Los estragos de la pandemia en Educación y Seguridad  

Isaías Campaña C.

Tres años para que la economía vuelva a los niveles de 2019

Según el Banco Mundial, América Latina registrará una tasa de crecimiento de 5,2% en 2021, 2,9% en 2022 y 2,5% en 2023. En los mismos años, el organismo multilateral para Ecuador proyecta tasas de crecimiento de 3,4%, 1,4% y 1,8%, respectivamente (Banco Mundial, 2021). Las tasas de crecimiento del país se prevé que van a estar por debajo del promedio de América Latina.  

Únicamente a fines de 2023, la economía nacional volvería a ubicarse en los niveles de producción de 2019, año en el que la economía ecuatoriana ya mostraba signos de debacle. año que además recibió el impacto de las movilizaciones, paros y violentas manifestaciones de las organizaciones indígenas y movimientos sociales.

El Banco Central del Ecuador estima que, en 2021, la economía crecerá a una tasa de 2,8%, inferior a la previsión del Banco Mundial (BCE, 2021). El crecimiento de la economía está determinado fundamentalmente por el consumo con el 60%, las inversiones con el 24% y el saldo comercial con el 2%.

La pandemia del COVID-19 causó la suspensión de las actividades productivas y consecuentemente el incremento exponencial de los niveles de desempleo y subempleo,[1] lo que provocó la reducción de la demanda agregada, esto es, amplios segmentos de la población dejaron de consumir determinados bienes y servicios que afectaron, a su vez, a diversos sectores del aparato productivo. Una espiral perniciosa.

Los dirigentes de las cámaras empresariales, cúpulas de partidos y movimientos políticos ortodoxos, como si fuese la panacea, reiteradamente han venido predicando que se debe reducir el gasto público, específicamente el gasto corriente que corresponde a sueldos y salarios, lo que significaría contraer aún más la demanda agregada.

En los últimos años, las inversiones, particularmente del sector público se redujeron sustancialmente como consecuencia de la política de austeridad fiscal, por lo que el Estado dejó de hacer importantes inversiones en obras de infraestructura y, por tanto, no contribuyeron a generar fuentes de empleo.

Las exportaciones totales de Ecuador bajaron de 21.652 millones en 2018 a 20.226 millones en 2020. La mayor parte de las exportaciones corresponde a productos primarios, los cuales descendieron de 16.981 millones a 16.092 millones. Las ventas al exterior del principal producto de exportación, petróleo, se desplomaron de 7.877 millones a 4.684 millones. En el mismo periodo, las exportaciones de productos industrializados bajaron de 4.670 millones a USD 4.134 millones (Ibídem).

La inédita recesión de la economía significó menores ingresos para el Estado por concepto de impuestos y los recursos que generan las empresas públicas. Las últimas administraciones reiteradamente acudieron al endeudamiento público, tanto interno como externo, que escaló hasta llegar a niveles críticos.

Los inquilinos del Palacio de Carondelet no han sido capaces de combatir eficientemente la evasión y elusión tributaria que supera los USD 7.000 millones anuales,[2] hecho que determina los crónicos déficits fiscales. Entre 2017 y 2021, el déficit acumulado del Presupuesto del Gobierno Central base caja fue de más de USD 21.000 millones, originado en su mayor parte en el servicio de la deuda interna y externa.

El sistema educativo fue duramente golpeado por la pandemia

La forma en que el gobierno gestionó el coronavirus castigó gravemente al mercado laboral. En 2020, más de 300 mil personas fueron desvinculadas del sector público y privado. A septiembre de 2021, más de 412 mil personas estaban en desempleo, 1,9 millones en subempleo y 5,2 millones en empleo inadecuado (INEC, 2021).

En junio de 2021, las personas bajo el umbral de la pobreza superaron los 5,6 millones, que corresponde al 32,2% de la población; en el área urbana era de 24,2 y en la rural de 49,2%. La pobreza extrema superó los 2,6 millones de personas, equivalente a 14,7% de la población; de este total, el 8,4 estaba en el sector urbano y el 28,0% en el rural.

Según el INEC, en 2020, las personas que usaron computadora o laptop, a partir de 5 y más años, se redujo de 51,1 en 2017 a 34,3% en 2020; en el área urbana fue 40,7 y en la rural 20,5% (INEC, 2021).

Se consideraba que, como consecuencia de la pandemia, las clases de los estudiantes a distancia o virtuales se estaban utilizando con mayor frecuencia los dispositivos informáticos. Sin embargo, en niños y adolescentes, de 5 a 15 años, la utilización de la computadora se contrajo de 62,2% en 2018 a 39,4% en 2020.

En cambio, las personas que utilizaban Internet aumentó significativamente de 55,9 en 2018 a 70,7% en 2020; en el área urbana alcanzó el 77,1 y en la rural el 56,9%. En el último año, el uso de la computadora fue básicamente en el hogar 86,1 y en el trabajo 6,5%.

En plena pandemia cerca de 100 mil estudiantes de escuelas y colegios desertaron de sus estudios, ya sea porque sus padres quedaron en el desempleo, no disponían de computadora o no tenían señal de Internet, en su mayor parte corresponden a familias en condiciones vulnerables de las ciudades y del sector rural.

En 2020, el porcentaje de personas que tenían teléfono celular activado a nivel nacional fue de 62,9%; en el área urbana 67,7 y en la rural 52,4%. En niños y adolescentes era de 21,9%. El porcentaje de personas que tenían teléfono inteligente, smartphone, a escala nacional fue de 51,5%; en el sector urbano 58,2 y en el rural 36,8% (INEC, 2020).

En áreas marginales de las ciudades y especialmente rurales, muchos estudiantes recibían clases a través del celular y las tareas que enviaba el profesor lo hacía mediante WhatsApp. La información arriba señalada muestra que solo 4 de cada 10 personas tenían acceso a un celular inteligente. En no pocos casos, los estudiantes tenían que ubicarse en determinados sitios que pedagógicamente eran inadecuados como treparse en paredes o árboles para tener señal y poder escuchar al profesor.

Con la suspensión de las actividades académicas se perdió la retroalimentación entre el estudiante y el profesor, el trabajo en grupo, la socialización entre niños y la significativa perdida de los aprendizajes. Para un niño o adolescente es más complicado que pueda concentrase en las clases que imparte el profesor a través de la pantalla del celular o de la computadora. Sin duda, no es lo mismo las clases presenciales que las clases a distancia o virtuales ya sea de manera sincrónica o asincrónica. Y los más perjudicados van a ser los niños(as) y adolescentes de familias vulnerables, cuyos efectos se podrían a ver a mediano plazo.   

En 2020, el analfabetismo digital fue del 10,2% a nivel nacional, en el área urbana 7,5 y en la rural 16,8%. Se considera como analfabeto digital a la persona que no tiene celular activado, no utiliza computadora ni Internet (Ibídem).

El auge de la delincuencia, narcotráfico y violencia

Ecuador tiene fronteras al norte con Colombia y al sur y este con Perú, estados que figuran entre los mayores productores de cocaína en el mundo. Ecuador tradicionalmente ha sido considerado como país de “tránsito” en el suministro de precursores químicos a los carteles de Colombia y en el envío de cocaína a Estados Unidos y Europa. Alrededor del 33% de la producción de narcóticos de Colombia se envía a los mercados internacionales, a través de los puertos de la Costa y vía aérea por pistas clandestinas.

La pandemia del coronavirus causó el crecimiento exponencial del desempleo y subempleo, hecho que fue el caldo de cultivo para que muchos jóvenes y adultos se vean obligados a involucrarse en actividades ilícitas como contrabando de bienes, trata de personas, delincuencia, narcotráfico y sicariato.

En medios de comunicación se informa todos los días asaltos, robos de dinero, vehículos, electrodomésticos y diversos tipos de bienes; en viviendas, conjuntos residenciales, locales comerciales, instituciones financieras, espacios públicos, así como del contrabando de combustibles y en general de mercadería procedente del exterior.

En medio de la pandemia se generó el auge del narcotráfico y sicariato. Según fuentes oficiales, habría más de 2.000 pistas clandestinas en el país, especialmente en Sucumbíos, Esmeradas, Manabí y Santa Elena, una de las cuales fue ubicada en los terrenos del frustrado proyecto de la Refinería del Pacífico, donde narcotraficantes incluso instalaron iluminación. En 2020, se incautaron 128 toneladas de droga y únicamente de enero a octubre de 2021 superan las 150.[3]

Los noticieros de canales de televisión y radios, día a día, comunican la escalada de asesinatos atribuidos a sicarios en diversos cantones de las provincias del Guayas, Manabí y Esmeraldas. De enero a septiembre de 2020, en Guayaquil, Durán y Zamborondón se produjeron 234 asesinatos y a octubre de 2021, rebasaron los 500, como consecuencia de la disputa de las bandas por el control de territorios.

El combate a las organizaciones criminales por parte de la fuerza pública contribuyó a aumentar el número de reclusos a nivel nacional. En 2014, había 23.500 detenidos y, en 2021, en las 48 prisiones hay alrededor de 39.000 personas privadas de libertad (PPL), de las cuales el 28% corresponde a delitos por alcaloides. Las bandas criminales se disputan el liderazgo en los centros de reclusión y en el microtráfico de estupefacientes.[4]

En 2020, se produjeron violentos amotinamientos en las cárceles que sumaron 103 muertos y decenas de heridos. En febrero de 2021, se volvieron a producir amotinamientos y enfrentamientos en Guayaquil, Latacunga y Cuenca que dejaron como saldo 79 fallecidos. La extrema violencia de los integrantes de las bandas se evidenció en las imágenes de cuerpos decapitados y desmembrados que circularon en redes sociales.

A fines de julio de 2021, se generaron amotinamientos en las cárceles de Guayaquil y Latacunga que derivaron en 22 fallecidos, 44 heridos y 100 reos fugados. Luego, el 28 de septiembre, se volvieron a producir amotinamientos y enfrentamientos entre bandas rivales en la cárcel de la “Penitenciaría del Litoral” que causaron 118 fallecidos, varios mutilados y decapitados, donde se utilizaron drones, granadas y armas de grueso calibre. El Ejecutivo decretó el estado de excepción en todas las cárceles del país para permitir la intervención de las Fuerzas Armadas en coordinación con la Policía Nacional.

Ecuador también se ha convertido en una ruta estratégica para el tráfico de armas cada vez más sofisticadas proveniente desde Chile con destino a los grupos irregulares de Colombia y de las megabandas que se disputan el control de las cárceles y de los territorios a nivel nacional. La página especializada IngSight Crime, 2021, afirma: “En solo dos años, Ecuador ha pasado de tener un sistema penitenciario con niveles medios de violencia a presenciar las peores masacres carcelarias de América Latina”.

El incremento del número de detenidos en las cárceles también se atribuye a la aprobación de Código Integral Penal que endurece las penas especialmente por delitos de narcotráfico, al uso “excesivo” de la prisión preventiva y a los engorrosos trámites de prelibertad.

El crecimiento exponencial de la delincuencia y del narcotráfico significa que el Estado tiene que destinar ingentes recursos económicos a las instituciones encargadas de combatirlas como Policía Nacional, Fiscalía, centros de reclusión, en desmedro de las inversiones que se podrían realizar en sectores sociales y productivos. A propósito del debate por la Proforma Presupuestaria.[5]

Los altos niveles de violencia seguramente van a afectar a la economía, especialmente al turismo. Determinados países han establecido alertas a sus ciudadanos para viajar a Ecuador, lo que implicaría la llegada de un menor número de turistas al país y, por ende, la contracción de los ingresos.

No se evidencian cambios en las organizaciones políticas

Frente a la inédita crisis económica y social por la que está atravesando el país no se vislumbra un acuerdo nacional entre las funciones Ejecutiva y Legislativa para reactivar la economía y generar fuentes de empleo. El gobierno del “encuentro”, que realizó una buena gestión en la vacunación del 50% de la población en 100 días de administración, sigue empeñado en ejecutar políticas liberales orientadas a promover una economía de “libre mercado”.

En la Función Legislativa, donde hay una fragmentación de organizaciones políticas, en pocos meses, ya salieron a la luz determinados casos de presunta corrupción y hasta el momento no se ha realizado una eficiente gestión de sus autoridades para sancionarlos, por el contrario, se encuentra atrapada en conflictos internos que son irrelevantes frentes a los graves problemas que azotan al país.

En medio del bloqueo político, la filtración de los denominados “Pandora Papers” develó que el presidente Guillermo Lasso tuvo vínculos con 14 empresas offshore y fideicomisos en Panamá, Dakota del Sur y Delaware, EEUU (BBCmundo, 2021).

En 2017, en Dakota del Sur se crearon los fideicomisos Bretten Trust y Liberty US Trust. Lasso autorizó la transferencia de empresas en poder de dos fundaciones de interés privado panameñas llamadas Bernini y Barberini, a esos dos nuevos fideicomisos (Ibídem)).

Tanto Dakota de Sur como Delaware son considerados paraísos fiscales. “De los 206 fideicomisos con sede en Estados Unidos identificados en la investigación, por un valor estimado de 1.000 millones de dólares, 81 están basados en Dakota del Sur y 35 en Delaware” (Expansion, 2021).

Las compañías offshore se considera que no son ilegales. El problema es cuando estas sociedades se crean en un entorno de opacidad y de confidencialidad. Las compañías offshore son empresas fantasmas o compañías de papel porque no tienen una actividad real. Los paraísos fiscales y las compañías offshore son formas de corrupción legal (BBCmundo, 2021).

El tema de fondo es que los paraísos fiscales sirven para evadir impuestos, ocultar fortunas y lavado de activos. El tema es ético y moral, tener empresas offshore durante varios años, sin pagar o pagar impuestos simbólicos, representa para el país de origen grandes pérdidas en los ingresos fiscales que impiden, a su vez, realizar inversiones en salud, educación, seguridad e inversiones públicas.

Políticos ortodoxos y líderes empresariales, que ocupan cargos estratégicos en el Gobierno Nacional, son partidarios de una consulta popular para salir del bloqueo institucional. El objetivo de la consulta popular sería que el Ejecutivo tenga luz verde para implementar la flexibilización laboral, reformas tributarias, desregulación del sistema financiero y comercial, que supuestamente dinamizarían la reactivación de la economía y generarían 2 millones de puestos de trabajo en un lapso de 4 años.

El capital político que acumuló el presidente Lasso en el proceso de vacunación se desvaneció fugazmente. Según la empresa encuestadora Perfiles de Opinión, la aprobación por parte de la población a la gestión del presidente Lasso se desplomó del 74% en julio al 34% en los primeros días de septiembre. En estas condiciones, convocar a una consulta popular podría ser crónica de un fracaso anunciado.

Al figurar el presidente Lasso en los “Pandora Papers”, entre los mandatarios latinoamericanos que realizaron transferencias opacas de capitales a paraísos fiscales, entraría en conflicto interno entre lo que hizo y lo que se propone hacer, esto es, promover la aprobación en la Asamblea Nacional el proyecto de reformas tributarias, cuyo peso recae básicamente en los sectores de ingresos medios de la población.

El artículo The New York Times titulado “Los Papeles de Pandora: ¿Cómo esconden su dinero los poderosos del mundo?”, 6 de octubre de 2021, afirma: “Para los dirigentes que en sus campañas electorales se comprometieron a acabar con la corrupción,… estar incluidos en el informe de los Papeles de Pandora es muy vergonzoso”.[6]

La flexibilización laboral, las reformas tributarias y en general la desregulación de la economía automáticamente no van a generar puestos de trabajo porque esas políticas ya se implementaron en administraciones pasadas, como en los gobiernos de Febres Cordero, Jamil Mahuad, Lenin Moreno, entre otros, cuyos resultados fueron desastrosos para el país.

Para incentivar la reactivación de la economía se debe establecer políticas orientadas al sector productivo. En tiempos de pandemia, incluso los organismos multilaterales con su línea ortodoxa recomiendan realizar inversiones en infraestructura como puentes, puertos, suministro de agua potable, mantenimiento y reparación de carreteras, centrales hidroeléctricas, edificaciones educativas y hospitales públicos, donde se demanda gran cantidad de mano de obra. Lo propio con el cobro de impuestos a los más ricos.

En la página web del Fondo Monetario Internacional está el trabajo titulado “Inversión pública para la recuperación” de Vitor Gaspar, Paolo Mauro, et al, 2020. Según el estudio, la inversión pública:

 “…podría crear millones de puestos de trabajo directamente en el corto plazo y millones más en forma indirecta en el largo plazo. Un aumento de la inversión pública equivalente al 1% del PIB podría fortalecer la confianza en la recuperación e incrementar el PIB en 2,7%, la inversión privada en un 10% y el empleo en 1,2% si las inversiones son de alta calidad.”

En contracorriente a lo que promueve el FMI, el Gobierno del “Encuentro” se comprometió en la Carta de Intención a reducir el gasto público, particularmente el gasto corriente destinado a sueldos y salarios. Los nuevos empleados que se incorporen al sector público tendrán sueldos y salarios menores que los actuales. En la línea de contraer la intervención del Estado en la economía, se prevé que el Gobierno de Guillermo Lasso no realizará importantes inversiones en obras de infraestructura.

Es realmente inaudito que en una economía tambaleante las funciones del Estado no puedan llegar a acuerdos puntuales. Los bloqueos institucionales han contribuido a que la economía nacional prácticamente esté estancada cerca de un decenio, mientras cada año no pueden incorporarse al mercado laboral cientos de miles de jóvenes, la mayoría de ellos se ven obligados a emigrar del país en busca de mejores condiciones de vida.

La dramática situación económica, los elevados indicadores de desempleo y subempleo, el imparable crecimiento de la delincuencia, narcotráfico y sicariato, deberían motivar a que dejando atrás posiciones fundamentalistas se llegue a un acuerdo nacional no solo entre las funciones Ejecutiva y Legislativa, sino también a nivel de organizaciones sociales, esto es, empresarios, trabajadores de la ciudad y del campo, indígenas, gremios profesionales, entre otros.

En el escenario internacional, muchos países han salido rápidamente de sus devastadas economías como consecuencia de guerras, terremotos, tsunamis, ciclones, huracanes, porque llegaron a consensos en las funciones del Estado y a nivel de los distintos sectores de la población, así como concentraron todos los recursos económicos, tecnológicos y humanos para lograr los objetivos se propusieron.

Bibliografía:


[1] “La pandemia del coronavirus golpeó duramente al mercado de trabajo. Entre diciembre de 2019 y marzo de 2021, el empleo adecuado descendió de más de 3,1 millones a 2,7 millones de personas que pasaron a engrosar las filas del subempleo y desempleo (INEC, 2021). El subempleo aumentó de 1,4 millones a 1,8 millones de ciudadanos, el desempleo subió de 311 mil a 476 mil personas y el empleo inadecuado se disparó de 4,6 millones a más de 4,9 millones de ciudadanos.” (Campaña, 2021).

[2] https://coyunturauceiie.org/2021/10/21/la-evasion-tributaria-en-ecuador-representa-mas-de-cinco-anos-de-subsidios-en-combustibles/

[3] https://www.eluniverso.com/noticias/2019/04/05/nota/7270838/ecuador-hay-mas-2000-pistas-aereas-no-controladas/

[4] https://www.atencionintegral.gob.ec/wp-content/uploads/2021/07/Boleti%CC%81n-No026-SNAI-UCS.pdf

[5] https://coyunturauceiie.org/2021/08/31/proforma-presupuestaria-2021-el-primer-escalon-hacia-un-neoliberalismo-atroz/

[6] https://www.nytimes.com/es/2021/10/06/espanol/que-son-papeles-pandora.html

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