AVANZAR EN LA TRASNFORMACION DEL PODER DESDE ABAJO Y REACTIVAR LA ECONOMÍA DESDE EL MERCADO INTERNO

Bayardo Tobar

Las elecciones del 11 de abril pueden convertirse en un punto de inflexión en la lucha social, no tanto por el resultado electoral, pues los dos candidatos finalistas y la ya conocida composición de la Asamblea Nacional no despiertan ninguna esperanza de cambio, cuanto por la convicción, cada vez más amplia, entre la población, especialmente entre los jóvenes, de que el futuro no depende  de lo que pase “arriba” sino de la capacidad de los de “abajo” (movimiento indígena, cooperativo, feminismo, ecologismo, trabajadores sindicalizados y sectores populares organizados) para recomponer y fortalecer su organización, ejerciendo el derecho a la resistencia contra el neoliberalismo establecido en la Constitución. La juventud, definitivamente, no confía en una institucionalidad atravesada por la ineficiencia y la corrupción que se sostiene gracias al control y uso de la fuerza.

Luego de la experiencia electoral, y la “movida” para sustituir a Yaku Pérez por Guillermo Lasso en el segundo puesto, con la victoria de este último, la única vía para avanzar en el camino de la transformación social y política del país es reiniciar el trabajo cotidiano de transformar el poder desde abajo: autonomía y defensa de los territorios y las comunidades, consolidar y fomentar el trabajo colectivo y el autogobierno basado en el principio de mandar obedeciendo como referente para la democratización del Estado. No se trata de “cambiar el mundo sin tomar el poder” sino de cambiar la sociedad transformando el poder a imagen y semejanza del autogobierno comunitario; revertir la crisis y debilidad del movimiento obrero, recuperar su capacidad de organización y movilización a nivel nacional y ampliar las redes sociales y políticas necesarias para crear y fortalecer vínculos entre los diversos colectivos.

De lo que se trata es de asumir y expandir, como vía de transformación, la experiencia obtenida durante el confinamiento por la pandemia: la capacidad de la economía familiar campesina y de las redes auto-organizadas de abastecimiento para  garantizar la alimentación de la población en condiciones de desastre; las prácticas auto-organizadas de cuidado en las comunidades rurales y de la amazonia; la importancia y trascendencia del auto-gobierno comunal y necesidad de que los colectivos de habitantes, a nivel urbano y rural, participen como sujetos activos en la aplicación de políticas y medidas anticrisis [y anticíclicas] ante la ineficiencia del Estado para atender a los no privilegiados y la imposición vertical y coercitiva  de medidas que agregan caos e incertidumbre a los males que de por sí trae la crisis sanitaria.

Las  tareas poselectorales de reagrupamiento del campo social y popular  y de resistencia a las políticas antiderechos, requieren, además, contar con una apreciación objetiva de la situación actual de la economía, oponer a las visiones unilaterales de los economistas neoliberales una visión holística,  concediendo relevancia al análisis riguroso de cada uno de los grandes problemas nacionales, pero también al análisis de la interdependencia y las sinergias entre estos problemas para promover un sistema integral de propuestas prioritarias y viables de políticas públicas a partir también de realidad evidenciada en el confinamiento: la importancia de las “actividades esenciales” y estratégicas: la producción y distribución de alimentos básicos, soberanía alimentaria, sistema de salud público, eficiente y gratuito, educación e inversión en ciencia y tecnología, digitalización universal, democracia participativa (no institucionalización o cooptación estatal de la participación).

Ello supone, en primer lugar, alertar sobre la irresponsable actuación de los contendientes electorales que, en su carrera por los votos, realizan anuncios apocalípticos como el fin de la dolarización o el cierre del financiamiento externo, para citar dos ejemplos, que pueden actuar como profecía autocumplida o como escudo para justificar medidas que trasladan el costo de la crisis económica a la población vulnerable y clase media.

Hay que advertir, además, la perversión del manejo de la política económica que ya ni siquiera representa a la burguesía como clase sino a un grupo económico o a un gran empresario o banquero. Un ejemplo claro de ello es la gestión del ex – ministro de economía Richard Martínez y el frente económico con el pago anticipado de deuda a tenedores privados de bonos o la reducción del arancel y el impuesto a los consumos especiales a los ensambladores de televisores y de camionetas, respectivamente, en nombre de la “recuperación económica”.

En tercer lugar, evidenciar que el  Ecuador es el terreno privilegiado de aplicación de las políticas de austeridad: Los economistas neoliberales del país “más papistas que el papa” se auto-atribuyen la propiedad intelectual de las políticas de ajuste del FMI que comprenden acciones tan perjudiciales como  erosionar las finanzas públicas y hundir la economía en el foso de la recesión.  Medidas aplicadas en el Ecuador en contravía de lo que recomienda el propio FMI y los gobiernos del capitalismo central ante la crisis económica y sanitaria: no escatimar en gasto público y el endeudamiento para  rescatar a las empresas más vulnerables, mantener el empleo y el consumo (con transferencias monetarias directas y sin condiciones a toda la población), vacunación universal, compras masivas de deuda pública por parte de los bancos centrales e implementación de política monetaria (contrario a lo que se pretende con la privatización del Banco Central del Ecuador), condonar y renegociar deudas soberanas, flexibilizar el acceso al financiamiento de los países de ingresos medios y bajos, incrementar la inversión para enfrentar el cambio climático y gravar con un impuesto a las grandes fortunas y a las corporaciones tecnológicas.

Para adoptar políticas públicas adaptadas a la realidad del país, que es crítica pero no catastrófica, contamos, finalmente, con la experiencia derivada de los alcances y límites de las políticas “progresistas” y el desastre de las políticas implementadas por las llamadas “restauraciones conservadoras” representadas por Lenin Moreno en Ecuador, Mauricio Macri en Argentina y Jeanine Añez en Bolivia, como también con la incapacidad de los gobierno neoliberales de Colombia y Chile para estabilizar la economía y utilizar la represión para tratar de acallar las masivas protestas ciudadanas.

LA SITUACION DE LA ECONOMÍA ES CRÍTICA PERO NO CATASTRÓFICA

Según el Banco Central, la caída del PIB en el 2020 se debe principalmente a los decrecimientos de la inversión pública y privada, a la caída en los gastos de consumo de hogares y del gobierno, menores importaciones de bienes de consumo y una caída en las operaciones de crédito de consumo. Es decir, obedece a factores internos antes que a factores externos que, paradójicamente, han tenido resultados positivos.

En el 2020, año de la pandemia, a pesar del cierre de actividades a nivel global, los productos ecuatorianos lograron mantener sus nichos de mercado en el exterior y las exportaciones no petroleras crecieron en comparación con el 2019. Y si bien las exportaciones del petróleo cayeron por la baja de precios ello no incidió en el resultado final: el país obtuvo una balanza comercial favorable a la que contribuyó, hay que decirlo, la reducción de las importaciones, como factor de estabilización, impuesta por el mercado.

Junto a las exportaciones, en el 2020, creció la inversión extranjera directa y superó la barrera de los 1.000 millones de dólares  anuales, frente al promedio histórico de 600 millones de dólares anuales. El dato rompe otro mito del pensamiento neoliberal: que el impuesto a la salida de divisas (ISD) limita el ingreso de inversión extranjera. Lo sucedido el 2020 demuestra que La inversión extranjera no se mueve por afanes filantrópicos sino de rentabilidad y se dirige a los sectores y actividades que le producen utilidad, así esas actividades sean perjudiciales para el interés del país  receptor y los derechos de la naturaleza. En el Ecuador, por el tamaño reducido de su mercado y no por falta de garantías, a la inversión extranjera solo le interesan las actividades extractivas: petróleo ayer y hoy minería. Si se elimina el ISD no va a venir más inversión extranjera pero sí se va a desestabilizar el sistema de la dolarización porque ese impuesto controla u obstaculiza “la fuga de capitales” y los movimientos especulativos de los capitales “golondrina”, además de que, por el monto de la recaudación, más de 1.500 millones de dólares por año, tiene incidencia positiva en el financiamiento del sector público.[1]

Otro dato positivo que refuta las visiones catastrofistas, como la del fin de la dolarización, es el hecho de que los depósitos en la banca, en lugar de disminuir, se incrementaron en el 2020. Y que la tasa de morosidad, a pesar de la reducción de la actividad económica y la quiebra de los pequeños y medianos establecimientos en el sector servicios, los despidos masivos de empleados públicos y trabajadores del sector privado, no puso en riesgo, en ningún momento, la estabilidad del sector bancario y financiero que, más bien, se encuentra en deuda en su obligación de aplicar planes de financiamiento emergente para evitar quiebras empresariales y sostener el empleo.

Lo dicho hasta aquí no calza en la mirada de “ojo tuerto” del pensamiento neoliberal que centra su atención exclusivamente en el tamaño del Estado, el gasto público y la inversión social”, y cuenta con una sola receta para alcanzar el equilibrio fiscal: el despido de empleados públicos y el recorte a la inversión pública.

Como consecuencia del shock petrolero del 2014 y el terremoto en las provincias de Manabí y Esmeraldas y su incidencia negativa en las finanzas públicas, tanto el gobierno de Rafael Correa como el de Lenin Moreno privilegiaron como medida anticrisis el endeudamiento externo tóxico mediante la emisión de Bonos e ignoraron medidas alternativas o complementarias como generar ingresos o mejorar la calidad del gasto. Correa emitió $7.750 millones en bonos y Moreno, con un ministro de economía colocado por el sector empresarial, emitió $9.625 millones, incluida la operación de recompra de los bonos 2020, en total: 17.375 millones de dólares que no resolvieron el problema del desfinanciamiento fiscal, ni reactivó la economía y se convirtió, más bien, en un nuevo factor de desequilibrio al incrementar el servicio de la deuda en el presupuesto.

El gobierno de Moreno, en plena pandemia, enredado en “movidas” especulativas de deuda con el Ministro de Economía pro-empresarial, recurrió al FMI (2019-2020) y con su aval propuso y llevó adelante un proceso de renegociación de la deuda[2] que, visto a posteriori, tampoco resuelve el déficit de financiamiento del sector público que, para el 2021, se estima en 10.000 millones de dólares incluido el servicio de la deuda pública, por un lado y, por otro, mantiene compromiso con el FMI para reducir aún más  el gasto público hasta el 5% del PIB. Un absurdo que Lenin Moreno lo habría cumplido, de no finalizar ya su período presidencial, pues ostenta el record de ser el único gobierno en el mundo en reducir el presupuesto y despedir personal del sector de salud en plena pandemia del Coronavirus.

El principio de solución del desequilibrio de las finanzas públicas se encuentra en una acción de “cero tolerancia” con la corrupción: la corrupción del sector privado corporativo y de profesionales con altos ingresos que evaden y eluden impuestos y la ejecución de las acciones legales para cobrar –no condonar- las deudas tributarias con fallos de última instancia que suman $ 1.400 millones. Acciones para eliminar la corrupción en el sistema de compras públicas, tanto a nivel del gobierno central como de los GADs cantonales y parroquiales, controlado por los contratistas y proveedores que financian las campañas electorales. Estas acciones deben reemplazar a cualquier intento de “reforma fiscal” orientado a reducir impuestos a favor de grandes grupos corporativos (que sacan capitales a paraísos fiscales),[3] opuesto al principio liberal de política fiscal: financiar el sector público con un sistema tributario progresivo. Y deben reemplazar también a los planes de privatización de empresas públicas rentables o quebradas a propósito para traspasarlas al sector privado y cobrar comisiones  por intermediación.

Si se parte del diagnóstico del Banco Central sobre los factores que inciden en la caída del PIB en el 2020, la clave de la reactivación de la economía, siguiendo además la tendencia mundial, radica en estrategias de fortalecimiento del mercado interno con medidas orientadas, primero, a recuperar la capacidad de consumo de hogares y del gobierno, pues como reconocen hasta los economistas neoliberales “el consumo es el motor del desarrollo de la economía y representa el 78% del PIB” y, en segundo lugar, a recuperar la inversión privada y pública dirigida a financiar obras de infraestructura física, sanitaria, educativa y de transición ecológica y digital en el sector rural de la economía, con eje en la economía popular y solidaria que abastece el mercado interno y sustenta importantes actividades de exportación: banano, café, cacao y otros productos agrícolas no tradicionales. 


[1] Panigo y Castillo (2018), sostienen:

(…) entendemos a la fuga de capitales como el componente central en los países latinoamericanos a la hora de explicar el estrangulamiento por falta de divisas, antes que la falta de competitividad comercial. De hecho, según datos de la CEPALSTAT (CEPAL), el déficit crónico de la cuenta corriente no se debe a la balanza de bienes –estructuralmente positiva pese a exportar bienes de baja complejidad– sino a la balanza de rentas y servicios de la cuenta corriente y a la formación de activos por parte del sector privado no financiero de la cuenta de capital. [En efecto] sobre diseño de políticas para el desarrollo. Estas están más ligadas, en términos de prioridades, al establecimiento de un marco regulatorio que permita evitar la fuga del excedente y la formación de activos externos (pp. 142-143).

[2] El Ecuador alcanzó una reducción del monto del capital adeudado de $1540 millones (9%) (frente al 45,2 % obtenido por Argentina), y bajar la carga del servicio de la deuda gracias a la reducción principal de las tasas de interés de un promedio de 9,2 % a 5,3 % anual y la extensión de plazos, de un promedio de 6,1 años a 12,7 años.

[3] Se estima que los Grupos Económicos sacaron $ 685 millones a paraísos fiscales. Ver: https://coyunturauceiie.org/2020/06/14/los-grandes-ganadores-del-gobierno-de-moreno-grupos-economicos-2017-2019-riqueza-salida-de-divisas-paraisos-fiscales-y-deuda-tributaria/

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