¿Grupos Económicos impugnan sus deudas para no cumplir con sus obligaciones tributarias?

Isaías Campaña C.

Según el Servicio de Rentas Internas (SRI), en los últimos años se registró un crecimiento sostenido del número de grupos económicos. En las dos administraciones del gobierno de la “Revolución ciudadana”, 2007-2016, el número de grupos económicos escaló de 17 a 200 y en la gestión del “Gobierno de todos”, 2017-2020, aumentaron de 215 a 302 (SRI, 2021).En 2019, en la provincia de Pichincha, los grupos económicos fueron 153 -representa el 50,6% del total-, Guayas 92 -corresponde al 30,5%-, Loja 19, Manabí 14, Azuay 13, Tungurahua 9, Imbabura y Orellana 1 en cada provincia.

Los reiterados cuestionamientos de los gremios empresariales en el sentido de que en el país no se incentiva el ingreso de capitales extranjeros, y en general las actividades productivas, por las altas cargas tributarias vigentes, son argumentos que no tienen sustento cuando se observa los ingresos que reportan los grupos económicos, los impuestos que realmente pagan y los paraísos fiscales que tienen.

Ranking de los ingresos grupos económicos [1]

1. Almacenes Juan ELJURI

En 2019, de la información disponible del SRI, 214 grupos económicos en conjunto obtuvieron ingresos por 51.423 millones, equivalente al 47,6% del Producto Interno Bruto (PIB). Únicamente los 40 mayores grupos económicos facturaron ventas superiores a los USD 32.549 millones y causaron impuestos por USD 890,5 millones.

En el ranking de grupos económicos en función de los ingresos, se ubica en primer lugar Almacenes Juan ELJURI, integrado por Banco del Austro, AEKIA, NEOHYUNDAI, AYMESA, ASIAUTO, AVIANCA-ECUADOR, entre otras empresas.

El grupo económico registró ingresos por 2.740 millones y pagó impuestos equivalentes a 37,5 millones. Sin embargo, la empresa AVIANCA-ECUADOR tiene una deuda impugnada en el SRI por 16,5 millones, Banco del Austro tiene obligaciones superiores a 12,1 millones y Almacenes Juan ELJURI por USD 2,9 millones. Cuarenta y cinco de sus integrantes están domiciliados en paraísos fiscales (SRI, 2021).

2. Banco Pichincha

El grupo Banco Pichincha -conformado por Diners Club del Ecuador, Banco General Rumiñahui, Banco de Loja, AIG-Metropolitana, Seguros del Pichincha, ECUAGESA, INTERDIN-, consiguió ingresos mayores a 2.726 millones y pagó impuestos por USD 122,7 millones. No obstante, el grupo tiene deudas impugnadas en el SRI equivalentes a 10 millones, Diners Club de Ecuador y la aseguradora AIG-Metropolitana por las sumas de 11,5 y USD 1,7 millones, respectivamente.

Desde 1927, el Banco Pichincha fue liderado por la familia Acosta, primero Alberto Acosta Soberon, seguido de Jaime Acosta Velasco y del actual presidente del directorio, Antonio Acosta Espinosa; abuelo, padre e hijo, respectivamente. En la actualidad el principal accionista es Fidel Egas. Dos de sus integrantes están domiciliados en paraísos fiscales.

3. Schlumberger

A fines de 2015, el gobierno de “Manos limpias, mentes lúcidas y corazones ardientes” concesionó el campo petrolero Auca a la empresa Schlumberger a cambio de USD 1.000 millones. El campo Auca era considerado una de las “joyas de la corona”, tenía una producción diaria de alrededor de 67.000 barriles de petróleo.

Schlumberger fue creada en 1927 por los hermanos franceses Conrad y Marcel Schlumberger, en la región de Alsacia, en la frontera franco-alemana. Schlumberger es la mayor empresa del mundo de servicios a yacimientos petroleros, emplea a 123.000 personas y opera en más de 85 países. Sus oficinas principales están en Houston, Paris, Londres y la Haya.

El grupo petrolero SCHLUMBERGER DEL ECUADOR -comprende el Consorcio Shushufindi, Shaya Ecuador, Ardaliservices, Schlumberger Surenco-, alcanzó ingresos equivalentes a 1.834 millones y pagó impuestos por 108 millones. El Consorcio Shushufindi tiene una deuda impugnada en el SRI que supera los USD 9,2 millones. Ocho de sus integrantes están domiciliados en paraísos fiscales.

4. Claro

El Consorcio Ecuatoriano de Telecomunicaciones S.A. CONECEL, cuyo nombre comercial es Claro, -abarca las empresas Amovecuador, Fideicomiso Mercantil de Administración de Recursos y Pagos CONECEL, Condominio Edificio Centro de Negocios Eteco Promelsa-, facturó ventas por un monto de USD 1.746 millones.

CONECEL pertenece a la empresa mexicana América Móvil de propiedad de Carlos Slim, el más rico de América Latina –según la Revista Forbes-. Claro causó impuestos por 79,3 millones, pero tiene una deuda impugnada en el SRI por un valor de USD 33,8 millones. El ex contralor, Pablo Celi, supuestamente dispuso a funcionarios de la Institución el desvanecimiento de una glosa a la empresa CONECEL por USD 112 millones a cambio de sobornos (Primicias, 2021).

5. Corporación El Rosado

El grupo Corporación El Rosado -incluye Mi Comisariato, Inmobiliaria Motke, Inmobiliaria Lavie, Administradora del Pacífico ADEPASA, Supercines, INMERISA, COMDERE, entre otras-, registró ingresos superiores a 1.656 millones y pagó impuestos por USD 20,7 millones. Quince de sus integrantes están domiciliados en paraísos fiscales.

6. ARCA Ecuador

La Corporación ARCA Ecuador -conformada por las empresas Distribuidora Importadora Dipor, Industrias Lácteas Toni, ARCADOR, Holding Tonicorp-, obtuvo ingresos por 1.432,4 millones y causó impuestos equivalentes a USD 18,5 millones. ARCADOR tiene una deuda impugnada en el SRI por 5.6 millones. El grupo tiene 4 de sus integrantes domiciliados en paraísos fiscales.

7. DINADEC

DINADEC, agrupa Cervecería Nacional CN, Beverage Brand & Patents Company BBPC, consiguió ingresos por monto de 1.352 millones y causó impuestos por 55,5 millones. La compañía Cervecería Nacional tiene una deuda impugnada en el SRI por un monto de USD 4,8 millones. Dos de sus integrantes se encuentran domiciliados en paraísos fiscales.

8. General Motors

La empresa norteamericana General Motors fue fundada en 1908. Hoy en día, es una de las mayores empresas automotrices del mundo, fabrica automóviles, camiones y motores. Su cede principal se encuentra en Detroit, Michigan.

El grupo General Motors -abarca Omnibus BB Transportes, Elasto y Chevyplan-, alcanzó ingresos que superan los 1.124 millones y pagó por concepto de impuestos 14,4 millones. La empresa Omnibus BB Transportes S.A. tiene una deuda impugnada en el SRI por un valor de USD 14,7 millones.

9. PRIMAX Comercial del Ecuador

La empresa PRIMAX Ecuador (ATIMASA) se constituyó en 2006, cuando el Grupo Romero de Perú y ENAP de Chile adquirieron toda la red de estaciones de servicios de Shell en el país. En 2019, PRIMAX obtuvo ingresos equivalentes a 1.039 millones y causó impuestos por USD 4,4 millones.

10. Corporación Industrial y Comercial

HOLDINGDINE Corporación Industrial y Comercial –incluye ANDEC, Hotel Marriot, EMSAAIRPORT SERVICES CEM, Inmosolución, Explocen, Inamazonas Inmobiliaria-, consiguió ingresos por la suma de 1.030 millones y causó impuestos por 15 millones. La empresa Acerías Nacionales del Ecuador (ANDEC) tiene una deuda impugnada en el SRI por un valor de USD 5,3 millones.

Los grupos económicos impugnan sus obligaciones tributarias

El ranking de los 500 contribuyentes con deudas en firme e impugnadas asciende a USD 3.200 millones. Los grupos económicos en unos casos no cumplen con sus obligaciones tributarias y en su mayor parte impugnan las deudas con el Servicio de Rentas Internas.

  • Exportadora Bananera Noboa -incluye Noboa Trading CO TCN, El Café, Industrial Molinera, Ferpacific, Generali Ecuador Compañía de Seguros, Industria Cartonera Ecuatoriana, entre otras-, tuvo ingresos equivalentes a 624,7 millones y causó impuestos por 7,5 millones. El grupo tiene una deuda en firme por 41,1 millones e impugnada por USD 12,9 millones en el SRI. Diecisiete de sus integrantes están domiciliados en paraísos fiscales.
  • El grupo MOVISTAR -abarca las compañías TELEXIUS, Fideicomiso TEF, TWIS Ecuador II y TFEC-, obtuvo ingresos por 660 millones y causó impuestos por 45,9 millones. Sin embargo, registra una deuda impugnada en el SRI por la suma de USD 70,5 millones. El grupo tiene 6 integrantes domiciliados en paraísos fiscales.
  • PRODUBANCO, comprende SERVIPAGOS y PROTRAMIRES Trámites Profesionales, registró ingresos por la suma de 608,8 millones y causó impuestos por 26,3 millones. El grupo registra una deuda impugnada ante la autoridad tributaria por un monto de USD 2,2 millones. Siete de sus integrantes están domiciliados en paraísos fiscales.
  • REYBANPAC -conforma las empresas Reylácteos, Fertisa, Fertilizantes, Terminales I Servicios, Fertisa Agif, Aerovic, Expoplast-, alcanzó ingresos superiores a 521,9 millones y causó impuestos por 7,1 millones. El grupo registra una deuda impugnada en el SRI por un monto de USD 11,8 millones.
  • Almacenes DE PRATI, -incluye DEGELI, Inmobiliaria Aldijo, Inmobiliaria Romabal Uno-, consiguió ingresos por 402,3 millones y pagó por concepto de impuestos 26,6 millones. El grupo tiene una deuda impugnada equivalente a USD 44,5 millones.
  • The Tesalia Springs Company -abarca Universal Sweet Industries, Pepsico Alimentos Ecuador, Schokoholdings-, obtuvo ingresos por 388,1 millones y erogó impuestos por 4,2 millones. Sin embargo, tiene una deuda impugnada en el SRI por USD 44,5 millones. El grupo registra 26 integrantes domiciliados en paraísos fiscales.
  • TELCONET -comprende Netlife, Jr Electric Supply, Mantenimiento Técnico, Latamfimerhome Cable, Cajaprotserv, Cable Andino-, consiguió ingresos por un valor de 383,9 millones y causó impuestos por 13 millones. Registra una deuda impugnada en el SRI por USD 14,5 millones.
  • DANEC -contiene Palmera de los Andes, Palmera del Ecuador, Murrin Corporation, Tatiana, Neocosideco, Sumapaz, Ecuapalma-, alcanzó ingresos equivalentes a 364,3 millones y causó impuestos por 2,6 millones. El grupo tiene una deuda impugnada en el SRI que supera los USD 3,5 millones.
  • Banco Internacional -incluye Fideicomiso Banco Internacional S. A. 02-BCE y Fideicomiso Banco Internacional Garantía Automotriz-, tuvo ingresos por 314 millones y causó impuestos por 17,7 millones. El grupo registra una deuda impugnada por la suma de USD 3,4 millones. Diez de sus integrantes se hallan domiciliados en paraísos fiscales.
  • QUIPORT, abarca las empresas Quiama y Fideicomiso Mercantil Quiport Onshore Trust, logró ingresos por una suma de 197,5 millones y no pagó impuestos. No obstante, tiene una deuda impugnada por USD 49,4 millones. El grupo tiene 4 de sus integrantes domiciliados en paraísos fiscales.

Los 214 grupos económicos causaron impuestos por un monto de USD 1.336 millones, equivalente al 2,6% del total de los ingresos. La mayoría absoluta de los grupos económicos tienen deudas impugnadas en el SRI, contratan a los mejores bufets de abogados, quienes dilatan los procesos judiciales para evitar el pago y/o en el peor de los casos pagar lo mínimo de impuestos. Además, los operadores de la justicia tributaria por lo general sus fallos favorecen a las grandes empresas.

Según el Servicio de Rentas Internas, 1.461 sociedades de grupos económicos están domiciliados en paraísos fiscales, de ellos 1.050 en Panamá -corresponde al 53,6% del patrimonio total-, 3 en Barbados -19,1% del patrimonio-, 145 en Islas Vírgenes -10% del patrimonio-, 25 Islas Caimán -6,9% del patrimonio-, 99 Bahamas -3,5% del patrimonio-, entre otros.

El fin de los grupos empresariales es obtener altas rentabilidades, independientemente de las secuelas que provocan con el no pago de tributos. Las más grandes empresas de telecomunicaciones Claro, Movistar, Telconet, Netlife, entre otras, por ley utilizan la infraestructura pública para sus instalaciones. Se sigue instalando tallarines de cables en calles, avenidas y espacios públicos en forma deprimente, lo que significa el deterioro de la imagen de las ciudades. Y no hay autoridades seccionales o nacionales que impidan que se siga impunemente contaminado visualmente las urbes.

Las élites empresariales tradicionalmente han tratado de convertir al país en un “paraíso fiscal” y en los hechos muchas empresas no pagan impuestos y la mayoría impugnan sus obligaciones tributarias, provocando los crónicos déficit presupuestarios, lo que, a su vez, impide realizar inversiones en salud, educación, vivienda y en obras de infraestructura. 

¿Por qué deben pagar mayores impuestos las personas naturales y las empresas con altos ingresos?

Economía dolarizada

A partir de enero del 2000 se institucionalizó el sistema de dolarización, por lo que el Estado ya no puede emitir su propia moneda. El Estado financia sus actividades con la recaudación de impuestos, ingresos de las empresas públicas y endeudamiento interno y externo. Los impuestos más importantes son el Impuesto al Valor Agregado (IVA), Impuesto a la Renta (IR) e Impuesto a los Consumos Especiales (ICE). El IVA es un impuesto regresivo porque lo pagan porcentualmente igual los sectores de menores ingresos como los de altos ingresos de la población. Teóricamente el IR es un impuesto progresivo, a mayores ingresos mayores impuestos.

Tradicionalmente las élites empresariales se han opuesto al incremento de impuestos porque supuestamente las empresas pierden competitividad y no incentivan el ingreso de capitales extranjeros. En algunos países se ha priorizado una mayor carga tributaria a las personas naturales que tienen altos ingresos en comparación a las sociedades jurídicas, puesto que cuando se incrementan los impuestos, inmediatamente las empresas aumentan los precios de los bienes y servicios que generan.

El Estado está contra las cuerdas por endeudamiento público

El Estado tiene obligaciones financieras pendientes con proveedores del sector público, Gobiernos Autónomos Descentralizados (GADS), universidades públicas y cofinanciadas, Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), Instituto de Seguridad de las Fuerzas Armadas (ISFA), Instituto de Seguridad de la Policía Nacional (ISPOL), organismos multilaterales, gobiernos, tenedores de bonos, entre otros.

A julio de 2021, la deuda pública asciende a 63.091 millones, equivalente al 61,5% del Producto Interno Bruto (PIB), del total 45.044 millones corresponde a deuda externa y USD 18.047 millones a la deuda interna (ME y F, 2021). El elevado endeudamiento público ha determinado el crecimiento del riesgo país y éste, a su vez, genera altas las tasas de interés en los mercados internacionales, lo que dificulta conseguir financiamiento en condiciones favorables.

La deuda del Estado con el IESS supera los USD 15.900 millones (Primicias, 2021) y los últimos gobiernos no cumplieron con el aporte del 40% de las pensiones de jubilados ni con el fondo de salud, fondos que están al borde del colapso financiero. En 2021, el déficit global del Presupuesto del Estado supera los USD 4.800 millones.

Altos índices de desempleo y pobreza

Hasta fines de 2019, el país registraba altos índices de desempleo y subempleo, pero a raíz de la invasión de la pandemia del COVID-19 se deterioró aún más el mercado laboral. A julio de 2021, alrededor de 421 mil ciudadanos estaban en la desocupación -5,2% de la Población Económicamente Activa (PEA)-, más de 2 millones de personas en el subempleo y 5,2 millones no tenían empleo adecuado -63,1%- (INEC, 2021).

Entre junio de 2019 y al mismo mes de 2021, la pobreza escaló de 25,5% a 32,2%, lo que representa 5,6 millones de personas que no tienen los ingresos suficientes para satisfacer sus necesidades básicas de alimentación, vivienda, salud, vestimenta, entre otras, de ellas el 24,2% están en el área urbana y el 49,2% en la rural. Se considera a una persona pobre si percibe un ingreso menor a USD 84,7 mensuales (INEC, 2021).

En el mismo periodo, la pobreza extrema aumentó de 9,5% a 14,7%, es decir, más de 2,6 millones de personas no disponen de los ingresos para satisfacer sus necesidades de alimentación. Del total de las personas en pobreza extrema, el 8,4% corresponde al área urbana y el 28,0% a la rural. Se estima una persona en pobreza extrema si tiene un ingreso menor a USD 47,7 mensuales (Ibídem).

Infraestructura en condiciones deplorables

Carreteras, autopistas, puentes, puertos, suministro de agua potable, canales de riego, edificaciones de instituciones educativas, se encuentran en condiciones deplorables. La central hidroeléctrica Coca Codo Sinclair, la más grande del país, se halla en riesgo de paralizar la generación de energía eléctrica por la erosión en el río Coca que alimenta la represa. El mantenimiento adecuado de la infraestructura a escala nacional demandaría millonarias inversiones.

Instituciones financieras internacionales como el FMI, Banco Mundial, BID, dejando atrás su ortodoxia económica, en tiempos de pandemia, han recomendado a los gobiernos que cobren impuestos a la riqueza, que realicen inversiones públicas en infraestructura para reactivar las economías y crear fuentes de trabajo.

En Estados Unidos, el gobierno de Joe Biden, a través de un proyecto de Ley de Infraestructuras, prevé modernizar carreteras, autopistas, puentes, ferrocarriles de pasajeros y mercancías, suministro de agua, red eléctrica, conexiones de Internet y aeropuertos. El proyecto, que cuenta con el apoyo de la mayoría de los demócratas y republicanos en las dos cámaras, generaría 19 millones de puestos de trabajo durante esta década y tendría un costo de USD 1,2 billones (El Economista, 2021).

Conclusión

La inédita crisis económica en la que se encuentra sumergida el país, con alarmantes niveles de desempleo y subempleo, dramáticos porcentajes de pobreza y pobreza extrema, una infraestructura a nivel nacional deplorable, elevada deuda del Estado con el IESS, en estas condiciones para los grupos económicos no solo es una obligación legal, sino también ética y moral cumplir con sus obligaciones tributarias, recursos que, a su vez, podrían servir para reactivar la economía y generar fuentes de empleo.

Bibliografía:

FUENTE: Servicio de Rentas Internas, 2021

[1] Información disponible en: https://www.sri.gob.ec/o/sri-portlet-biblioteca-alfresco-internet/descargar/286ff91c-200c-4609-b4b0-bac8fa236154/Listado%201%20menor%201%2c5%20porciento.pdf https://www.sri.gob.ec/o/sri-portlet-biblioteca-alfresco-internet/descargar/3f98e767-3d1c-459e-93e4-e8cd7ee27346/Listado%202%20Mayor%203%20porciento.pdf


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