CUATRO MOTORES PARA EMPUJAR LA REACTIVACIÓN DE LA ECONOMÍA

Frente al deterioro de la economía el jefe de la Función Ejecutiva acudió al Fondo Monetario Internacional (FMI) para solicitar un crédito en el marco del Servicio Ampliado (EFF, por sus siglas en inglés) por un monto de USD 4.200 millones para oxigenar la economía. El Estado se comprometía a establecer un drástico programa de ajuste que incluía la eliminación de los subsidios a los combustibles. De los recursos aprobados por el organismo multilateral solo recibió USD 1.400 millones.

La invasión de la pandemia del COVI-19, a partir de marzo de 2020, provocó el confinamiento de la población y consecuentemente la paralización de las actividades productivas, hechos que agudizó el deterioro de la economía que lo puso en terapia intensiva y creció en forma exponencial los niveles de desempleo, subempleo y pobreza, agudizándose la desigualdad social (Báez, 2019). 

El Gobierno Nacional solicitó nuevamente financiamiento de emergencia al FMI para mitigar los impactos de la pandemia en la salud, población y empresas de acuerdo al Instrumento de Financiamiento Rápido (RFI, por sus siglas en inglés), el cual fue aprobado por el directorio por un monto de USD 643 millones, 2 de mayo de 2020 (FMI, 2020).

El “Gobierno de todos”, en septiembre, otra vez golpeó las puertas del FMI a fin de conseguir nuevas líneas de financiamiento para el pago de sueldos y salarios de los servidores del sector público, proveedores del Estado, IESS, GADS, entre otros. El organismo multilateral, en el marco del programa de Servicio Ampliado (SAF), aprobó ampliar el crédito de 4.200 millones hasta USD 6.500 millones que tendrá una duración de 27 meses, de los cuales 4.000 millones recibiría en 2020, 1.500 millones en 2021 y USD 1.000 millones en 2022.

El Estado se compromete a reducir el déficit fiscal, a través de la deducción del gasto público e incremento del IVA de 12 a 15%, continuar con las denominas reformas estructurales, fortalecer la sostenibilidad fiscal que estará anclada al tope de la deuda del 57% del PIB para finales de 2025, así como realizar reformas para promover la autonomía del Banco Central del Ecuador (FMI, 2020).

Según las proyecciones de la CEPAL, diciembre de 2020, en el contexto de América Latina, Ecuador se encuentra entre los seis países más golpeados por la pandemia del coronavirus. En Venezuela se prevé una recesión de 30,0%, Perú 12,9%, Panamá 11,0%, Argentina 10,5%, México y Ecuador con 9,0%, frente a la caída de la región de 7,7% (CEPAL, 2020).

La recesión de la economía nacional es más dramática que la registrada en la crisis financiera de 1999 que fue de 6,3%. Durante la pandemia del coronavirus no hay ninguna opción de que ecuatorianos puedan migrar al exterior.

En la crisis financiera, el gobierno de Jamil Mahuad decretó el feriado bancario, la congelación de los depósitos en el sistema financiero durante un año, la defunción de la moneda nacional, el sucre, y lo reemplazó por el dólar norteamericano, políticas que generaron la mayor migración de ecuatorianos al exterior en la historia del país y con las remesas contribuyeron a casar a flote la economía nacional.

2. La recuperación de la economía podría tardar varios años

Desde el Palacio de Carondelet se viene anunciado que determinados sectores de la economía empiezan a reactivarse, que las exportaciones de determinados productos han crecido en 2020 comparados con el año anterior. Sin embargo, habría que esperar si en el mes de diciembre, por los feriados, no se produzca la segunda ola del COVI-19 y, si eso sucede, se puede volver a las cuarentenas de la población y, por tanto, la paralización de las actividades económicas, como ha ocurrido en varios países de Europa y Estados Unidos.

La reactivación de la economía se alcanzaría luego varios años como consecuencia del crecimiento exponencial del desempleo y el subempleo que alcanza al 70% de la Población Económicamente Activa (PEA), lo cual significa una contracción drástica de la demanda agregada, esto es, amplios segmentos de la población dejan de consumir bienes y servicios, hecho que a su vez afecta a las empresas que las producen.

En la mayoría de países de Europa, China, Estados Unidos, Japón y en general en América Latina la pandemia del coronavirus generó distintos niveles de recesión de económica y, por consiguiente, la contracción de sus niveles de consumo, por lo que afecta a las exportaciones de materias primas que realizan los sectores productivos nacionales.

Tradicionalmente el principal producto de exportación de Ecuador ha sido el petróleo. La menor demanda en los mercados internacionales causó el desplome de los precios que generó un drástico aumento del déficit fiscal, más del 8% del PIB.

Los precios seguirán bajos durante varios años porque países como Japón ha decidido poner como fecha límite el año 2030 la venta de autos en base a combustible fósiles. De igual manera, a partir de la misma fecha, Reino Unido decidió prohibir la venta de coches de gasolina y diésel. El estado de California, Estados Unidos, y los estados de Quebec y British Columbia, Canadá, también declararon que prohibirán la venta de autos de combustión. La empresa nipona Honda ha anunciado que a partir de 2022 va a fabricar únicamente autos híbridos y eléctricos

La empresa norteamericana Tesla Motors, mediante la automatización de los procesos productivos, ha empezado a fabricar autos eléctricos en forma masiva, con megas factorías en California, Alemania y Shanghái. BMW, filial de la empresa alemana Volkswagen, ha anunciado que trasladará la fabricación de motores de combustión a sus plantas en Reino Unido y Austria, reconvirtiendo sus factorías para la producción de vehículos eléctricos (FCE, 2020).

La nueva normativa denominada Euro 7, que está por aprobarse, prevé reducir drásticamente la emisión de gases contaminantes que causan diversas enfermedades y decenas de miles de muertes cada año en la Unión Europea, por lo que de entrar en vigencia en los hechos dejarían de circular los vehículos de combustión interna en 2025 (Autocasión, 2020).

Las políticas ambientales van a promover el uso de vehículos eléctricos no solo en Europa sino también en Estados Unidos, Canadá, Japón, Reino Unido, entre otros, lo que provocará una reducción del consumo de combustibles fósiles y, por tanto, se mantendrán bajos los precios del llamado “oro negro”.

En los últimos 40 años, el crecimiento de la economía nacional se basó en la explotación de petróleo que sirvió para el consumo interno y también para la exportación, generando importantes ingresos económicos para el Estado que, a su vez, los suministró a los distintos sectores del aparato productivo.

En Ecuador, las élites políticas promovieron el modelo de “libre mercado”, que tiene como fin supremo alcanzar la mayor rentabilidad, no han hecho nada para reducir la emisión de gases contaminantes que generan el transporte vehicular y las diversas empresas manufactureras que afecta a la salud de la población y deterioran el medio ambiente.

3. Propuestas para potenciar la reactivación de la economía

Frente a la inercia de las élites políticas de promover un proceso de cambio, es necesario establecer una nueva política económica orientada a diversificar la producción y exportación de bienes y servicios, fomentar la investigación y desarrollo, canalizar recursos financieros a los sectores productivos, reducir sustancialmente la contaminación ambiental y visual, promover leyes destinadas a erradicar la corrupción que se ha vuelto un lastre para el crecimiento sustentable de la economía.

En condiciones de una inédita recesión económica en la historia del país, con dramáticos niveles de desempleo, subempleo y pobreza, se propone algunas medidas que se consideran indispensables en la línea de potenciar los motores que podrían dinamizar la economía en el corto y mediano plazo.

Bajo el objetivo estratégico nacional de impulsar un proceso de cambio se requiere una nueva política económica y superar el umbral de la mediocridad, así como conformar un equipo de alto nivel profesional, con valores éticos y morales que dejen huella a través de los años.

• Política de cero tolerancia contra la corrupción

El país no podrá salir de la devastación económica si se mantiene la impunidad en contra de la corrupción que, si se hubiera invertido eficientemente, hoy en día, estarían funcionando ocho nuevas centrales hidroeléctricas y una nueva mega refinería. Las leyes vigentes son laxas y benévolas para las personas que han cometido actos de corrupción, por lo que se ha generalizado en casi todas las instituciones y organismos públicos.

En varios países en desarrollo y economías avanzadas las penas establecidas en sus legislaciones son drásticas e incluso incluyen la pena capital. En Singapur pueden recibir la pena capital quienes han cometido actos de corrupción y ocasionen la muerte de otra persona. Además, los que roben los presupuestos destinados a hospitales, escuelas públicas o ayuda alimenticia para los pobres (El tiempo, 2019). Singapur, que en los años 70 tenía indicadores económicos y sociales similares a Ecuador, actualmente es un estado altamente desarrollado.

En China, la segunda mayor economía del mundo, la pena de muerte se castiga aquellos líderes corruptos que malversen o reciban sobornos superiores a USD 460.000. En caso que el acusado coopere en la investigación, la pena podría suspenderse durante dos años, lo que significa su conmutación por cadena perpetua (RTV, 2016). La pena capital también se aplica para las personas que introducen drogas como la cocaína que supere los 50 gramos.

El 12 de enero de 1824, el general Simón Bolívar presidente de la Gran Colombia, de la cual formaba parte el territorio de Ecuador, en base a los considerandos que “…una de las principales causas de los desastres en que se visto envuelta la República, ha sido la escandalosa dilapidación de sus fondos, por algunos funcionarios que han invertido en ellos”; y “…que el único medio de extirpar radicalmente este desorden, es dictar medidas fuertes y extraordinarias…” El libertador decretó:

“Artículo 1°- Todo funcionario público a quien se le convenciere en juicio sumario de haber malversado o tomado para sí de los fondos públicos de 10 pesos arriba, queda sujeto a la pena capital”.

“Artículo 2°- Los jueces a quienes, según la ley, compete este juicio, que en su caso no procedieren conforme a este decreto, serán condenados a la misma pena.”

Sin ir al extremo, frente a la endémica corrupción en la que se encuentra sumergida el país, se debe duplicar las penas establecidas en la legislación vigente, deberían ser acumulativas en función de los delitos cometidos. Sin embargo, no se trata únicamente de reformar las leyes, lo más importante es su aplicación al pie de la letra. En esta dirección, las funciones de fiscalización y administración de justicia deben garantizar su aplicación, caso contrario los funcionarios deberían ser sometidos a procesos judiciales.

• Recabar recursos económicos

Seguramente las élites empresariales argumentarán que no existen recursos monetarios para incentivar las actividades productivas, pero si hay la voluntad política de las autoridades del Estado y seccionales se podría incrementar sustancialmente con la contribución de los estratos de ingresos altos de la sociedad que, por lo general, tienen recursos depositados en paraísos fiscales. Países como Argentina, Bolivia, España, Rusia han empezado a aplicar impuestos más elevados a personas con grandes patrimonios.

Según datos del SRI, con corte al 21 de diciembre de 2020, los listados de 500 contribuyentes con deudas firmes a nivel nacional ascienden 1.630 millones y de los 500 contribuyentes con deudas impugnadas se ubica en 1.421 millones que, en conjunto, suman más de USD 3.050 millones (SRI, 2020). 

Sin duda, entre los deudores habrá pequeñas y medianas empresas, pero se debería priorizar la ejecución de cobros especialmente a las personas de ingresos altos que son los mayores deudores del Estado, aplicando las disposiciones legales que contemplan el Código Orgánico Tributario y el Código Orgánico Integral Penal.

La mora patronal con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) asciende a más de USD 1.650 millones, el 80,5% de las obligaciones pendientes corresponde a los aportes que las empresas deben hacer por sus trabajadores, por lo que hay que aplicar las disposiciones legales vigentes para hacer efectiva su ejecución. Se debe denunciar a la Fiscalía General del Estado porque está penado en el Código Orgánico Integral Penal e iniciar procesos de coactivas, entre otras acciones.

Los organismos del Estado tienen que ser eficientes para evitar la subfacturación en las importaciones de bienes que se realizan a través de las aduanas como reiteradamente han denunciado dirigentes de gremios empresariales. En la misma línea, se debe reducir drásticamente el contrabando de combustibles hacia el exterior que perjudica a los ingresos fiscales.

En el ámbito seccional, se requiere que las autoridades de los GADS tengan la voluntad política para aplicar las disposiciones contempladas en el Código Orgánico Ambiental que establece multas para las personas que arrojan basura y materiales de construcción en calles, avenidas, plazas y en general en espacios públicos, así como a los conductores de vehículos que emanan gases tóxicos más allá de los estándares permitidos y reiteradamente infringen la Ley de Transporte Terrestre.

Los GADS tienen la facultad para revisar periódicamente los impuestos prediales, tanto a nivel urbano como rural. En sectores de alta plusvalía, propietarios de viviendas pagan impuestos prediales en montos que no tienen relación con el tipo de construcción de viviendas y tamaño de los predios. Los GADS no pueden seguir dependiendo exclusivamente de los ingresos del Estado. En las grandes ciudades tienen cientos de activos improductivos, tales como casas, terrenos, edificios, que se pueden subastar para generar ingresos extraordinarios.

Instituciones públicas como el IESS tiene centenares de activos improductivos que se podrían subastar para fortalecer sus ingresos, lo que ayudaría a reactivar la economía nacional, obviamente los procesos tendrían que ser totalmente transparentes para evitar actos de corrupción. Si se hace en forma transparente podría interesar no solo al capital nacional sino también al internacional.

El país todavía tiene un margen para solicitar créditos ante organismos financieros internacionales, ya que registra una deuda pública equivalente al 62% del PIB y hay países en el contexto de América Latina con indicadores mucho mayores, Argentina, Brasil, Uruguay, México, Colombia, entre otros. Los recursos podrían destinarse exclusivamente para proyectos de infraestructura como centrales hidroeléctricas que actualmente están suspendidas, construcción de una nueva Refinería, edificaciones educativas, donde se demanda gran cantidad de mano de obra.

• En las empresas estratégicas del Estado se debería aplicar la misma modalidad que se empleó con el Banco del Pacífico

El Estado es propietario de varias empresas públicas que se han constituido a lo largo de los años. Entre las empresas más importantes se encuentran Petroecuador, Petroamazonas, Corporación Nacional de Telecomunicaciones (CNT), Banco Pacífico, Corporación Nacional de Electricidad (CNEL), Corporación Eléctrica del Ecuador (CELEC), así como las hidroeléctricas Coca Codo Sinclair, la más grandes del país, Sopladora, entre otras.

Los GADS también registran decenas de empresas públicas como las de generación y distribución de energía eléctrica. Los ingresos de las empresas estatales se estima que en 2019 contribuían con más del 10% a la generación del PIB.

Según el responsable de las Finanzas Públicas del BID en Ecuador, Ubaldo González, las empresas públicas manejan recursos que equivalen al 9,2% del PIB, unos USD 9.876 millones; son responsables del 48% del Presupuesto General del Estado, USD 17.039 millones; el patrimonio representa el equivalente al 34% del PIB, 36.499 millones (Primicias, 2020).

En el transcurso de los años las empresas públicas han estado envueltas en diversos tipos de problemas tales como deficientes gestiones administrativas por el reparto político de cargos públicos, duplicación de funciones, ausencia de estados financieros auditados, crónica corrupción, inexistencia y/o rendición de cuentas desactualizadas e incompletas, hechos que han derivado en que la mayoría de las empresas generen pérdidas, convirtiéndose en un verdadero lastre para las finanzas públicas.

Por lo descrito, se debería delegar exclusivamente la administración de las empresas estratégicas del Estado, que han registrado pérdidas en los últimos años, a compañías especializadas extranjeras con el objetivo de que se vuelvan eficaces, eficientes y generen utilidades que contribuyan a los ingresos del sector público. Se debería aplicar la misma modalidad que se utilizó en el Banco del Pacífico cuando se delegó a un grupo de profesionales extranjeros para su administración, actualmente es una de las pocas empresas públicas que genera utilidades.

Las pequeñas y medianas empresas públicas debería subastarse hasta el 49% de las acciones y pasar su administración al sector privado, donde puedan participar personas naturales y jurídicas, nacionales y extranjeras. El proceso debería ser transparente y confiable.

Cuba se ha visto obligada a flexibilizar su legislación para promover el ingreso de capitales extranjeros derivado de los efectos de la pandemia y del endurecimiento del embargo económico de la administración de Donald Trump. Según el ministro de Comercio Exterior y la Inversión Extranjera, Rodrigo Malmierca: “En el turismo, la biotecnología, la industria farmacéutica y en comercio mayorista, los proyectos (de empresas mixtas) pueden tener una participación equitativa o incluso minoritaria para la parte cubana” (DW, 2020).

Cuba, de noviembre de 2019 al mismo mes de 2020, aprobó nuevos proyectos de negocios por un monto de inversión de USD 1.885 millones mientras que en Ecuador en 2020 la inversión extranjera directa únicamente alcanzó a USD 330 millones (CEPAL, 2020).

4. Fomentar el turismo

Reiteradamente se ha considerado que Ecuador tiene recursos naturales para potenciar el desarrollo del turismo por su biodiversidad, variedad de climas, hidrografía, cultura, playas, gastronomía, edificaciones históricas de la época colonial y republicana, Islas Galápagos, entre otros.

Sin embargo, no se han ejecutado políticas de estado para incentivar el turismo a largo plazo que representa únicamente el 2,3% del PIB. Al contrario, en el transcurso de los años, ha imperado la política de “dejar hacer, dejar pasar” que ha significado que el comercio informal se haya tomado calles, avenidas, plazas y en general espacios públicos, evidenciando la falta de planificación y desorganización de las ciudades.

El caótico transporte vehicular genera gran cantidad de gases contaminantes que afecta a la salud de la población y causan miles de muertes cada año, cuyos conductores infringen permanentemente la Ley Orgánica de Transporte Terrestre.

De 221 municipios, únicamente 40 han cumplido con la normativa técnica de la Agencia Nacional de Transito de establecer centros de revisión técnica vehicular, lo que implica que la mayoría absoluta de vehículos que circulan en el país emanan gases contaminantes más allá de los estándares permitidos, que son mínimos con relación a los que rigen en países desarrollados.

La política “dejar hacer, dejar pasar” también ha significado que las empresas operadoras de televisión por cable, internet, telefonía fija, energía eléctrica, sigan instalando cables en forma deprimente, tallarines de cables, que contribuyen a deteriorar la imagen de las ciudades, ante la mirada indiferente de las autoridades ambientales, a nivel nacional y seccional.

La falta de una infraestructura adecuada, como vías deterioradas, deficiente iluminación, parques sin adecuados mantenimientos, espacios públicos llenos de grafíes y deficiente recolección de basura, así como el incremento de robos, asaltos, narcotráfico con todas sus secuelas, constituyen factores no incentivan el ingreso de turistas del exterior que son los que generan ingresos para el país.

El Estado destina alrededor de USD 1.000 millones anuales que reciben más de un millón de ciudadanos, mediante diversos tipos de bonos, una parte, de esos subsidios debería entregarse exclusivamente a personas con discapacidad y de la tercera edad y, la otra parte, debería destinarse a proyectos productivos como planes de reforestación, mantenimiento de parques, adecentamiento de viviendas, donde deberían trabajar los beneficiarios de los bonos.

La política de bonos fue promocionada por organismos multilaterales y se inauguró en el gobierno de Jamil Mahuad, tiene como objetivo mitigar los conflictos sociales y ha sido utilizado políticamente por los gobiernos de turno, lo que ha deteriorado la cultura del trabajo.

En la Capital de la República se debería restringir el comercio informal en sectores donde haya afluencia de turistas como el Centro Histórico declarado por la UNESCO Patrimonio Cultural de la Humanidad y crear una infraestructura adecuada con servicios básicos para las actividades informales en lugares apropiados. En ciertos sectores de la ciudad hay edificios de primer mundo, pero rodeados de tallarines de cables de cuarto mundo. Amén, de los elevados niveles de contaminación ambiental. En estos aspectos, la Capital ha retrocedido unos 20 años.

En pequeñas ciudades de Italia, España, Grecia, hay gran afluencia de turistas porque mantienen las ciudades limpias, viviendas bien adecentadas, preservan sus edificaciones históricas, buena gastronomía, ofertan artesanías, hay mayor seguridad. Por tanto, habría que tomar como puntos de referencia para fomentar el turismo en el país.