La contribución de la ciudadanía se utiliza para favorecer la agenda neoliberal

Wilson Flores H.

 

En el contexto de la crisis económica orquestada por la banca, la gran empresa y el gobierno de Moreno, continúa propagándose la pandemia COVID 19, profundizando los graves impactos que ha tenido la emergencia sanitaria. Para enfrentarla, el régimen, en lugar de hacerlo con la aplicación de una efectiva política pública, estimula numerosas soluciones “creativas y solidarias” entre las que afloran la beneficencia de las élites, la caridad cristiana y la aplicación de un segundo impuesto al trabajo, subterfugios que pretenden ser erigidos a la categoría de Ley.

Las anunciadas medidas económicas siguen en la línea de la improvisación, al tiempo que están claramente orientadas a liquidar lo poco que queda del Estado y a pasar la factura de la crisis a la población. Cobran relevancia dos actuaciones: la obstinación del ministro Martínez por honrar la deuda de los bonos soberanos, asegurando que esta acción iba a propiciar el flujo de nuevos recursos a la economía por parte de los multilaterales de crédito; y, la decisión de Moreno de crear una Cuenta Nacional para la Asistencia Humanitaria, alimentada con contribuciones de las empresas y de los trabajadores que perciben remuneraciones sobre los 500 dólares. Cuenta a ser monitoreada constantemente, según él, por una “junta de notables”, arcaísmo que sigue siendo utilizado por el ideario neoliberal.

Ya se ha visto, con sobradas argumentaciones, la equivocación que significó pagar a los tenedores de deuda soberana, muchos de ellos ecuatorianos, en momentos en que el clamor mundial respalda la condonación o el diferimiento de dichas obligaciones. Pero el error es mayor cuando el ministro confunde dos operaciones distintas. De acuerdo con él, al pagar esos 320 millones de dólares pendientes, el país recibiría a cambio 2000 millones de dólares de los multilaterales de crédito, con los que se podría solventar los enormes gastos que demanda la emergencia (léase: dotar de mayor liquidez a los empresarios a costa de endeudar al país). Sin embargo, el mercado de bonos y el mercado de deuda no son lo mismo y las condiciones en uno y otro son diferentes. Esta explicación el ministro no la da y cuando es preguntado es muy escueto y evasivo. Para aclarar lo dicho, hasta ahora, de esos 2000 millones de dólares, el país ha recibido apenas 123 millones desembolsados por BM, BID y CAF, y el resto se hará de manera gradual, conforme a la programación establecida.

 

La realidad de este tropiezo, obligó no solo a rectificar el exabrupto ministerial, sino a fabricar el discurso gubernamental de que de la crisis “salimos todos juntos” y del que, además, brotó la idea de que todos debemos contribuir, solo que esas exacciones tienen diferencias muy notorias:

  • las de los más ricos tendrán el tratamiento de “créditos tributarios” deducibles del impuesto a la renta e incluso se pretende favorecer a los banqueros que ya hicieron sus “donaciones” incluyendo salvedades de orden retroactivo, lo cual es totalmente ilegal; y,
  • para los demás, se imponen descuentos progresivos de sus ingresos, sin más miramiento que el estar expuestos a la incertidumbre de la situación y con la única posibilidad cierta de alimentar las crecientes estadísticas de desempleo. Dicho sea de paso, este escenario desolador nutre y vuelve viables las apetencias de flexibilización y precarización laboral, que tanto obsesionan a las cámaras empresariales.

 

La instrumentalización de la medida se efectúa mediante la creación de la famosa cuenta humanitaria mencionada y con un proyecto de Ley que será enviado a la Asamblea Nacional, a guisa de transferir a este organismo la responsabilidad política de la crisis.  La Cuenta Nacional para la Asistencia Humanitaria, que no es otra cosa que un nuevo impuesto, tiene una muy dudosa significación fiscal, puesto que su recaudación, de acuerdo a cifras oficiales, suma bastante menos de lo que se requiere para enfrentar la situación de emergencia, y está muy por debajo de los montos que representó la remisión tributaria de 4500 millones de dólares  que se hizo al gran capital, en el marco de la Ley de Fomento Productiva del 2018.

 

El proyecto de Ley, por su parte, y tal como está diseñado, desencadenará una encarnizada lucha política y la reacción de todos los sectores involucrados: los empresarios bregarán para que sus contribuciones sean lo mínimo indispensable y redoblarán sus exigencias de reducir el gasto fiscal y el tamaño del Estado, los banqueros presionarán más a sus deudores, mientras que los trabajadores sienten la impotencia de no ver reflejadas sus demandas en ningún lugar, porque las cadenas mediáticas las ocultan recurrentemente y, porque el confinamiento obligado restringe cualquier iniciativa de movilización popular.

En conclusión, el gobierno evidencia su total orientación y entrega a los intereses de los sectores de más altos ingresos. En su pobre y muy poco pensada agenda de gobernanza, están ausentes la formulación y aplicación de verdaderas políticas públicas que tiendan a la redistribución de la riqueza social y al fortalecimiento de la institucionalidad, necesidades como: potenciar el sector salud  y su talento humano, completar la infraestructura hospitalaria, mejorar el acceso a la tecnología en un país en el que sigue siendo limitado, regular el crédito productivo para las pequeñas y medianas empresas, entre otras; para el régimen se hacen solo como expresiones de buenos deseos, como aquellas que se promocionan en las contiendas electorales, antes que en la declaración de una eficaz voluntad política por practicarlo. Se deja constancia de que no se rechazan -ni deben rechazarse- una serie de aportes puntuales, solidarios, de cualquier índole que por supuesto son bienvenidos; sin embargo, es perentorio señalar que estos no pueden sustituir la acción del Estado. Lo que si se impugna, y debe hacerse, es que el neoliberalismo es proclive a utilizar estas modalidades que en definitiva preservan intereses particulares, por lo general de los más ricos.

 

 

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