El coronavirus demanda un giro radical en la política económica

Bayardo Tobar

 

El aparecimiento y expansión de la epidemia del Coronavirus, pero ante todo, la inusual y radical decisión del gobierno chino -seguido de Italia-, de aislar no solo a los contagiados sino a ciudades y regiones enteras con millones de habitantes y paralizar las actividades productivas, de transporte y comercio, en lo que parece más bien un “laboratorio de ingeniería social” para el control de la población (Raúl Zibechi), ha precipitado la ya anunciada crisis financiera y recesiva de la economía global.

La emergencia exige, en el caso ecuatoriano, dar un giro también radical a la política económica para enfrentar los desafíos originados en el derrumbe de los precios del petróleo como efecto de la demanda, pero sobre todo por la decisión unilateral del reino de Arabia Saudita, y que afecta, no al pago de sueldos y salarios en el sector público, que se pagan con impuestos, sino a la inversión social y al pago del servicio de la deuda pública, el principal factor del desequilibrio fiscal.  

Así, en lugar de continuar con la reducción de la inversión social en salud  es urgente dotarle de recursos y potenciar su capacidad de gestión para aplicar medidas preventivas y de contención del Coronavirus;  en lugar de contratar nueva deuda, renegociar la deuda con los acreedores públicos, privados, multilaterales y los contratos petroleros con China; revertir la tendencia desreguladora del sector financiero y la salida de capitales y aplicarse en el cumplimiento de las regulaciones y controles previstos para evitar que se reproduzcan los efectos letales de la crisis bancaria de 1999, esto es, evitar que con el pretexto de auxiliar al sector exportador para contrarrestar, entonces, el impacto negativo del “fenómeno del niño” y,  ahora del Coronavirus, se multipliquen los créditos vinculados y a “empresas fantasmas”, se viabilice la fuga de capitales, se incremente “artificialmente” la cartera vencida y se expropien los ahorros de los ecuatorianos, personales y de la reserva internacional (A propósito, sería bueno que los funcionarios del Banco Central y del gobierno informen a cuantos deudores multimillonarios de la banca cerrada, especialmente del Banco del Progreso y del Filanbanco, les cobraron la deuda que paso a la AGD al “Fideicomiso, No más impunidad”).

El gobierno y los empresarios-ministros deben abandonar el “Estado de Propaganda” y buscar un “diálogo nacional” auténtico – no simulacros-, con una agenda orientada a que los costos de la desaceleración económica se repartan equitativamente entre todos los actores y no se carguen sólo a los trabajadores y los consumidores.  En efecto, la agenda del diálogo propagandeado por el gobierno gira exclusivamente en torno a la disminución de los salarios y la flexibilización laboral, la desregulación financiera, la venta de empresas públicas rentables y el “gasolinazo” para los usuarios, mientras se mantiene el subsidio al diésel para el monopolio del transporte y los empresarios de los sectores de la pesca, acuicultura y camarón.

La agenda de una “mesa de diálogo” auténtica debe incluir temas como la limitación de las ganancias en las actividades no productivas y de los grandes grupos económicos que pagan en tributos menos de 4% de sus ingresos multimillonarios; el pago de la deuda al IESS por aportes patronales del sector privado (más de 1000 millones de dólares); la eliminación de la práctica del sector privado judicializar el pago de tributos (más de 2000 millones de dólares) para evadirlos o condonar los intereses y las multas; evitar la desregulación  del sector financiero para preservar los ahorros de los ecuatorianos depositados en la banca y cooperativas; el saneamiento del sistema de contratación y compras públicas; la “cooperación eficaz” de los gremios de comerciantes para denunciar a los responsables  de las prácticas de contrabando y de declaraciones falsas en la importación con fines de evasión; medidas concretas para equilibrar el déficit de la balanza comercial del sector privado;  fortalecimiento del mercado interno y protección de los sectores de producción nacional; el co-financiamiento de un plan nacional de ciencia, tecnología e innovación para ampliar la cobertura y cultura digital, como factor clave de la productividad y competitividad, etc. etc.     

El gobierno y los empresarios deben reconocer el fracaso de la política de incentivos, vía remisión de multas e intereses de las deudas tributarias, la exoneración de impuestos hasta por 20 años,  la eliminación del anticipo al impuesto a la renta, etc. etc. para sustituir la inversión pública por la privada. Tesis  neoliberal inviable y retrógrada frente a la propuesta desarrollista de buscar la cooperación y el equilibrio entre mercado y Estado, entre inversión pública y privada.

Los empresarios deben escuchar a los economistas y periodistas de opinión que defienden sus intereses y no han cesado durante estos tres años de propagandear sus consignas: flexibilidad laboral, eliminación parcial del subsidio a los combustibles, desregulación financiera y privatizaciones pero que, además, consideran que los empresarios “en lugar de presionar al Gobierno para conseguir beneficios, protección, subsidios, etc.”, tienen también la obligación de “invertir, innovar y arriesgar”. (Cesar Augusto Sosa, El Comercio,  30 de septiembre del 2019).

O como sugiere Walter Spurrier, “Independientemente del avance en políticas públicas, y de que mejore el entorno internacional, cada empresa tiene que priorizar bajar sus costos… A nivel de industrias, para las que la urgencia es mayor por la competencia de los importados, tendrán que buscar cómo bajar costos en cada etapa de su proceso productivo o comercialización, y entre las cosas que tendrán que buscar es la utilización de nuevas tecnologías. Especializarse en los productos en que tienen mayor margen, abandonar aquellos donde no hay perspectiva de recuperar competitividad. Por último, cambiar de línea. El tema es ajustarse, o perecer” (Walter Spurrier, Les toca las empresas, 17 de septiembre de 2019).

Las citas tienen el mérito de evidenciar que el costo salarial no es el más importante y menos el único factor del que depende la competitividad de las empresas y destaca la importancia de la innovación y la tecnología para mantenerse en el mercado. Recordemos que antes de que el Coronavirus se convierta en el detonante de la crisis en curso, los exportadores ecuatorianos ya fueron observados por la Unión Europea y China sobre los estándares fitosanitarios, lo que refleja la escasa o nula reinversión de las ganancias empresariales en calidad e innovación.

 

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