Políticas de shock en medio de la pandemia

Isaías Campaña C.

Milton Friedman, el más destacado representante de la Escuela de Chicago, predicaba el liberalismo económico y la no intervención del Estado en la economía que lo consideraba como un obstáculo para el desarrollo económico.

El premio Nobel, que obtuvo en 1976, afirmaba que la propiedad privada es la base del intercambio, la justicia y el progreso de la sociedad. Promovía el “laissez faire” capitalista y creía en la mano invisible de Adam Smith maximiza automáticamente tanto el bienestar individual como de la sociedad.

Friedman defendió el libre comercio, la política de libre inmigración y la globalización. Se opuso a los controles de cambio, precios, rentas y salarios, incluyendo el salario mínimo. Rechazó la planificación central, se opuso al déficit fiscal y a los impuestos progresivos y defendió las alternativas del mercado libre sobre la educación y la salud. En contracorriente al keynesianismo, propuso la privatización, la desregulación y la desnacionalización de las empresas públicas (Ravier, 2011).

En su extremo liberalismo llegó a plantear la eliminación de la Reserva Federal en Estado Unidos. En una de sus últimas cartas, agosto de 2006, manifestó: “… mejor sería abolir la Reserva Federal y dar un mandato a la Tesorería para que mantenga el dinero de alto poder en un nivel constante” (Ibídem).

Después de la Segunda Guerra Mundial, cuando la economía keynesiana era predominante en el mundo, la Escuela de Chicago era considerada un bastión del extremismo. Sin embargo, a mediados de la década del 70 comenzó a ser una doctrina relevante en el mundo occidental.

La dictadura de Pinochet acogió las propuestas de Friedman

Chile se convirtió en el escenario perfecto para la ejecución de las políticas económicas que promovía Milton Friedman. El general Augusto Pinochet mediante un cruento golpe de estado derrocó al gobierno de Salvador Allende en septiembre de 1973. La dictadura creó la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) con el propósito de perseguir y eliminar cualquier forma de oposición al régimen militar, a través de la tortura, asesinato o secuestro. El número de víctimas de torturas alcanzó a 38.000 personas, de ellas 3.000 murieron o desaparecieron.

En medio de este clima de terror de la población, el 21 de abril de 1975, Milton Friedman se reunió con Augusto Pinochet y planteó una política de Shock que incluían drásticas reducciones del gasto público, privatización de empresas estatales, reducción de aranceles, fomento de la inversión extranjera, eliminación de obstáculos para la libre empresa.

Estudiantes de la Universidad Católica de Chile se especializaron en la Escuela de Economía de Chicago, mediante un convenio que mantenían. Una vez que se titularon regresaron a su país y ocuparon cargos importantes en el gobierno militar de Augusto Pinochet, conocidos como “Chicago boys”, quienes pusieron en práctica las políticas liberales que promovía su maestro.

Una investigación parlamentaria estableció que más de 700 empresas estatales fueron vendidas a precios irrisorios a grupos empresariales que se consolidaron durante la dictadura militar, entre las empresas figuran la Compañía Acero del Pacífico (Cap), la Sociedad Química y Minera de Chile (Soquimich), la Industria Azucarera Nacional (Lansa), Banco de Chile, la Línea Aérea Nacional (Lan Chile), La Empresa Nacional de Telecomunicaciones (Entel), la Empresa Nacional de Electricidad (Endesa), Laboratorios Chile,  entre otras.

Las políticas liberales lograron el crecimiento sostenido de la economía chilena en lo últimos 30 años, elevó el PIB per cápita entre los más altos de América Latina, llegándose a denominar el “milagro chileno”. Sin embargo, la economía de chile es escasamente diversificada, la principal actividad es la minería y el primer producto de exportación es el cobre, representa cerca del 50% del total de las ventas al exterior.

El economista chileno José Palma, profesor de la Universidad de Cambridge, afirma: “De Chile salen al año más de 1.000 barcos con cobre concentrado, un material que tiene solo un 30% de contenido de cobre. El resto es escoria, así que el principal producto que Chile exporta es, por volumen, basura” (El País, 2020).

El modelo económico es excluyente para amplios segmentos de la población, genera desigualdades sociales, decenas de miles de estudiantes no pueden acceder a las universidades por sus altos costos, las pensiones de los jubilados en promedio no llegan al 50% del salario básico, persisten altos niveles de desempleo y pobreza.

El incremento de las tarifas del metro en Santiago de Chile fue el detonante del descontento social que progresivamente fue creciendo hasta desembocar en la movilización masiva de ciudadanos en varias ciudades del país y que obligó al gobierno de Sebastián Piñera a convocar a una consultar popular para reformar la Constitución heredada de la dictadura militar.

La Junta Militar en Argentina ejecutó políticas de shock

En Argentina, el 24 de marzo de 1976, la cúpula militar lideró un golpe de estado que derrocó a la presidenta María Estela Martínez de Perón e instaló una Junta Militar integrada por los tres comandantes en jefes de las Fuerzas Armadas, pocos días después se designó como presidente al jefe del Ejército, Jorge Rafael Videla, régimen que se auto tituló “Proceso de Reorganización Nacional”.

La Junta Militar en los primeros días implantó la pena de muerte para quienes hirieran o mataran a cualquier miembro de las fuerzas de seguridad, disolvió el Congreso, reemplazó a todos los miembros de la Corte Suprema, estableció el estado de sitio y la ley marcial, funcionarios del gobierno y opositores fueron detenidos, secuestrados o desaparecidos.

Se establecieron alrededor de 500 centros de clandestinos de detención como dispositivos de exterminio de los prisioneros y de diseminación del miedo hacia la población. Organismos parapoliciales de extrema derecha como la Triple A, financiados por el régimen, institucionalizaron el secuestro, la tortura y la desaparición de personas.

Durante el periodo que gobernó la Junta Militar, 1976-1983, se estima que hicieron desaparecer a aproximadamente a 30.000 personas (Arougueti, 2018). En este ambiente de shock de la población, la dictadura ejecutó políticas ultra liberales que predicaba Milton Friedman. El slogan de la dictadura era “achicar el Estado es agrandar la nación”.

Previó al golpe de estado hubo varias reuniones entre grandes empresarios y connotados economistas seguidores de las propuestas de Friedman. La Junta Militar nombró como ministro de Economía a José Martínez de Hoz, quien estableció la apertura del mercado interno a la competencia exterior, eliminó los controles de precios, redujo los impuestos a las exportaciones, congeló los sueldos y salarios de empleados y trabajadores, liberalizó el sistema financiero, las tasas de interés se fijaban en función de la oferta y demanda.

El modelo económico ultra liberal que promovió el ministro Martínez de Hoz fue un verdadero fracaso. En 1976, la Junta Militar firmó un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, donde se incluía la creación de un mercado único y libre de cambios, hecho que aceleró el incremento de la inflación hasta ubicarse en 160% en 1978, lo que redujo sustancialmente la capacidad de compra de los sectores de la población de ingresos fijos.

La liberalización financiera provocó la elevación de las tasas de interés que impacto negativamente en el sector industrial, generó la contracción de la economía en 3,2% en 1978. Al siguiente año, se produjo una estampida de los depósitos bancarios, los cuatro bancos más importantes de Argentina fueron liquidados. Durante la gestión de Martínez de Hoz, 1976-1981, la deuda pública aumentó de 7.000 a USD 40.000 millones.

Uruguay, políticas neoliberales en un ambiente de miedo

El 27 de junio de 1973 fue electo presidente Juan María Bordaberry y una de sus primeras medidas disolvió las cámaras del Congreso y del Senado. La dictadura cívico-militar trajo consigo el desmantelamiento de las organizaciones sindicales y sociales, su ilegalización, la detención de sus miembros bajo la táctica de la tortura sistemática, encarcelamiento prolongado y masivo y la desaparición forzada o el exilio forzoso. En el periodo que gobernó la dictadura forzó al exilio a cerca de 380.000 personas, cerca del 14% de la población (Schelotto, 2015).

La dictadura instauró un sistema de vigilancia sistemático de la sociedad uruguaya que trascendió las fronteras nacionales e impuso a la población una verdadera “cultura del miedo”. Se institucionalizó el “Certificado de Fe” democrática que distinguía a la ciudadanía en tres grupos “A”, “B” y “C”, según su “grado de peligrosidad” necesario para efectuar cualquier trámite. El grado “C” autorizaba incluso la detención inmediata por parte de las autoridades (Ibídem).

En esta “cultura del miedo”, se ejecutó una política económica orientada a privilegiar la economía de “libre mercado” a fin a las propuestas ultra liberales que predicaba Milton Friedman. La dictadura cívico-militar estableció una política de desregulación económica, liberalización financiera y comercial y la flexibilización del mercado de trabajo.

En el marco de la liberalización financiera, se planteó como proyecto de país, “Uruguay Plaza Financiera”, en esa línea se fomentó el ingreso de capitales extranjeros, los depósitos en dólares en la banca privada alcanzaron más del 90% del total de los depósitos, se consideraba que era preferible que lo ricos se enriquezcan más para que después puedan invertir. Entre 1974 y 1982, la política de desregulación del mercado de trabajo derivó en el deterioro del salario real de los trabajadores que cayó en un 30%.

Las propuestas de Friedman se erigieron en doctrina dominante

Milton Friedman, en la administración de Ronald Reagan fue elegido Presidente del Consejo de Política Económica y en 1988 el mandatario le entregó la Medalla de la Libertad, la más alta condecoración civil de Estados Unidos. Las tesis económicas del padre de la Escuela de Chicago se convirtieron en la doctrina dominante en el mundo occidental.

En Reino Unido, el gobierno conservador de Margaret Thatcher, conocida como la “Dama de Hierro”, que administró desde 1979 hasta 1987, se adhirió a las tesis de Friedman, redujo drásticamente la intervención del Estado en la economía, estableció un monetarismo estricto y confió en los mecanismos del mercado como sistema de asignación eficiente de recursos.

Para reducir la presencia del Estado en la economía bajó los impuestos, mantuvo una estricta política de gastos, recortó drásticamente el empleo público, privatizó empresas estatales de teléfonos, gas, agua, electricidad, línea aérea British Airways, política que fue considerada una realización práctica de las ideas liberales de intelectuales como Milton Friedman o Friedrich Hayek, de gran influencia en el pensamiento de Thatcher (BBC Mundo, 2013).

Las tesis de Friedman son la base de las actuales políticas del Fondo Monetario Internacional (FMI) que condiciona las fuentes de financiamiento a los estados, especialmente en desarrollo, al establecimiento de políticas destinadas a reducir el tamaño del Estado en la economía, a través de la reducción del gasto público, eliminación de subsidios, contracción de la masa salarial, concesiones de empresas públicas, entre otras. Las políticas del Banco Mundial (BM) y la Organización Mundial del Comercio (OMC) también son afines a las políticas ultra liberales.

Ecuador, las incoherencias del “Gobierno de todos”

El binomio Moreno-Glass, del Movimiento Alianza País, presentó al Consejo Nacional Electoral (CNE) el Programa de Gobierno 2017-2021, titulado “Un programa para la sociedad, la educación, la producción y el trabajo digno” (Programa, 2017).

En el tema de la “honestidad” el programa dice: “Asumimos la honestidad en todas sus formas. Nos caracteriza la concordancia entre lo que pensamos, lo que decimos y lo que hacemos. Nos guiamos por la rectitud, la lucha contra la corrupción y la impunidad, y el imperio de la ley en el manejo de lo público”.

En mayo de 2017, el presidente de la Asamblea Nacional, José Serrano, y el Secretario de la Presidencia, Eduardo Mangas, viajaron a Panamá y mantuvieron una reunión con Abdalá Bucaram, con el propósito de “proteger y defender” el proceso político en Ecuador. El ex presidente estaba exilado porque fue acusado de corrupción por el manejo indebido de “gastos reservados”. Ningún acuerdo político es gratuito, en determinados medios de comunicación se informaba que presuntamente a cambio del acuerdo se había entregado el manejo de la Corporación Nacional de Electricidad (Cenel).

En la ciudad de Guayaquil desde inicios del “Gobierno de todos” era vox populi que el hospital más grande del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) era manejado por un círculo cercano a la familia a la familia Bucaram.

Periodismo de Investigación publicó un artículo titulado “El Hospital desahuciado por la corrupción”, 30 de octubre de 2019, donde se manifiesta: “La corrupción ha llegado a tales niveles que se desató una metástasis en todo su sistema. Se trata del hospital del IESS de Guayaquil Teodoro Maldonado Carbo, ubicado al sur de la ciudad. Lo que pasa en este hospital no pasa en ninguno en las mismas dimensiones”.

En 2018, el IESS destinó USD 195 millones a escala nacional para la compra de medicinas e insumos, de esa cantidad USD 70 millones se destinaron únicamente al hospital Teodoro Maldonado Carbo, equivalente al 36% del gasto total. Se realizaban adquisiciones de medicinas e insumos con sobreprecios de 100, 200, 300% en ciertos contratos, compras sin requerimientos médicos, en los concursos de precios se daban “pujas” hasta entre hermanos (Ibídem).

En medio de la pandemia del coronavirus salieron a luz pública escandalosos hechos de corrupción en el Teodoro Maldonado Carbo. La Fiscalía allanó la vivienda de Abdalá Bucaram, donde se encontraron insumos médicos, mascarillas y pruebas rápidas. El patriarca de la familia fue detenido momentáneamente con fines investigativos y sus hijos Michel y Dalo y nuera, Gabriela Pazmiño, tienen orden de prisión. Se sugiere que el círculo también tendría incidencia en la venta de insumos médicos en el hospital Abel Gilbert Pontón y Los Ceibos en el puerto principal y en los hospitales de Durán, Milagro y Zamborondón, así como en los de Quito.

La corrupción se ha vuelto crónica en las administraciones del Movimiento Alianza País y eso ha significado decenas de miles de millones de dólares perdidos, en construcciones no realizadas o mal hechas, compras de bienes caducados o con sobre precios, en las condiciones de confinamiento de la población es una verdadera tragedia nacional.

En las administraciones del Movimiento Alianza País se invirtieron más de USD 1.000 millones en becas para estudios de maestrías y doctorados en diversas ramas del conocimiento. Los beneficiarios fueron 28.000 estudiantes, de los cuales 11.000 realizaron estudios en el exterior, cuya inversión fue superior a USD 800 millones. Sin embargo, en su gran mayoría no han sido requeridos ni por el sector privado ni el sector público.

La meritocracia que promovía el Movimiento Alianza País en los hechos fue una quimera. En base acuerdos políticos para nombrar a las autoridades de la Asamblea Nacional, resoluciones y/o aprobar proyectos de ley, se designaron a importantes cargos en las diversas instituciones y organismos del Estado.

En un artículo publicado por la Fundación 1000 Hojas titulado “El gran reparto”, 15 de junio de 2020, se afirma que semanas antes de la elección César Litardo como presidente de la Asamblea Nacional en el despacho de la Ministra del Interior se alcanzó el acuerdo con el Bloque parlamentario Badi, el asambleísta amazónico Eliseo Azuero entregó la carpeta de su amigo personal René Tamayo para que dirija el Servicio de Contratación de Obras (Secob). En la sesión del directorio, presidido por el secretario general de la Presidencia fue designado René Tamayo, Director General de la Secob.

Tamayo, una vez en funciones, dio por terminado los contratos que su predecesor había firmado para las construcciones de los hospitales de Bahía de Caráquez y Pedernales e inmediatamente entregó a consorcios recomendados. El Ministerio de Finanzas transfirió a la cuenta en BanEcuador USD 8,2 millones como adelanto para la construcción del hospital de Pedernales e inmediatamente los contratistas retiraron USD 7,3 millones. El 5 de mayo mediante un operativo policial fue detenido René Tamayo por acusación de delincuencia organizada. En el mismo operativo fue detenido el asambleísta Daniel Mendoza que figura como cabecilla del grupo (Ibídem).

La corrupción brotó como hongos en los diversos hospitales del IESS y públicos, así como en instituciones del Estado. Un significativo número de asambleístas estuvieron involucrados en actividades irregulares y en el cobró de los llamados “diezmos” a sus subalternos.

En la Prefectura del Guayas se realizaron compras de pruebas rápidas por un valor de USD 585.000 para detectar el coronavirus y mascarillas supuestamente con sobreprecios. La Fiscalía y la Policía Nacional allanaron las oficinas de la Prefectura y la oficina de la empresa proveedora. Días después, se detuvo al prefecto, que iba a ser investigado por presunto tráfico de influencias, pero un infarto fulminante terminó con su vida.

En la capital de la República se realizaron compras de 100.00 pruebas PCR por un valor de USD 3,7 millones para detectar el COVID-19 con supuestos sobreprecios por parte de la Secretaría de Salud del Municipio de Quito. La Fiscalía y la Policía realizaron allanamientos en la Secretaría de Salud y en la empresa proveedora.

El presidente Lenin Moreno dejó archivado el “Programa de Gobierno” presentado al CNE y nombró a destacadas figuras y/o representantes de los gremios empresariales a las carteras más importantes del Estado, quienes promovieron un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI). A los 16 años Ecuador volvió a firmar una nueva carta de intención con el organismo multilateral para recibir créditos por USD 4.200 millones, pero a condición de ejecutar un programa de corte neoliberal orientado a reducir el tamaño del Estado en la economía.

El Ejecutivo se comprometió en la carta de intención a revertir la tendencia que venía registrando la relación deuda pública-PIB, que crecía en forma sostenida, y reducirla por debajo del techo del 40% que estaba fijado en la Ley. No obstante, ha continuado con una agresiva política de endeudamiento público, no para inversiones productivas que podrían generar excedentes económicos y crear fuentes de empleo, sino básicamente para gastos corrientes y servicio de la deuda pública.

En vez de bajar la relación deuda pública-PIB, el “Gobierno de todos” elevó el indicador sustancialmente. Según el Ministerio de Economía y Finanzas, abril de 2020, la deuda pública se ubicaba en USD 57.181,5 millones, equivalente al 52,1% del PIB, dato poco confiable puesto se relaciona con un PIB, cuyo un valor es de USD 109.667,5 millones, cuando la economía se estima que se va a contraer en más del 8 %, de acuerdo a las estimaciones oficiales.

Según el Banco Central del Ecuador, de enero a abril de 2020, el servicio de la deuda pública fue por intereses 868,7 millones y amortizaciones 1.659,5 millones que en conjunto suma más de USD 2.528 millones (BCE, 2020). El Ministerio de Economía, en abril, en plena pandemia del coronavirus pagó en forma oficial USD 1.000 millones a los bancos de inversión Credi Suisse y Goldman Sachs. En junio se canceló USD 370 millones al segundo banco de inversión para recuperar oro y bonos que estaban como garantía.

El “Gobierno de todos” se encuentra acorralado por las obligaciones financieras que tiene pendiente con el IESS, Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas (ISSFA), gobiernos autónomos descentralizados (GADs), sueldos y salarios atrasados de empleados y trabajadores, universidades y escuelas politécnicas, ventas anticipadas de petróleo, organismos multilaterales, tenedores de bonos, gobiernos, entre otros.

El 17 de mayo de 2019, el presidente Moreno afirmó que la deuda adquirida por su predecesor llegó hasta los 75.000 millones y que el servicio de la misma era de alrededor de USD 11.000 millones, por lo que a la fecha el monto podría estar cerca de los USD 90.000 millones si se incluye todas las obligaciones pendientes de pago.

La obsesión de las élites empresariales y del FMI es bajar el “excesivo” gasto público, especialmente la masa salarial equivalente a USD 8.897 millones, pero no reconocen que el elevado gasto público se debe precisamente a la corrupción reinante en el país que representa miles de millones de dólares perdidos y al agresivo endeudamiento público, cuyo servicio de amortización e intereses crecen como una bola de nieve a medida que transcurre el tiempo.

El “Gobierno de todos” aprovechó el confinamiento de la población para establecer políticas de shock

Los gobiernos dictatoriales de Chile y Argentina utilizaron sistemáticamente el encarcelamiento, la tortura, el asesinato y la desaparición de personas y crearon un clima de terror para establecer políticas ultra liberales. A su vez, el “Gobierno de todos” se aprovechó del confinamiento de la población y del miedo que ha causado el coronavirus para ejecutar políticas de shock a fines a los compromisos adquiridos en la carta de intención suscrita con el FMI.

En octubre de 2019, el Gobierno mediante decreto Ejecutivo 883 eliminó los subsidios a la gasolina Extra y EcoPaís, medida que generó masivas movilizaciones y violentas protestas de diversas organizaciones sociales en varias ciudades del Ecuador que obligaron a derogar la medida.

El Gobierno nacional volvió a insistir en abril de 2020, mediante Decreto Ejecutivo N° 1050, la eliminación de los subsidios a la gasolina Extra, Ecopaís y diésel a través de un sistema de bandas de precios que podrán fluctuar de acuerdo al crudo oriente y en función del marcador WTI que sirven de referencia para Ecuador. A medida que se reactiven las economías golpeadas por la pandemia del coronavirus a nivel internacional, se incrementará la demanda de combustibles y simultáneamente subirán los precios de las gasolinas y del diésel.

En el Programa de Gobierno de Moreno en el tema del “empleo” se plantea como objetivo: “Generar trabajo digno y empleo de calidad es la mejor forma de erradicar la pobreza… Para cumplir este mandato popular, no volveremos al pasado ni al precarismo, ni a los ingresos recortados, sin afiliación a la seguridad social. Los seres humanos están sobre el capital.”

Al contrario de lo que se prometía, entre octubre de 2019 y marzo de 2020, más de 10.000 funcionarios fueron desvinculados del sector público, según las cifras del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (Primicias 2020).

El Ministerio de Economía se comprometió con el FMI a reducir los gastos en salarios por alrededor de USD 1.000 millones en 2020. En esa línea, en mayo cesaron 3.500 contratos ocasionales y se prevé reducir la jornada de dos horas a los empleados de la función Ejecutiva que representará un recorte de USD 500 millones, así como la restructuración de las entidades del sector público que significará una reducción adicional de USD 500 millones.

El Primer Mandatario, a través de Decreto Ejecutivo N° 1051, dispuso la reorganización de la Empresa Coordinadora de Empresas Públicas (EMCO) que será la encargada de brindar el apoyo técnico, administrativo y legal a las empresas que se encuentren en proceso de liquidación.

En la misma línea, mediante varios decretos ejecutivos, se dispuso la eliminación de empresas públicas como Tame Línea Aérea del Ecuador, Empresa Ferrocarriles del Ecuador, Ecuador Estratégico, Medios Públicos del Ecuador, Enfarma, Fabrec, Cementera del Ecuador, Correos del Ecuador, Siembra EP, Unidad Nacional de Almacenamiento, entre otras.

La eliminación de las empresas públicas significa que cientos de personas que trabajaban directa e indirectamente van a engrosar las filas de los desempleados por lo que dejan de consumir bienes y servicios que genera el aparato productivo privado y consecuentemente se registra un menor número de aportantes a la seguridad social.

Según cifras del Ministerio de Trabajo, más de 200.000 trabajadores han sido desvinculados en tres meses como consecuencia del confinamiento de la población causada por la pandemia del coronavirus. La mayoría de los desvinculados en el sector privado, más de 112.000 trabajadores, se han realizado en base a uno de los artículos de la flamante Ley Orgánica para el Apoyo Humanitario, esto es, mediante “acuerdo de las partes”.

Los devotos de las políticas liberales en el “Gobierno de todos” se encuentran obsesionados en cumplir al pie de la letra los compromisos adquiridos en la carta de intención suscrita con el FMI, por lo que se prevé monetizar los activos del Estado, a través de concesiones de las empresas estratégicas al sector privado, como las centrales hidroeléctricas, Corporación Nacional de Telecomunicaciones (CNT), Refinería de Esmeraldas, el campo petrolero Sacha, una de las joyas de la corona, que produce más de 71.000 barriles diarios.

En la misma dirección, con el sofisma de fomentar la competitividad y el ingreso de capitales extranjeros, se tiene programado la desregulación del sistema financiero privado que incluye la flotación de las tasas de interés, medida que ya estuvo vigente a finales de la década del noventa que generó tasas activas superiores al 60, 70% y que provocaron el congelamiento de los depósitos del público y la quiebra de varias instituciones financieras.

En los últimos años, la Asamblea Nacional ha aprobado varias leyes con el propósito de fomentar las inversiones, incentivar el ingreso de capitales extranjeros, promover el empleo y fortalecer la dolarización; sin embargo, la economía no se ha reactivado, el desempleo ha aumentado, los capitales extranjeros no han llegado, los nacionales han fugado, los propios gremios empresariales que se comprometieron a invertir USD 9.000 millones durante la gestión del presidente Moreno, no lo hicieron.

El problema del Ecuador no es la falta de leyes. El hecho fundamental es que desde décadas atrás se ha perdido la confianza en las diversas funciones e instituciones del Estado porque no hay políticas de estado a largo plazo, no hay seguridad jurídica, se prioriza los acuerdos políticos y se designa a personas sin competencias profesionales y éticas a importantes cargos del Estado e impera la corrupción que ha vuelto crónica y la impunidad, en parte, causada por la administración de justicia. La confianza es un factor clave de cualquier economía y lamentablemente no lo hay en el país.

A modo de epílogo

El modelo de “libre mercado” se agotó porque el crecimiento de la economía en términos per cápita es uno de los más bajos comparados con los de otros países de América Latina y genera desigualdades sociales, beneficia fundamentalmente a grupos empresariales vinculados a las actividades comerciales y financieras, así como a los acreedores internacionales, quienes han subordinando a los sectores de la agricultura, industria y construcción.

En más de cincuenta años, el país sigue produciendo y exportando materias primas. Su principal producto de exportación es el petróleo, por lo que la economía nacional sigue anclada a las variaciones del precio del crudo en los mercados internacionales. Bajan los precios del “oro negro” y la economía entra en recesión.

El modelo de neoliberal ha ampliado la brecha entre los sectores de ingresos altos de la población y los sectores de ingresos medios y bajos. Más del 60% de la población económicamente activa no tiene empleo y/o se encuentra en la categoría de “empleo inadecuado” que incluye a la informalidad, persisten altos niveles de pobreza y extrema pobreza. En la capital de los ecuatorianos, en sus calles y avenidas se visualiza en forma lacerante la mendicidad.

El país requiere una nueva política económica orientada a dinamizar en forma eficiente la participación del Estado en la economía para reconstruirla y diversificarla. Para salir de la recesión económica se requiere la participación de todos los sectores económicos y sociales, empresarios, empleados, trabajadores y campesinos

En el marco de esta propuesta, se debe promover la cultura del trabajo soslayando la política de bonos promovida por los organismos multilaterales, fortalecer la cultura tributaria dejando atrás las sistemáticas remisiones, una política de cero tolerancia en contra de la contaminación ambiental y visual, declarar la guerra sin cuartel a la corrupción y la impunidad, así como institucionalizar una política selectiva de inmigración, especialmente de investigadores, científicos, inversionistas en actividades productivas, en contracorriente a la tesis de Friedman, quien era un ferviente partidario del “libretodismo”.

Bibliografía:

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