquenio 2016-2020.

Representa 14 veces lo ocurrido en 2019 y 3 veces lo que dice la Encuesta de Empleo.

Jonathan Báez Valencia

La forma en que el gobierno de Moreno administró la pandemia de 2020, con un claro sesgo hacia la protección exclusiva del sector empresarial, permitió el despido de sus trabajadores sin el cumplimiento de sus debidos derechos. Eso implicó que más de 270 mil personas fueran desafiliadas en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social por los empresarios. Este número es cerca de 14 veces el nivel de personas que fueron desafiliadas en 2019, cuando la misma política gubernamental de fomento a las élites empresariales ya generaba más de 19 mil desafiliaciones en ese año. Un retroceso de 12 años. Por otro lado, este número de desafiliaciones en 2020 es 3 veces superior a lo que las estadísticas del empleo señalan, lo que muestra la necesidad de mejorar los mecanismos de recolección de información del trabajo.

Isaías Campaña C.

La desigualdad económica en el mundo

En los últimos decenios se ampliaron la brecha entre países de economías avanzadas y estados en desarrollo. La pandemia del COVID-19 acentuó aún más esa brecha y creó las condiciones para que reducidos estratos de la población concentren mayor riqueza, pero simultáneamente creció en forma dramática la desigualdad económica y social a nivel global, originado en las políticas de libre mercado, acelerado pero inequitativo desarrollo de la ciencia y la tecnología, proceso de globalización, paraísos fiscales, entre otros.

Élites económicas empresariales ganan más de 60 veces la pretendida contribución de la reforma tributaria

Jonathan Báez Valencia

En una clara muestra de distorsión de los datos, el gobierno de Lasso -a través de su Ministro Cueva- pretende cobrar un impuesto a las personas que ganan más de mil dólares, que equivalen al 4% “más acaudalado” y ascendería a 709 mil habitantes. Lo que nos ocultan es que existen 965 personas con ingresos superiores a 60 mil dólares mensuales (60 veces la pretendida reforma) que pertenecen a la élite económica del país y representan tan solo el 0,006% del total de la población ecuatoriana. Un impuesto a las grandes fortunas, aplicado a este segmento generaría más de 4 mil millones.

Alberto López B.

En el Ecuador, la gestión pública del deporte se encuentra conformada en 24 Federaciones Deportivas Provinciales y 221 Ligas Cantonales bajo una Coordinación Zonal y dos Subsecretarías Ministeriales, la política pública del Estado ha afectado significativamente a la situación de los deportistas, los cambios en las instituciones afectan la planificación deportiva. El 14 de febrero del 2007 se crea el Ministerio del Deporte con autonomía administrativa y financiera, como un órgano rector y planificador del deporte, educación física y recreación; diez años después, mediante Decreto Ejecutivo, el 14 de junio del 2018 este Ministerio de transformó en Secretaría del Deporte; y, en mayo del presente año 2021 el gobierno del presidente Guillermo Lasso, a ésta cartera de Estado vuelve a transformarle en Ministerio del Deporte.

Iván Fernández E.

Analizar los primeros 60 días del gobierno de Guillermo Lasso para concluir que es un gobierno neoliberal es, como se dice, “llover sobre lo mojado”, eso lo sabemos desde mucho antes, desde que fue “super ministro de economía” de Jamil Mahuad en 1999, año del feriado bancario y posterior dolarización, hasta que presentó su programa de gobierno de la alianza CREO-PSC. Más bien arriesgamos las siguientes notas para tratar de entender la dirección que está tomando el gobierno para no aparecer como neoliberal, sino como defensor de la democracia propiciando un “Ecuador del encuentro”, aunque los encuentros hasta aquí realizados no se vislumbran tan democráticos…

Jonathan Báez Valencia

Las sombras de las privatizaciones, monetizaciones, concesiones o cualquier otro término que se utilice para disimular la transferencia de activos públicos al sector privado, lo que a su vez tiene como efecto aumentar las tarifas a la ciudadanía, operando una transferencia monetaria de los hogares que garantice ganancias extraordinarias a los y las privatizadoras, pertenecientes de manera tendencial al segmento más rico de la población (tanto nacional como internacional). Uno de los primeros pasos es demostrar que estas empresas no operan de manera adecuada. No obstante, la evidencia empírica muestra que cuatro Empresas Públicas han estado entre las 11 mayores empresas del Ecuador durante el periodo 2014-2019. Por tanto, este argumento de la “ineficiencia de lo público” no se sostiene y la privatización como condición de bienestar aún menos.