Patrimonio: Grandes Empresas Ecuatorianas y la Ley Económico Urgente

Marco Tafur S.

Lasso, que ofreció en campaña “arreglar el país en 100 minutos”, tras escasos cinco meses de gobierno ha debido recurrir a la advertencia de una “muerte cruzada” con el Legislativo si no logra el respaldo a sus proyectos de ley que asegura crearán nuevas oportunidades para los ecuatorianos. Con apenas 12 de 137 asambleístas, solo ha logrado captar el voto de 15 independientes.

( ANA LUCÍA ROMÁN, eltiempocom)

El pasado jueves 28 de octubre, el Gobierno Nacional entregó a la Asamblea Nacional la denominada Ley para el el Desarrollo y Sostenibilidad Fiscal tras la Pandemia COVID-19. El Ejecutivo busca recaudar $ 1.800 millones en dos años con el proyecto de reforma tributaria, de ser aprobada.

Son 19 leyes que reformaría el proyecto de Ley Orgánica de Desarrollo Económico y Sostenibilidad Fiscal. Por su parte, el Consejo de Administración Legislativa (CAL) califica la propuesta del presidente Lasso con el carácter de económico urgente para su trámite al plenario de la Asamblea, donde se debatirá el futuro de dicha propuesta hasta el 28 de noviembre de 2021, plazo para aprobar, reformar o rechazar.

Respecto de la reforma tributaria, al decir del Ministerio de Economía y Finanzas, “se guarda el principio de progresividad, es decir, que los que más tienen sean los que más paguen”. El peso de contribuciones e impuestos recaen en las personas con ingresos de más de $ 2.000 al mes y al patrimonio de empresas.

Así, el gran cambio se genera al aplicar una contribución temporal, por dos años, a las empresas que tienen un patrimonio mayor a $ 5 millones. En la propuesta original se pensaba aplicar la contribución a empresas con patrimonios de más de un millón y que hubiesen tenido utilidades en 2020 y ventas mayores a las del 2019, y solo por un año. Sin embargo, en la nueva propuesta se sube el piso de aplicación, pero ya no es un requisito haber tenido mayores ventas. (Ministro de Economía y Finanzas.eluniversocom)

“Esta contribución deberán pagarla 1.931 empresas. De acuerdo con los datos previos del Servicio de Rentas Internas (SRI), las que provienen de los sectores de comercio, financiero, de seguros y manufacturero aportarán con el 66 % de esta contribución. Así, la recaudación estimada sube de $ 105 millones en la propuesta original a $ 467 millones en la nueva, durante dos años. El grueso de estos recursos (90%), es decir, $ 420 millones, lo pagarán unas 1.080 empresas con patrimonio de 10 millones en adelante, explicó el Ministerio” (eluniversocom). La diferencia, 1.000 millones de dólares, financia la clase media con ingresos superiores a $ 2.000  mensuales, que tributarán durante toda su vida productiva.

Todas estas medidas pueden ser reemplazadas si los voceros del Gobierno del encuentro realmente fueran responsables con la premisa de que el que más tiene más paga, promoviendo una ley que permita disminuir la impresionante evasión tributaria que supera los  $ 7.000 mil millones y, no acudir a una medida tradicional, como es modificar la base tributaria que afecta al consumo, frenando el proceso productivo. La Asamblea entra en el juego del Gobierno, modificando a $ 2.500 la base y aceptando 10.000 dólares el monto de deducción de gastos personales. Aceptan eliminar IVA a pañales y vehículos híbridos. Temas secundarios que no atenta para nada la concentración de la riqueza y evasión.

La contribución temporal al patrimonio no tiene nada de nuevo. Lo novedoso es que viene  del gobierno representante de una fracción del gran capital, el financiero, que tiene opositores en las otras fracciones: industrial y comercial. La lucha por la hegemonía del poder económico esta en juego; las apareciencias cobijadas en slogans como el “gobierno del diálogo” o “gobierno del encuentro” es la estrategia para alcanzar el objetivo de reactivar la acumulación del capital. Si la propuesta fuese iniciativa de otros gobiernos, los voceros del gran capital los tildan de socialistas o comunistas. Lo otro, es un ejemplo de desprendimiento de su riqueza acumulada por las bondades del mercado y que todos debemos emular.

Para que nuestros lectores tengan idea del significado de patrimonio, se aclara el concepto económico de patrimonio como conjunto de posiciones con valor económico, tema que se trata más adelante.

Grandes empresas

Recordemos, el fenómeno concentrador empresarial ecuatoriano es una realidad donde se privilegia el libre mercado. Las grandes empresas, que representan   el 4% promedio del total nacional en el quinquenio 2016-2020, concentran activos, ventas, utilidades y patrimonio. Son empresas vinculadas al capital extranjero, que hábilmente se mantienen en el tiempo.

(*) El tamaño de la Compañía, lo define el Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones.

Empresa grande: Más de 200 trabajadores ó Ingresos superiores a los $5’000.001,00

Aún, la concentración geográfica es notoria desde muchos años atrás. En Quito y Guayaquil se localizan el 75% del total de las 100 grandes empresas (2020); venden 30.6 mil millones de dólares promedio anual (2016-2020). Ampliando el análisis de ventas por tamaño se confirma, una vez más, a los verdaderos dueños del país. Tema que se trata en próximas entregas respecto de accionistas y ramificaciones empresariales.

El cuadro es terminante, las grandes empresas, el 3.4% del total general, venden el 79% en el año 2020; la diferencia se reparte entre la mediana, pequeña y microempresas.

Las 500 empresas más grandes venden $ 38.852.214.894,73  en plena pandemia, más de la mitad de lo facturado por las 2.696 grandes empresas vigiladas por la Superintendencia de Compañías (2.696).  Sin embargo, tributan $ 793.778.960,38; es decir, por cada 100 dólares de ingresos por ventas tributan 2 dólares. Presión fiscal que debe ser revisada, pues da idea de una importante evasión aduanera, problema que no toca la propuesta de reforma tributaria del Gobierno del encuentro empresarial.

Patrimonio, grandes empresas

PATRIMONIO, según las NIIF, es el conjunto de bienes, derechos y obligaciones que tiene una persona o una empresa. El valor del patrimonio se obtiene sumando el valor de los bienes y los derechos y restando el valor de las obligaciones; expresado en una unidad de cuenta, en nuestro caso, en dólares. No se toca el ámbito jurídico del patrimonio, es un concepto económico del patrimonio.

La información digital que entrega la Superintendencia de Compañías, disfrazada los últimos meses sin razón alguna dificultando su captura, es el insumo para demostrando el poder económico y aún político de los grupos económicos ecuatorianos. Vislumbremos algunas relaciones económicas de empresas clasificadas por tamaño, para reflexión.

Por su tamaño las 2.696 grandes empresas concentran el 65.4% del patrimonio empresarial del 2020. Su monto representa el Presupuesto General del Estado para el año 2022, que asciende a $ 33.9 mil millones de dólares. Las 500 grandes manejan un patrimonio de $ 30.958.754.569,31, el 90 % del total de las grandes empresas. El 10% restante del patrimonio  se distribuye entre las 2.196 empresas. Además, 55 de estas empresas poseen más de 100 millones de dólares de patrimonio.

Igual, estas grandes empresas concentran el 83% del impuesto a la renta causado (IRC), año 2020. La mediana, pequeña y microempresa aportan en conjunto el 17%  del IRC. Sin embargo, son sumas reducidas al confrontar con el volumen de ventas facturado principalmente por las grandes empresas (76.1 mil millones de dólares).

En efecto, la presión fiscal de las grandes empresas (IR Causado/ventas) es de 1.6%, relación que no llega el promedio anual de 2.4%. En otras palabras, cada dólar que facturan por ventas tributa menos de dos centavos . Relación que plantea interrogantes, pues contradice la racionalidad económica empresarial en el tema fiscal. ¿Es la lógica del capital la razón de dicho comportamiento, acumular capital infringiendo mandatos aún éticos y morales es la norma? Con pandemia o sin ella, el problema de evasión es una realidad que el Estado ecuatoriano debe combatir. La mayoría de ellas están vinculadas al capital extranjero como accionistas o inversión directa.

Sucursales extranjeras

De conformidad con la Ley de Compañías (Art. 415), las compañías extranjeras que ingresan al país con el fin de ejercer actividades como la ejecución de obra pública, la explotación de algún recurso natural o la prestación de algún servicio público, o ejercer directa y habitualmente sus actividades económicas en el Ecuador, la Ley exige su «domiciliación» en el país; es decir, establecer una sucursal.( https://www.supercias.gob.ec/gaceta/gaceta_societaria.pdf)

En el Ecuador un capital destinado a la actividad que se vaya a desarrollar, y que según resolución de la Superintendencia de Compañías No. 00.Q.IJ.004, publicada en el RO. 46 de 29 de marzo de 2000, actualmente vigente, no podrá ser menor a dos mil dólares de los Estados Unidos de Norteamérica ($ 2000.00). La reducción de esta inversión solo podrá hacerse observando las normas de la Ley de Compañías para la reducción del capital.( https://derechoecuador.com/las-companias-extranjeras/)

Marco legal que posibilita la presencia del capital extranjero en sectores económicos vinculados a circuitos de acumulación internacional, como es  la actividad extractivista petrolera y minera. Invito a revizar la información empírica que divulga la Superintendencia de Compañìas y sacar sus propias impresiones.

Del ranking empresarial por tamaño, que entrega el organismo de control público, 17 grandes sucursales extranjeras (de las 63 registradas) estan vinculadas a extracción de aceite crudo de petróleo, servicios extración de petróleo y gas, minas y canteras, venta de petróleo crudo; 16 son sucursales ligadas al transporte aéreo de pasajeros y carga; 7 vinculadas con la construcción; 3 a la generación eléctrica y electrónica; 1 a la producción de farmaceúticos; y, 1 sucursal extranjera elabora bebidas gaseosas no alcohólicas, entre otras.

Del total de 63 sucursales extranjeras registradas como grandes empresas, 22 presentan patrimonios mayor a $ 5 millones; 32 declaran patrimonios entre  $ 4.7 millones y $ 16 mil; 9 sucursles presentan patrimonios negativos;  evidenciando la falencia de la ley.

Al capital extranjero no le interesa tener presencia como tal, la figura jurídica que esconde su presencia es la sociedad anónima, responsabilidad limitada y otras formas que camuflan su perfil. Porfío que la lógica del capital es la tasa de ganancia, por tanto se introduce en actividades económicas que legitima su misión. Lo que importa es el control del mercado.

Según la Superintendecnia de Compañías, 996 son grandes empresas con patrimonio superior a $ 5 millones; 917 declaran patrimonios menor a lo sañalado; varias de éstas sucursales extranjeras se salvan de la reforma tributaria.  Si la propuesta del Gobierno Lasso es una contribución de 0.8 por ciento al patrimonio por dos años, se estima una recaudación de 256 milllones de dólares año, reducido comparado si aumenta la presión fiscal.

La propuesta que grava al patrimonio empresarial no hace distinción entre empresas con grandes patrimonios, como se ve en el anexo, y aquellas que enfrentan solas los retos del mercado competitivo con reducida liquidéz. En efecto, 56 grandes empresas tienen patrimonio superior a los $ 100 millones de dólares; 71 empresas tienen entre $ 50 y $ 99 millones; 202 disponen entre $ 20 y $ 49 millones; la diferencia, del total de 996 grandes empresas, tienen entre 5 y 19 millones de dólares.

La propuesta tampoco diferencia entre actividades económicas. La extracción de petróleo, gas, aceites crudos, comercio automotríz, telefonía móvil, construcción, comercio al por mayor, presentan patrimonio elevados por requerimientos de su propia actividad.

En fin la propuesta no es más que una herramienta fiscal recaudatoria. Está lejos de constituir una reforma tributaria que guarde el principio de progresividad. La factura, como siempre pagará la sociedad al comprar bienes y servicios, pues los empresarios trasladan al precio la llamada “contribución” obligatoria al patrimonio.

Propuesta

Trabajar en el ingreso por ventas (precio x cantidad) es oportuno para lograr una justicia tributaria y no hallar en la sociedad los recursos que el fisco requiere. Es difícil manipular políticamente precios y cantidades en el sistema económico que privilegia el libre mercado; pues, si el precio sube la cantidad baja o caso contrario. La oferta y demanda fijaran precios y cantidades a ser negociados. El mercado debe ser utilizado para el bienestar ciudadano y no solo para acumular. 

Recordemos, en plena pandemia (2020), el ingreso por ventas de 78.380 empresas superó los $ 96 mil millones, prácticamente el PIB del mismo año; y, tributaron $ 1.5 mil millones. Presión fiscal de 2 por cada 100 dólares de venta. Duplicando esta relación fiscal (IRC/ventas) se recaudaría en un año lo que el Gobierno aspira. Otro es el camino a recorrer. Es una decisión política y no solo técnica-contable que busca el equilibrio macroeconómico.

Aquello esta asociado a disminuir costos productivos, eliminando impuesto y aranceles a la importación de insumos y materia prima para actividades que demuestren incorporación significativa de mano de obra en los procesos productivos o facilitando la creación de empresas direccionadas a la sustitución de los mismos. Igual, cuando se compra lubricantes, combustibles, energía eléctrica y costos financieros que afectan la producción. Todo privilegiando a cooperativas, asociaciones agrícolas, artesanales, pequeños productores. El impacto se refleja en precios bajos de bienes. Ámbito que incumbe enfocar una auténtica reforma tributaria.

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