El régimen progresista del Ecuador

Bayardo Tobar

Se inicia en el año 2007 con la victoria de Rafael Correa, candidato de la llamada Alianza PAIS que agrupaba a organizaciones políticas de orientación de izquierda a la que se sumaron, en la segunda vuelta, el movimiento indígena y otras fuerzas políticas de centro, opuestas al candidato Álvaro Noboa que simbolizaba al viejo país, el país de la oligarquía bananera y los banqueros de la costa.

En el subperiodo 2007-2017 (mayo), el proceso político estuvo liderado por Rafael Correa, quien culminó su mandato de 10 años con la designación (sic) como candidato y la posesión como presidente a su sucesor Lenin Moreno (2017-2021), en la que debe considerar la peor y más trágica de sus decisiones, no solo para su persona “por no cubrirle las espaldas” sino lo que es más grave: para el país. Como percibe con absoluta claridad el economista argentino Claudio Katz: “… lo interesante (…) de Ecuador, es que allí Lenin Moreno, el que terminó ganando las elecciones era un hombre de Correa. Ganó las elecciones con una bandera contra la derecha y generó el gobierno más derechista de América Latina, un gobierno que es igual que Macri, en la política con el Fondo Monetario Internacional…” (Entrevista, “Los próximos meses de la Argentina son claves”, Jeffery R. Webber, 05.05.2019)

La victoria de Alianza PAIS en el 2007 es la culminación de un ciclo de movilización popular contra las políticas neoliberales y el consenso de Washington (1990-2006) que, con la desregulación financiera, entre otras medidas, condujo a la crisis bancaria, la dolarización de la economía y la mayor diáspora de ecuatorianos hacia Estados Unidos y Europa por un lado y, por otro, contra la partidocracia, los partidos políticos que se constituyen o se reencauchan con el retorno a la democracia (1978), incapaces de atender las demandas de la población y sumisos a los intereses económicos del capital financiero transnacional, los restos de la oligarquía tradicional y de la burguesía emergente del boom petrolero y las políticas desarrollistas (1972-1976).    

Las autodenominaciones del movimiento político que representa al régimen progresista en el Ecuador revelan las aspiraciones de transformación de las organizaciones populares y movimientos sociales que Alianza PAÍS no estuvo a la altura de satisfacer, convirtiéndolas en un señuelo electoral. PAIS, es el acrónimo de Patria Libre i Soberana. Revolución Ciudadana, expresa el intento de desmarcarse de la revolución socialista y la ilusión de una “tercera vía”: ni liberalismo ni socialismo, ciudadanía. Luego, copiaron la denominación de Socialismo del siglo XXI asumida por Hugo Chávez en Venezuela en un intento de marcar distancias con el socialismo “realmente existente” y terminaron provocando un desprestigio de la expresión socialismo mayor que el que devino del estalinismo y el derrumbe de la URSS. Luego de la derrota autoinfligida con la elección de Lenin Moreno adoptaron, finalmente, la denominación de “progresistas”, en tanto protagonistas de un proceso de “reforma del capitalismo introduciendo dosis de intervención y regulación estatal y de redistribución de la riqueza”. Pare de contar.    

En el período liderado por Rafael Correa (2007-2017) los analistas distinguen dos fases: la una, 2007-2013, que gira en torno a la reforma institucional (Asamblea Constituyente y Constitución del 2008) orientada a crear una democracia participativa y una segunda fase, 2011-2017 de transición del objetivo político- institucional al objetivo  económico de modernización capitalista mediante la propuesta de cambio de la matriz productiva, más concretamente de matriz energética, de la energía térmica a la hidroelectricidad.

Para Lizardo Herrera, “Es importante anotar que, en ambos momentos, se recupera el rol de Estado en los servicios y la inversión pública, principios reñidos con los preceptos fundamentales del neoliberalismo. Sin embargo, en el primer período, prima una visión más democrática del poder y existe un margen importante de negociación con grupos ajenos al partido de gobierno; mientras que, en el segundo, se da rienda suelta a una visión vertical de la política en donde toda directriz parte del gobierno central y quien no acata estos dictados es dejado de lado o hasta atacado mediante un uso instrumental de la ley”.

“En este contexto de centralización –sostiene el autor citado-, el personalismo de Correa adquiere una mayor relevancia. Su gobierno empieza a girar básicamente alrededor de su figura y, desde este momento, el correísmo empieza a coquetear con la idea de la reelección indefinida, propuesta que no fue ni siquiera contemplada en la Constitución del 2008”.

Santiago Ortiz y Agustín Burbano de Lara, coinciden en esa caracterización del curso seguido por el proceso de “revolución ciudadana”: “La del 2009 al 2013 fue la historia de cómo Alianza PAIS hizo de la debilidad una virtud. La que sobrevino entre 2013 y 2017 es, de alguna manera, la narración inversa. Los 100 asambleístas y la legitimidad del triunfo en una sola vuelta de Rafael Correa generaron consecuencias no previstas para la Revolución Ciudadana que configuraron elementos negativos para su llegada al escenario actual. El porqué es importante explicar. Si en el periodo anterior la Revolución Ciudadana requirió de la articulación de un esquema de acumulación política institucional y de vínculos con la sociedad civil, la mayoría absoluta en la Asamblea Nacional del nuevo periodo le permitió recostarse casi exclusivamente sobre su dominio institucional en detrimento de los otros cuatro componentes de su construcción hegemónica: los plebiscitos populares, la participación ciudadana, la circulación efectiva de demandas del campo popular y/o de liderazgos locales; y la consolidación de Alianza PAIS como una estructura de mediación política efectiva entre la sociedad civil y el Estado. Todas ellas cayeron en desuso”

Hitos de ese proceso de cooptación de la soberanía popular y concentración del poder en la persona de Rafael Correa, son –según los analistas citados antes-: el entierro de la iniciativa ITT Yasuní y la oposición a la consulta popular; la reforma de la Constitución Montecristi por vía legislativa y no plebiscitaria y la apoteosis en la administración pública de los tecnócratas  “que saben lo que quiere el pueblo”.  

El giro político hacia prácticas políticas antidemocráticas y de confrontación con los movimientos sociales: indígenas, ecologistas y feministas, derivado del éxito electoral del 2013 se agrava con la caída de los precios internacionales del petróleo a fines del 2014 que limita los recursos para la ejecución de su proyecto de modernización capitalista. El giro hacia posiciones de corte neoliberal para mantener el ritmo de la acumulación y equilibrar las finanzas públicas es realmente obsceno, tal como lo describen  Alberto Acosta y John Cajas-Guijarro:

“En 2016 Correa propuso un gran paquete de concesiones en donde la CNT abriría -con una alianza público-privada- hasta el 49% de su capital a inversionistas privados (en ese entonces el pretexto era la obtención de recursos para la reconstrucción de la infraestructura devastada luego del sismo del 16 de abril de 2016).

Igualmente, Correa destacó que entre los potenciales activos a la venta también estaban las hidroeléctricas, como Sopladora, una hidroeléctrica de poco menos de 500 megavatios en la que se invirtió cerca de 800 millones de dólares. La idea de Correa era transformar en liquidez la riqueza del Estado. Y él se declaró dispuesto a vender también el Banco del Pacífico, los canales incautados TC Televisión y Gama TV (75 millones entre los dos), TAME. En definitiva, ya desde el “progresismo” correísta se veían los inicios del festín privatizador. 

Si bien esos planes no prosperaron, Correa logró concesionar puertos, por 50 años: Puerto Bolívar, Manta, Posorja (sin licitación)… entregándolos a consorcios transnacionales asociados con grandes consorcios oligárquicos criollos, como el grupo de Isabel Noboa Pontón. Igualmente Correa dio paso a la venta de empresas como el ingenio AZTRA o cementeras en condiciones más que ventajosas para los capitales privados. Asimismo, el correísmo se encargó de llevar a cabo una “privatización encubierta” del sistema de salud.

Lo que cuenta es que el correísmo fracasó en fortalecer y dinamizar las empresas públicas, como pasó con Petroecuador: la petrolera estatal pudo asumir directamente la extracción de crudo de los conocidos “campos maduros” de petróleo; pero en vez de eso el correísmo entregó el campo Auca a la transnacional Schlumberger e intentó -sin éxito- entregar Sacha a Halliburton, campo que ya había sido entregado al inicio de su gestión a la estatal petrolera venezolana PDVSA (actos que el propio Rafael Correa, en 2005 y 2006, consideraba textual y públicamente como “una traición a la patria”). Y si de extractivismos hablamos, prohibido olvidar el festín minero del siglo XXI impulsado frenéticamente por Correa, que continúa su marcha en tiempos morenistas”. (“Improvisaciones, deuda y concesiones”, Alberto Acosta, John Cajas-Guijarro,

Línea de fuego 06.02.2019)

En síntesis, la experiencia del régimen progresista del Ecuador sirve para confirmar la tesis de Massimo Modonesi: “Salvadas las diferencias y las especificidades (…), podemos sostener que la América Latina de inicio del siglo XXI fue caracterizada por la irrupción de un antineoliberalismo desde abajo que derivó en proyecto progresista implementado desde arriba, que se proclamó posneoliberal, fue cuestionado por sus rasgos populistas y terminó siendo acorralado por una combinación de protestas surgidas a su izquierda y por la reacción restauradora de las derechas neoliberales de matriz oligárquica”.

Si bien la mayoría de gobiernos “progresistas”, que en un hecho inédito  de la historia de AL, coparon el escenario político durante dos primeras décadas del siglo XXI, se vieron afectados con una grave crisis a partir del 2014, eso no significa ni una victoria de la “restauración conservadora”  ni que sus líderes hayan desistido de buscar nuevamente el acceso al gobierno. Todo lo contrario, el retorno en Argentina del peronismo y antes, la victoria de López Obrador en México, renovó las esperanzas de volver al poder, en particular, de Rafael Correa Delgado.

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