Cuatro claves del desplome de la economía y el drama de la pobreza

Isaías Campaña C.

  • El pensamiento de las élites económicas, empresariales y políticas siguen ancladas en el pasado

Se considera élites a grupos minoritarios de la población que ocupan el estrato superior de la sociedad porque gozan de privilegios por su patrimonio, conocimientos, prestigio, habilidades y son capaces de influir en la gestión del Estado, comunidad o institución. Las élites pueden ser económicas, empresariales, financieras, políticas, científicas, intelectuales, culturales o deportivas.

En Ecuador, las élites empresariales, financieras y políticas no han desarrollado una visión de país, un proyecto nacional, objetivos estratégicos, que promuevan el crecimiento sostenido de la economía a largo plazo. En los últimos decenios, se convirtieron en fervientes devotos del modelo económico de “libre mercado”, ya que consideran que la “mano invisible” funciona “eficientemente” en la asignación de recursos. El modelo estima al sector privado como el “motor de la economía” y relega al Estado a prestar servicios básicos de seguridad, justicia y educación.

Las élites en el poder del Estado reiteradamente han tocado las puertas de los organismos financieros internacionales para acceder a endeudamiento público y validar sus propuestas económicas y financieras. Los sucesivos gobiernos de corte neoliberal firmaron 21 cartas de intención con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y se comprometieron a reducir el peso del Estado en la economía, a través de políticas de ajuste, estabilización y las llamadas reformas estructurales.

Las políticas neoliberales impuestas por el FMI significaron sistemáticas reducciones de las inversiones públicas, flexibilización laboral, desregulación del sistema financiero y comercial, privatizaciones, periódicos incrementos de precios de los combustibles y gas de uso doméstico, aumento de tarifas de servicios básicos como energía eléctrica y telefonía.

A partir de 1981, el modelo de “libre mercado” que ejecutaron los sucesivos gobiernos que se alternaron en el poder provocó el estancamiento de la economía, recesión, crisis financiera. Ecuador se quedó rezagado en el ámbito económico con respecto a otros países de América Latina. En 2019, mientras Ecuador registraba un PIB per cápita, a precios constantes, de USD 5.097, el mismo indicador en Chile alcanzaba USD 15.091, Panamá USD 11.910, Colombia USD 7.842, entre otros (BM, 2020).

El paradigma de la “libertad económica” promovida por la élites empresariales y políticas generó una creciente desigualdad social, por un lado, los grupos económicos concentraron mayor riqueza y, por otro, se incrementaron sustancialmente los niveles de pobreza y extrema pobreza.

A raíz de la caída de los precios del petróleo en los mercados internacionales, en 2015, el país venía arrastrando altos niveles de desempleo e informalidad, pero la pandemia del coronavirus hundió completamente a la economía y consecuentemente al mercado laboral.

El Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC), a través de llamadas telefónicas, realizó encuestas referentes al mercado laboral, en los meses de mayo y junio de 2020, cuyos principales resultados son los siguientes:

El empleo adecuado cayó de 3,2 millones en septiembre de 2019 a 1,2 millones de personas a junio de 2020, es decir, 2 millones de ciudadanos fueron a engrosar las filas del desempleo o subempleo. El desempleo se disparó de 406 mil a más de 1 millón de personas, equivalente al 13,3% de la Población Económicamente Activa (PEA). El subempleo creció de 1,6 millones a 2,6 millones de personas, representa el 34,2% de la PEA. El empleo inadecuado asciende a 5,3 millones de ciudadanos, 70% de la PEA (INEC, 2020).  

En los últimos cuarenta años, los conflictos sociales generaron inestabilidad política y social. Doce de catorce administraciones del estado ejecutaron políticas liberales orientadas a reducir el tamaño del Estado en la economía. Abdalá Bucaram, Jamil Mahuad y Lucio Gutiérrez fueron cesados en sus funciones por ejecutar políticas de austeridad fiscal y reformas estructurales y si no hubiese sido por la pandemia del coronavirus, seguramente también habría sido reemplazado el jefe del “Gobierno de todos”.

Las élites no han evolucionado su pensamiento económico, empresarial y político. En el ámbito empresarial, no han realizado actividades de investigación y desarrollo, no han innovado los procesos productivos, no han conseguido diversificar la producción, no han logrado colocar nuevos productos en los mercados internacionales. Se han limitado a producir y exportar productos primarios, sin generar mayor valor agregado, lo que ha provocado una desindustrialización del aparato productivo.

En un mundo globalizado, con el acelerado desarrollo de la ciencia y la tecnología, el conocimiento constituye el factor clave de la producción moderna de bienes y servicios. Los países de economías avanzadas se encuentran en diversas fases de la “Cuarta Revolución Industrial” basada en la robótica, inteligencia artificial, nanotecnología, nuevos materiales y fuentes de energía, comunicaciones con tecnología 5G, entre otras. No obstante, el pensamiento de las élites nacionales sigue anclado en el pasado.

En el Foro Económico Mundial (WEF, por sus siglas en inglés), realizado en Davos-Suiza 2020, que reúne a las élites empresariales a nivel mundial, autoridades gubernamentales, connotados analistas económicos y políticos, propone a los gobiernos que promuevan una mayor movilidad social con el objeto de reducir las desigualdades sociales (WEF, 2020).

Es un sofisma que en el modelo de “libre mercado” todos los ciudadanos tienen las mismas oportunidades de progresar, cuando en los hechos la pobreza se reproduce constantemente, al igual que la riqueza se reproduce por medio de las herencias (Piketty, 2014).

El WEF, para mitigar las desigualdades sociales, incentiva la progresividad fiscal -que paguen los que más tienen-, disminuir la concentración de la riqueza, estimular el gasto social con fondos públicos, aumentar el apoyo a la educación y el aprendizaje a lo largo de la vida -con financiamiento público y privado-, una mayor protección social de los trabajadores y pagar salarios justos (Ibídem).

El Papa Francisco en su última Carta Encíclica, sobre la Fraternidad y la Amistad Social, 4 de octubre de 2020, afirma:

El mercado solo no resuelve todo, aunque otra vez nos quieran hacer creer este dogma de fe neoliberal. Se trata de un pensamiento pobre, repetitivo, que propone siempre las mismas recetas frente a cualquier desafío que se presente. El neoliberalismo se reproduce a sí mismo sin más, acudiendo al mágico “derrame” o “goteo” (…) como único camino para resolver los problemas sociales (…) Por una parte, es imperiosa una política económica activa orientada a promover una economía que favorezca la diversidad productiva y la creatividad empresarial, para que sea posible acrecentar los puestos de trabajo en lugar de reducirlos.

  • La eterna deuda pública

Todos los estados, en desarrollo o economías avanzadas, tienen deudas tanto internas como externas que si se destinan a actividades productivas pueden contribuir al crecimiento de sus economías y, por tanto, tienen capacidad para cumplir con sus obligaciones financieras.

El endeudamiento es importante para apalancar el desarrollo productivo, pero si se destina permanentemente a gasto corriente como el pago de amortizaciones e intereses, sueldos y salarios, proyectos con sobreprecios o mal construidos, a lo largo plazo puede ser perjudicial para un país.

Los sucesivos gobiernos que llegaron a Carondelet reiteradamente golpearon las puertas de los organismos financieros internacionales en busca de financiamiento, a condición de establecer políticas neoliberales.

La deuda externa acumulada en 1979 era de USD 4.637 millones, en 1989 sube a USD 11.376 millones, en 1999 trepa a USD 19.102 millones y en 2006 su ubica en USD 20.387 millones. Los porcentajes más altos de la relación deuda-PIB alcanzaron en los años 1999 y 2000, que representaban 104,2 y 100,4% del PIB, respectivamente (BM,2020).

En aquellos años administraba el poder del Estado Jamil Mahuad auspiciado por el partido de la Democracia Popular (DP). Al mes su gestión, en consonancia con las exigencias del FMI, devaluó el sucre en un 15%, incrementó las tarifas eléctricas, aumentó el precio de la gasolina en un 71% y el gas de uso doméstico en más de 300% el cilindro.

En 1999 estalló la “burbuja financiera”, miles de clientes hacían largas colas en los bancos para tratar de sacar sus depósitos. Mahuad decretó el congelamiento de los depósitos en el sistema financiero durante un año y dispuso nuevamente el incremento de los precios de los servicios básicos.

En enero de 2000 decretó la dolarización de la economía y el anclaje de la cotización del dólar en 25.000 sucres. La crisis financiera y las drásticas medidas económicas adoptadas provocaron movilizaciones, protestas, paros de las organizaciones sindicales y movimientos indígenas en varias ciudades del país que derivaron en la cesación de funciones del presidente Mahuad por parte del Congreso Nacional.

En los dos mandatos del gobierno de Rafael Correa, que coincidió con el “boom petrolero” y generó ingentes ingresos para el Estado, se realizaron importantes obras de infraestructura como carreteras, puentes, aeropuertos, hidroeléctricas, proyectos multipropósitos, construcciones para los sectores de la salud, educación, judicial. Se planteó como objetivo nacional el cambio de la matriz productiva, pero en los hechos se limitó a la matriz energética.

No obstante, el importante flujo de recursos por las exportaciones de petróleo, el Primer Mandatario acudió sistemáticamente al endeudamiento externo, ya sea ante instituciones financieras internacionales, gobiernos, emisión de bonos en el mercado nacional y mercados internacionales, preventas petroleras, así como al endeudamiento interno, con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) y Banco Central del Ecuador.

En las dos administraciones del Gobierno de la “revolución ciudadana”, 2007-2016, la deuda externa acumulada subió de 10.632 millones en 2007 a USD 25.679 millones en 2016, que representaban el 20,8 y 25,7% del PIB, respectivamente.

El 24 de mayo de 2017, Lenin Moreno, de la mano de Rafael Correa, llegó al Palacio de Carondelet. A las pocas semanas de iniciar el mandato, en un acto de contrición dio un giro radical en la ejecución de la política económica y comercial ante el desconcierto de quienes votaron por el candidato que enarboló el programa del movimiento de la “revolución ciudadana”.

En 2019 y 2020, el Primer Mandatario suscribió dos cartas de intención con el FMI para conseguir líneas de financiamiento, a cambio el Gobierno se comprometió a eliminar los subsidios de los combustibles, reducir la masa salarial, concesionar las empresas estatales, bajar el gasto público, eliminar o deducir impuestos, incrementar el IVA del 12 al 15%.

En octubre de 2019, el presidente Moreno, mediante decretos ejecutivos, eliminó los subsidios a las gasolinas Extra, Eco País y Diésel, lo que motivó masivas y violentas movilizaciones de las organizaciones sindicales, sociales e indígenas en varias ciudades que provocaron la derogatoria del decreto 883 que eliminaba los subsidios.

En marzo de 2020, la pandemia del coronavirus empezó a infectar masivamente a la población y obligó su confinamiento, hecho que fue aprovechado por el “Gobierno de todos” para nuevamente, a través varios decretos ejecutivos, eliminar definitivamente los subsidios a los combustibles, desvincular a miles de servidores del sector público y liquidar varias empresas estatales.

El “Gobierno de todos” cumplió al pie de la letra las añejas recetas del FMI. La deuda externa acumulada subió de 41.106 millones en 2017 a USD 45.019 millones en 2018, que representan el 40,3 y 42,6% del PIB, respectivamente (BM, 2020).

Según información del Ministerio de Economía y Finanzas, el saldo de la deuda externa pública a septiembre de 2020 ascendió a USD 40.430 millones y al incluirse la deuda interna, 17.374 millones, la deuda pública agregada trepó a USD 57.804 millones que representa el 59,9% del PIB (M. Economía, 2020).

En abril de 2020 se produjo la caída en picada de los precios del petróleo en los mercados internacionales y concomitantemente el desplome de la economía nacional. En contraste, la deuda externa e interna, creció en forma exponencial, lo que significa mayores pagos por amortización e intereses que los destinados a pago de sueldos y salarios de los servidores públicos.

Las élites empresariales y políticas han predicado a diestra y siniestra que el problema fundamental de la economía es el excesivo gasto público causado por la masa salarial, pero deliberadamente no reconocen que un componente fundamental del gasto público son los destinados al servicio de la deuda externa e interna.

Las élites tampoco han reconocido que el elevado gasto público estriba en la corrupción que se ha vuelto endémica en el país. En los sucesivos gobiernos que llegaron al poder del Estado se produjeron sistemáticos hechos de corrupción y, en los últimos años, el problema se ha vuelto crónico en las diversas instituciones del sector público.

  • La endémica corrupción

Ecuador seguramente es uno de los países que más movimientos políticos tiene a nivel nacional, provincial, cantonal y parroquial en América Latina. Los partidos o movimientos políticos se mantienen en estado de hibernación y se activan únicamente durante los procesos electorales, nacionales o seccionales.

El pleno del Consejo Nacional Electoral (CNE) hasta el 20 de abril de 2020 aprobó 24 movimientos y particos políticos a escala nacional, 72 provinciales, 167 cantonales, 20 parroquiales que en conjunto suman 283 organizaciones políticas (CNE, 2020).

Se podría considerar que es resultado del desarrollo de la democracia, pero con las excepciones del caso, los dirigentes de los partidos y movimientos políticos, son círculos que se aferran a sus cargos porque reciben recursos del sector público, pueden realizar acuerdos con otras organizaciones políticas que están en el poder y conseguir contratos de diversa naturaleza y/o cargos importantes en el Estado.

Las cúpulas de las organizaciones políticas son estados mayores, pero sin tropa, no poseen el respaldo de importantes segmentos de la población. La mayoría de los movimientos no tienen programas de gobierno ya sea a nivel nacional o seccional, únicamente elaboran propuestas para cumplir con la formalidad de los procesos electorales, la ideología ha sido relegada a un segundo plano.

Determinadas organizaciones políticas han sido cuestionadas por la Contraloría General del Estado y por el Consejo Nacional Electoral porque no reunían el número mínimo de adherentes o militantes como establece la legislación vigente. Entre los movimientos políticos cuestionados estaban Fuerza Compromiso Social (lista 5), Justicia Social (lista 11), Libertad es Pueblo (lista 9) y Podemos (lista 33), entre otros.

El movimiento provincial Mejor, de Daniel Mendoza, y movimiento nacional “Amigo, acción movilizadora independiente generando oportunidades”, se sugiere que están vinculados. El segundo movimiento de escala nacional presuntamente fue reconocido mediante un acuerdo político, cuyo máximo mentor se encuentra en prisión por delincuencia organizada.

Organizaciones políticas que en los procesos electorales no alcanzaron el mínimo de votos en dos elecciones consecutivas como manda el Código de la Democracia, no obstante, bajo el sofisma del derecho de “participación política” se les permite intervenir en los procesos electorales.

Grupos que actúan al margen de la ley reiteradamente han tratado de infiltrarse en las organizaciones políticas para obtener cuotas de poder que les permita realizar actividades ilícitas como lavado de dinero, contrabando, contratos con sobreprecios, narcotráfico. El silencio de éstos hechos es un arma importante para que sus actores puedan seguir cometiendo impunemente actos que están al margen de la ley.

El Programa de Gobierno que presentó el movimiento Alianza País al Consejo Nacional Electoral en 2017, el presidente Lenin Moreno una vez que llegó a Carondelet, lo dejó archivado, dio un giro radical en la ejecución de la política económica y comercial, de la noche a la mañana se volvió en un fiel devoto de las políticas neoliberales.

Es frecuente que los movimientos políticos en su afán de llegar a posiciones de poder designen como candidatos a figuras de medios de comunicación, deportistas o del mundo de la farándula, quienes, al ser designados asambleístas provinciales o nacionales, en no pocos casos han pasado desapercibidos por sus limitadas actividades.

Estos hechos registrados a lo largo de la historia nacional han originado la desconfianza de la ciudadanía en las organizaciones políticas. Las encuestas que realizan diversas empresas sobre la confianza que tiene la población en movimientos o partidos políticos no superan el 6% del total de los entrevistados. No en vano los jóvenes se resisten participar en organizaciones políticas.

La corrupción se ha vuelto endémica en las diversas instituciones del Estado y representan miles de millones de dólares perdidos. En la Función Ejecutiva, mediante acuerdos políticos con asambleístas para elegir autoridades, aprobar proyectos de leyes o para oponerse a juicios políticos, se repartieron hospitales públicos y los del IESS, donde, en medio de la pandemia, se revelaron escandalosos sobreprecios en la compra de insumos médicos. En Petroecuador, altos funcionarios enjuiciados y sentenciados por enriquecimiento ilícito en cortes de Miami.

En la Función Legislativa, asambleístas acusados y cesados por el cobro de diezmos, varios recibieron coimas de los recursos asignados para la construcción del Hospital de Pedernales y de la Agencia Nacional de Tránsito, alrededor de 60 honorables involucrados en actividades irregulares. En la Función Judicial, jueces con carnets de discapacidad de dudosa validez que incluso les sirvieron para ganar concursos de méritos y oposición.

Las élites políticas y económicas que llegaron al poder del Estado no dejaron huellas positivas en la administración del Estado, no hay un legado histórico de administración eficiente que haya contribuido al crecimiento sustentable de la economía a largo plazo, su paso por la administración pública por lo general no ha tenido trascendencia a través de los años.  

  • Deterioro de la confianza en el país

El problema de Ecuador no es solamente las políticas de ajuste y estabilización que se han ejecutado en los últimos decenios, la deuda externa que ha crecido incesantemente, los actos de corrupción, sino también la falta de confianza en el país. Si bien han prevalecido la ejecución de políticas liberales, también se registraron en determinados periodos políticas intervencionistas del Estado en la economía.

Desde 1979, se aprobaron tres constituciones de la República con sus correspondientes reformas. Una vez que entró en vigencia una nueva constitución, se elaboraron nuevas leyes y reglamentos de carácter económico, financiero y social acorde con la carta política vigente, hecho que evidentemente generó inseguridad jurídica y ello obviamente no incentivó las inversiones productivas.

Las leyes económicas, ambientales, tributarias, de transporte terrestre, entre otras, siguieron largos procesos de debates acalorados en el seno del Congreso o Asamblea Nacional, luego fueron vetados parcialmente y finalmente aprobados por los respectivos presidentes en funciones, sin embargo, las propias autoridades de las diversas funciones del Estado no las hicieron cumplir a cabalidad, por tanto, no hay una cultura de la población para acatar las leyes vigentes.

La inestabilidad política, la inseguridad jurídica, la abultada deuda externa, la corrupción, la falta de transparencia, erosiona la confianza en el país, lo que provoca fuga de capitales, eleva el costo financiero, estancamiento económico. La confianza es un activo clave en cualquier economía.

El tema del desarrollo económico no es una atribución exclusiva de la Función Ejecutiva. Con las excepciones del caso, a nivel seccional tampoco se han registrado gestiones de los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GADS) que hayan contribuido sustancialmente al desarrollo del país.

Las élites regionales o locales que han administrado prefecturas, alcaldías, no coadyuvaron con una adecuada planificación, obras de infraestructura, así como a generar sus propios ingresos para no depender exclusivamente del financiamiento del Estado.

En las principales ciudades del país existen altos niveles de contaminación ambiental provocada por el transporte público y empresas de diversa naturaleza. El Código Orgánico Ambiental y el Código Orgánico Penal tienen disposiciones que facultan a las autoridades seccionales establecer multas para las personas naturales o jurídicas que generan gases tóxicos, pero ha sido una constante que en sus intenciones de ser reelegidos no han sido capaces de ejecutar lo que mandan las leyes vigentes.

Las élites empresariales que administran empresas operadoras, nacionales y extranjeras, de internet, televisión por cable, telefonía, a través del tendido de cables que realizan en forma precaria, tallarines de cables, siguen impunemente deteriorando la imagen de las ciudades, mediante la contaminación visual, porque para ellos lo más importante es la rentabilidad, cuyas ganancias en su mayor parte migran al exterior.

Las élites seccionales no han sido capaces de generar espacios adecuados con servicios básicos indispensables para el comercio informal que prolifera en las urbes, mantener las ciudades limpias, mitigar sustancialmente la lacerante mendicidad. Este entorno ambiental, es un limitante para fomentar el desarrollo del sector turístico que genera divisas necesarias para el mantenimiento de la dolarización.

En la Capital de los ecuatorianos, que tiene un Centro Histórico considerado como el más grande de América Latina, con Iglesias, plazas, casas, joyas arquitectónicas de la época colonial y republicana, que podría atraer importantes flujos de turistas, los últimos burgomaestres no han hecho gestiones que dejen huellas que trasciendan a través del tiempo.

Por más que se aprueben leyes para fomentar inversiones productivas, el turismo, el crecimiento económico, como ya se hicieron en reiteradas ocasiones en los últimos años, siempre habrá una sequía de capitales, mientras no se desarrolle una adecuada infraestructura, se modifique el medio ambiente y retorne la confianza en el país.

Las élites empresariales deben dar el ejemplo repatriando sus capitales que tienen en los paraísos fiscales, cumpliendo con sus obligaciones tributarias. Antes de la invasión de la pandemia del coronavirus, los grupos empresariales registraban deudas en firme e impugnadas que superaban los USD 2.500 millones y obligaciones con el IESS por USD 1.600 millones. Los funcionarios de dichas instituciones se hicieron de la “vista gorda” para no aplicar los códigos orgánicos Tributario e Integral Penal.

Según la revista International Living, que realiza el Índice Global de Retiro Anual, examina destinos seguros y de buen valor, compara y contrasta ventajas de lugares en todo el mundo, donde una pareja de jubilados puede vivir una vida más saludable y sin mayores preocupaciones, gastar menos dinero y obtener más a cambio (La Información, 2020).

El Índice Global de Retiro considera categorías como vivienda, beneficios y descuentos para personas mayores, costo de vida, calidad y accesibilidad de la asistencia sanitaria, clima, entretenimiento, entre otras. Según el Índice de 2020, entre los cinco mejores lugares del mundo para jubilarse se encuentran Portugal, Panamá, Costa Rica, México y Colombia. Ecuador, que se ubicó en la sexta posición, pero en 2019 ocupó el cuarto lugar en el mismo ranking.

La fortaleza de Ecuador es la diversidad de lugares en los que se puede vivir. Se pude optar por el clima cálido de la Costa, uno más suave en los Andes, así como elegir entre pequeños pueblos o grandes ciudades. Una pareja puede vivir cómodamente en este país sudamericano por 1.400 euros al mes (Ibidem).

Por tanto, se debería establecer políticas para incentivar la llegada de personas jubiladas del exterior porque generan importantes ingresos monetarios que pueden contribuir a fortalecer a la maltrecha economía golpeada despiadadamente por la pandemia del coronavirus.

Bibliografía


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