¿DETERIORO ECONÓMICO Y SOCIAL DE LA CAPITAL DE LA REPÚBLICA?

Isaías Campaña C.

¿Qué pasa en Quito?

Constituir un movimiento político cantonal, provincial y nacional se vuelto relativamente fácil en el País dada la legislación vigente, la debilidad institucional de la Función Electoral y motivada por la asignación de recursos que entrega el Estado a las organizaciones de alcance nacional. La ideología de los movimientos y partidos políticos quedó relegada en los procesos electorales, hoy en día, impera los intereses económicos de grupos de poder y grupos familiares, incluso se sugiere que hay organizaciones de “alquiler”.

Los planes de gobierno, que de acuerdo a las disposiciones legales deben entregar al Consejo Nacional Electoral (CNE), se convirtieron en una mera formalidad. En los últimos procesos electorales, la mayoría de candidatos aparecieron en redes sociales bailando, cantando, tocando instrumentos musicales, acariciando perros, cabalgando en caballos, haciendo ofertas que no las podían cumplir.

El Jefe del “Gobierno de todos” pasará a la historia por el hecho de que de la noche a la mañana se convirtió en un ferviente devoto de las políticas de ajuste y estabilización para el desconsuelo de millones de ciudadanos que confiaron en sus propuestas de campaña electoral.

Los candidatos que llegaron a Carondelet o presidir los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GADS) no buscaron formar equipos de trabajo con los mejores profesionales en diferentes especialidades, competencias y experticias, valores éticos y morales, sino, por lo general, incorporaron a sus amigos, a personas incondicionales y entregaron “cuotas de poder” a movimientos para conseguir su apoyo político.

Mauricio Rodas y Guillermo Celi, en 2012, fundaron el movimiento político “Sociedad Unida Más Acción” (Suma), el primero participó en las elecciones presidenciales de 2012, donde obtuvo menos del 4% de los votos válidos. No obstante, en las elecciones seccionales de 2015 consiguió más del 58% de los votos válidos y fue electo alcalde del Distrito Metropolitano de Quito.

Rodas, entregó determinadas administraciones zonales a dos concejales en contrapartida recibió el apoyo a sus propuestas en el seno del Concejo. Entre las irregularidades que salieron a la luz pública, estuvieron el cobro de coimas hasta de USD 5.000 por parte de funcionarios para regularizar 10.000 unidades de taxis y 2.300 buses, así como los pagos realizados por los transportistas para recibir compensaciones de USD 3.000 trimestrales que entregaba el Municipio a cambio de no subir la tarifa de transporte público.

La Fiscalía de Pichincha investigó la trama de coimas e involucró a dos concejales y seis funcionarios del Municipio por enriquecimiento ilícito. Los concejales asistían a las sesiones del Concejo Metropolitano con grilletes electrónicos en los tobillos.  

El 13 enero de 2021, la Corte de Justicia de Pichincha declaró culpable de lavado de activos al ex concejal Eddy Sánchez, -que formó su propia organización política denominada “Movimiento Acción Social y Solidaria” (MASS)- su esposa, suegra y sus tres hijos y los sentenció a seis años de prisión porque no supieron demostrar el origen de más 1,8 millones y una multa de USD 4 millones.

La gestión del burgomaestre fue muy cuestionada por amplios sectores de la población. La Contraloría General del Estado realizó una auditoría especial al Metro de Quito, cuyos resultados arrojaron que se pagaron USD 11 millones más de lo que estaba planificado en el contrato inicial. El informe halló responsabilidades administrativas y civiles, se determinaron tres glosas por USD 80 millones y se ordenó la destitución del exgerente del Metro (El Comercio, 2019).

Varios de los proyectos que ofreció Rodas en la campaña electoral no llegaron a concretarse, como “Quito Cables”, “Solución Vial Guayasamín”, “Quito una ciudad digital”, entre otros. Los sectores productivos presentaron al Municipio algunos proyectos para su aprobación, pero quedaron congelados en los enredados procesos administrativos. La corrupción y la deficiente gestión del burgomaestre motivaron a que 12 concejales pidieran que “dé un paso al costado”, sin embargo, no se llegó a concretar. [u1] 

En las elecciones seccionales de 2019, Jorge Yunda, auspiciado por el movimiento nacional Unión Ecuatoriana, que formó el ex Fiscal General del Estado, Washignton Pesantes, se postuló como candidato a la alcaldía de Quito. En la campaña electoral Yunda ofreció construir vías como la Nueva Occidental, la prolongación de las rutas del Metro de Quito y la construcción de modernos puentes elevados, en sectores como la Y (GK, 2019). Además, el nuevo estadio en la Mitad del Mundo.

En el cierre de la campaña electoral, realizado en el estadio “Ciudadela Ibarra”, al sur de Quito, Yunda, a los 20 años volvió a cantar en el grupo musical Sahiro. El candidato de la Unión Ecuatoriana ganó las elecciones con el 21,3% de los votos válidos, con lo cual fue electo alcalde del Distrito Metropolitano de Quito, aunque el movimiento que lo auspició únicamente obtuvo tres concejales.

A mediados de marzo de 2020, el COVID-19 ingresó al país y comenzó a contagiar a la población, inmediatamente el alcalde firmó un contrato con la empresa Salumend S.A. por un valor de USD 4,2 millones para la adquisición de 100.000 pruebas PCR a fin de detectar la presencia del virus en la población. El 20 de abril, con un amplio dispositivo publicitario, el principal funcionario del Municipio fue a recibir el primer lote de pruebas en el Aeropuerto Mariscal Sucre, en aquel entonces, había la percepción de que el burgomaestre estaba liderado la lucha contra la pandemia.

No obstante, a las pocas semanas los medios de comunicación informaron que las pruebas no eran efectivas para detectar el virus ya que generaba falsos positivos y falsos negativos. La empresa proveedora no había entregado los equipos en el tiempo establecido en el contrato, en tanto que los reactivos caducaban a los tres meses.

La Contraloría General del Estado realizó una auditoría y estableció que había indicios de responsabilidad penal. A su vez, la Fiscalía General del Estado allanó las oficinas de la Secretaria de Salud del Municipio, la casa del burgomaestre y las oficinas de la empresa proveedora de las pruebas y dispuso el proceso de investigación previa. Las evidencias encontradas en los allanamientos determinaron que el alcalde llevara grillete electrónico en el tobillo y enfrente un juicio penal por presunto delito de peculado. Es interesante observar que la misma celeridad y medidas no se han aplicado en otras autoridades en el país, así mismo es interesante ver la incidencia de Grupos Económicos en el proceso judicial y presión para que esto tenga lugar.

Luego, fueron filtrados los chats del hijo de Jorge Yunda a los medios de comunicación, donde se evidencia que participó como intermediario en la adquisición de las pruebas PCR, procedentes de Corea del Sur, se reunía en el despacho de la Alcaldía, discutía nombramientos, verificaba hojas de vida, analizaba la asignación de rutas de buses, habría influido en el nombramiento de varios funcionarios, incluida la gerente general del Metro de Quito (Primicias, 2021).

En los chats, a la sombra de su padre, el precoz CEO de los negocios, ofrece gestionar a un intermediario chino los terrenos municipales cerca del Museo Guayasamín para poner un hotel, establecer el negocio de las electrolineras para autos y buses que se prevé que se van adquirir, cabildea la posible construcción de un nuevo estadio en la Mitad del Mundo, una de las ofertas de la campaña del alcalde (Plan V, 2021).

Lo descrito es otro de los capítulos oscuros de los actos de corrupción que azotan a la mayoría de las instituciones públicas, en medio de los estragos que ha provocado la pandemia del COVID-19 en la población y de las condiciones lacerantes de mendicidad que se observa en calles, avenidas, plazas y espacios públicos de la capital de la República. Las dos últimas administraciones de la alcaldía de Quito han coadyuvado al sistemático deterioro económico y social.

Estancamiento económico y crecimiento exponencial del desempleo y subempleo

La gestión política de los gobiernos nacionales determina el comportamiento de la economía. Sin embargo, también influyen la gestión de los alcaldes en la evolución del aparato productivo a nivel local y, por ende, nacional. Una buena gestión de un alcalde obviamente va determinar un mejor desempeño de la economía o viceversa.

En 2019, las provincias que mayor aportan a la generación del Valor Agregado Bruto (VAB) a nivel nacional corresponden: Guayas con un VAB de 28.050 millones, a continuación, Pichincha 27.025 millones, Manabí 5.829 millones y Azuay USD 5.414 millones. Las 4 provincias en conjunto aportan con el 65,7% al VAB nacional (Ver cuadro N° 1).

En 2017, el VAB de Pichincha era mayor que el de Guayas, 26.406 millones frente a 25.815 millones, respectivamente, pero, en 2019, la provincia del Puerto Principal supera con más de USD 1.000 millones.

La participación de las capitales de provincias son las que mayor contribuyen a la generación del VAB. En 2019, la participación del cantón Quito al VAB de la provincia de Pichincha era equivalente al 92,6% y Guayaquil contribuía con el 79,1%.

El VAB del cantón Quito pasó de 14.783 millones en 2010 a USD 25.032 millones en 2019, registrando, en este periodo, un crecimiento de 69,32%. Las actividades que mayor aportan a la generación del VAB son: actividades profesionales e inmobiliarias 5.734 millones, seguido de manufactura 4.463 millones y administración pública USD 3.152 millones (Ver cuadro N° 2).

El VAB del cantón Guayaquil subió de 12.755 millones en 2010 a USD 22.201 millones en 2019, que representa una tasa de crecimiento de 74,1%. Las actividades que mayor contribuyen a la generación del VAB son: manufactura 4.507 millones, a continuación, construcción 3.201 millones y actividades profesionales e inmobiliarias USD 3.197 millones (Ibídem).

La principal actividad del cantón Guayaquil es la manufactura, esto es, una actividad productiva, mientras que en la ciudad de Quito corresponde actividades profesionales e inmobiliarias que pertenecen al sector servicios.

En 2019, el VAB de la ciudad de Quito supera a la de Guayaquil en USD 2.831 millones, en gran medida se debe al aporte de la administración pública: 3.152 millones frente a USD 1.277 millones del Puerto Principal. Entre 2010 y 2019, la administración pública en Quito registró un crecimiento de 159,4% y la de Guayaquil fue de 58,1%.

Ecuador, desde 2015 registra estancamiento económico y la invasión de la pandemia del coronavirus causó el desplome de aparato productivo nacional. Según la CEPAL, en 2020, el País registró una de las tasas más altas de contracción económica en el contexto de América Latina, -9,0% (CEPAL, 2020).

La inédita recesión del aparato productivo deterioró a las economías de los cantones Quito y Guayaquil. Seguramente con mayor intensidad a la capital de la República por las polémicas administraciones de los burgomaestres. Según el INEC, a marzo de 2021, Quito registra una tasa de desempleo de 13,5% de la Población Económicamente Activa (PEA) y empleo inadecuado de 36%, mientras en Guayaquil, los mismos indicadores, fueron de 3,8% y 49,1%, respectivamente (INEC, 2021).

Elevados niveles de contaminación ambiental

La ciudad de Quito registra varios problemas crónicos que se han intensificado por el confinamiento de la población y paralización de las actividades productivas, tales como deterioro de la infraestructura vial, deficiente recolección de la basura, informalidad, contaminación visual y ambiental, delincuencia, entre otros.

Las calles y avenidas de la capital de los ecuatorianos se encuentran deterioradas, llena de huecos, si realizan actividades de bacheo, pero en poco tiempo vuelve aparecer los “cráteres”. En los noticieros de la comunidad los pobladores reclaman todos los días por las pésimas condiciones de las vías que su mayor parte no tienen señalización.

Las administraciones de la capital de la República no han podido planificar adecuadamente el transporte público de buses, taxis y busetas, ya que ha imperado los intereses de gremios de transportistas que se han constituido en un importante poder factico.

La mayoría del transporte público opera de forma tradicional. Los propietarios de buses de forma verbal contratan a los choferes a destajo, quienes hasta antes de la pandemia debía entregar alrededor de USD 210 diarios a los dueños del transporte y el resto les correspondía a los choferes, USD 40 en promedio, tenían jornadas de trabajo de 8 hasta 14 horas al día (El comercio, 2015). La mayoría de los asalariados del volante no tienen estabilidad laboral ni son afiliados el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS).

La modalidad de trabajo a destajo motiva a que los choferes no respeten las señales de tránsito, emprendan carreras entre buses y paren en cualquier lugar de las vías para recoger un mayor número de pasajeros. Algo similar sucede con el servicio de taxis, ni que decir de los conductores de motocicletas y ciclistas que entregan productos alimenticios en domicilios, para ellos no existen Leyes de Protección, ni Reglamento de Tránsito, pero sí ganancias a las plataformas que los precarizan.

Las autoridades municipales durante varios años congelaron las tarifas del transporte público, lo que impidió la renovación del parque automotor que en su mayor parte es obsoleto por lo que generan gran cantidad de gases contaminantes, especialmente los vehículos que utilizan diésel. La mayoría de propietarios de buses, busetas, camiones, renuevan sus matrículas en otros cantones, donde no tienen los equipos necesarios para la revisión vehicular o simplemente lo realizan visualmente que derivan en coimas.

Los gases contaminantes que emanan buses, articulados, busetas, camiones dejan impregnado de hollín calles, avenidas, fachadas de casas y edificios, pasos a desnivel que no solo deterioran la imagen de la ciudad, sino que, sobre todo, afectan a la salud de la población.

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS):

  “La contaminación atmosférica urbana aumenta el riesgo de padecer enfermedades respiratorias agudas, como la neumonía, y crónicas, como el cáncer del pulmón y las enfermedades cardiovasculares… Los efectos más graves se producen en las personas que ya están enfermas. Además, los grupos más vulnerables, como los niños, los ancianos y las familias de pocos ingresos y con un acceso limitado a la asistencia médica…” (OMS, 2021).

A pesar de los efectos letales que provoca la contaminación ambiental en la salud de las personas, en los últimos decenios, las autoridades ambientales y de salud, locales y nacionales, prácticamente no ha hecho nada para mitigar este gran problema. El actual burgomaestre seguramente seguirá con la misma política de sus antecesores de “dejar hacer, dejar pasar”.

La deprimente contaminación visual

A excepción de ciertos sectores como La Carolina, en Quito cada día empleados de operadoras de televisión por cable, internet, celulares y distribución de energía eléctrica, en calles, avenidas y espacios públicos instalan los llamados “tallarines de cables” que deprimen la imagen del Patrimonio Cultural de La Humanidad.  

Los tallarines de cables que instalan las empresas nacionales y extranjeras -CNT, TV Cable, Claro, Movistar, Directv, Netlife- significan contaminación visual, lo que evidencia que únicamente les interesa obtener la mayor rentabilidad, pero en detrimento de la imagen de la capital de los ecuatorianos.

Algunos habitantes de la ciudad se han quejado en medios de comunicación de la forma como dejan colgados los cables en las vías públicas porque representan un peligro para los ciudadanos. Funcionarios del Municipio de Quito atribuyen a la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones (ARCOTEL) y al supuesto vacío de la Ley.

La Ley Orgánica de Telecomunicaciones establece varios incentivos para las operadoras privadas de telecomunicaciones como el uso compartido de la infraestructura de las empresas públicas.

El Art. 104 de la Ley de Telecomunicaciones titulado “Uso y ocupación de Bienes y Dominio Público”, dispone:


  … los gobiernos autónomos descentralizados… deberán contemplar las necesidades de uso y ocupación de bienes de dominio público que establezca la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones … deberán coordinar con dicha Agencia las acciones necesarias para garantizar el tendido e instalación de redes que soporten servicios de telecomunicaciones en un medio ambiente sano, libre de contaminación y protegiendo el patrimonio tanto natural como cultural.

El alcalde Jorge Yunda en la campaña electoral ofreció y ratificó una vez que se posesionó en el cargo hacer un Disney quiteño y “Atraer a cuatro millones de visitantes al año … y que Quito tenga una vida nocturna segura, una modernidad en que haya buen transporte público” (El Telégrafo, 2019). Con los altos niveles de contaminación ambiental y visual en el Distrito Metropolitano de Quito será una quimera más que puedan llegar ese número de turistas al año.

Desde tiempo atrás, la ciudad de Quito registraba altos niveles de informalidad. Las ventas en puestos fijos y ambulantes ofertan diversos productos, como alimentos, accesorios de vehículos, ropa, cigarrillos, y los estragos de la pandemia provocó el crecimiento exponencial de la informalidad. En no pocos casos, vendedores que ofertaban sus productos en mercados se desplazaron a las calles porque hay una mayor demanda y la informalidad también sirve como pantalla para las actividades ilícitas.

La reactivación de la economía en el DM de Quito, la reducción de la contaminación ambiental y visual y la reubicación de las actividades informales han sido los grandes retos de los burgomaestres que no han podido lograrlos en los últimos años.  El alcalde Jorge Yunda ha sido llamado a juicio por presunto peculado, lo que le impediría cumplir con sus ofertas de campaña electoral. Tampoco las élites empresariales que cooptaron el poder del Estado en el “Gobierno del todos” contribuyeron a superar los problemas crónicos de la capital de los ecuatorianos.

Bibliografía:


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