¿Vandalismo, terrorismo o lucha de clases?

Iván Fernández

 

Bien se ha dicho que “la lucha de clases es el motor de la historia”. Hay períodos en que las contradicciones sociales disminuyen y en otros momentos se exacerban, dependiendo de las circunstancias. Pueden ser períodos de auge económico en que el Estado y las clases dominantes distribuyen algo del excedente y disminuye la presión social. Pueden ser períodos de represión como fue la época de las dictaduras fascistas en América Latina en las décadas de 1970 y 1980, como la de Pinochet en Chile o del General Videla en Argentina, en que se asesinaba a quien se atrevía a protestar. O pueden ser momentos de crisis social y política en coyunturas de recesión económica o por políticas públicas que afectan determinados intereses. El nivel y las formas de la lucha de clases dependen de cada circunstancia, del grado de organización de los actores sociales y del nivel de la represión con la que generalmente responden los gobiernos.  

El mes de octubre y noviembre de 2019 se produjo uno de esos momentos de exacerbación de la lucha de clases en tres países de la región, cada uno por sus propias causas: en Ecuador de 1 al 12 de octubre, en Chile del 15 de octubre hasta inicios del mes de noviembre y en Bolivia a partir de la renuncia del presidente Evo Morales el 10 de noviembre, confirmándose la existencia de contradicciones que el capitalismo genera en sus estructuras sociales y que se resuelven a través de la lucha de clases. Esta es una ley de las sociedades, no depende ni de cubanos, ni de venezolanos, ni de los “Latín King”, ni de terroristas, como afirmaban en sus fantasías tanto la Ministra de Gobierno del Ecuador como el presidente Piñera de Chile.

En el caso de Chile, la revuelta se inició por la subida del precio del pasaje del metro en Santiago, pero fue la chispa que encendió insatisfacciones sociales acumuladas durante 30 años y develo que el “milagro chileno” era un mito. Que la vía neoliberal de desarrollo capitalista, si bien generaba crecimiento económico, este se concentraba en un reducido número de familias de las clases dominantes y excluía a la mayoría de la población. Solo era cuestión de leer y comprender las pancartas que se exhibieron en la marcha más grande de la historia de Chile donde un millón quinientas mil personas se manifestaron en Santiago: “No más AFP”; “Educación gratuita y de calidad”; “Acceso a salud gratuita”; “Salarios dignos”; “No más endeudamiento familiar”, “Democracia real”; “Nueva Constitución”, entre otras. Ahí están las causas por las cuales las clases populares y parte de las clases medias se lanzaron a la lucha. El sistema de privatización de la seguridad social a través de las Administradoras de Fondos de Pensiones es totalmente injusto, paga pensiones de hambre a los jubilados y las ganancias de las inversiones se las reparten los administradores de las seis AFP existentes. La privatización de la educación y la salud ha llevado a un endeudamiento insostenible a las familias chilenas para pagar por estos servicios que en toda América Latina son ofrecidos de manera gratuita por el Estado. Los salarios de los sectores populares son de los más bajos de la región a pesar del crecimiento de la economía, por la alta concentración del ingreso. La Constitución Política aprobada en le época de Pinochet no es el mejor medio para una democracia real y mantiene en situación de privilegio a los propietarios de las grandes empresas, de los bancos y a las Fuerzas Armadas y Carabineros (policía), donde últimamente se han dado graves casos de corrupción. En ese escenario, del cual no se salva ni la iglesia católica cuya jerarquía tuvo que renunciar ante el Papa Francisco por los innumerables casos de pedofilia cometidos por sus miembros, era de esperarse la protesta de las clases sociales afectadas que llego a niveles de represión y de violencia muy graves. Resultado de la represión, no del terrorismo, 21 fallecidos, más de 120 heridos en los ojos y el rostro por bombas lacrimógenas o perdigones disparados por la policía al rostro de los manifestantes, y cientos de detenidos.

En el caso de nuestro país, es conocido que el gobierno se encontraba agencioso preparando un “paquetazo” económico para cumplir con las exigencias del acuerdo firmado con el FMI. A mediados del mes de septiembre de 2019, las organizaciones que conforman la Confederación de Organizaciones Indígenas del Ecuador – CONAIE –  anunciaron que se retiran del diálogo con el gobierno nacional, pues no se concretaban sus demandas, siempre se reunían con delegados del gobierno de tercer nivel sin capacidad de tomar decisiones y se les había engañado por más de un año. Por este motivo se preparaba una gran marcha indígena a la ciudad de Quito para hacer conocer sus demandas. También es conocido que los pueblos y nacionalidades indígenas del Ecuador viven en las zonas rurales, donde la pobreza –por ingresos- llega al 43%, casi el doble del promedio nacional. Hay provincias donde la pobreza supera el 50% como Napo (51,6%), Morona Santiago (53%) o Chimborazo (49%). Los más altos indicadores de desnutrición, mortalidad infantil, desempleo, subempleo afectan a los pueblos indígenas. Ellos son la expresión de una exclusión social histórica por parte de toda la sociedad ecuatoriana, de todos los gobiernos y del Estado.

En el contexto de una marcha anunciada, el martes 1 de octubre de 2019, en una cadena nacional de radio y TV, el Presidente de la República anuncia sorpresivamente que ha firmado un Decreto Ejecutivo mediante el cual se suprime el subsidio a los combustibles, gasolina y diésel, y que a partir de esa fecha regirán precios de mercado, lo cual significaba un incremento desproporcionado frente a las condiciones de vida de dicha población. Esa medida causo el malestar de la CONAIE quienes adelantaron la marcha hacia Quito y el Frente Unitario de Trabajadores – FUT – llamo a una huelga nacional para el miércoles 3 de octubre. Por su parte los gremios del transporte pesado, interprovincial, escolar y de taxistas se declararon en paro.

A partir de ese momento, las condiciones para una protesta social masiva estaban dadas y esta se manifestó durante los primeros 12 días del mes de octubre, con una fuerza que ni los propios organizadores se esperaban, pues se unieron sectores populares de las ciudades, estudiantes y algunas capas medias. Es decir, las clases sociales subalternas se movilizaron y entraron en lucha contra el poder del Estado, las Cámaras de la Producción que, en representación de la burguesía, mediante sendos comunicados respaldaron al gobierno y contra los medios de comunicación que en una actitud racista condenaban la movilización y las protestas. Las crisis políticas tienen algo de positivo y es que emergen las contradicciones de clases y se puede observar con mayor claridad sus intereses y estrategias, el rol del Estado capitalista y los mecanismos de resolución de los conflictos planteados.

Ha transcurrido más de un mes de la protesta social y nadie, desde el poder del Estado, han presentado un solo “terrorista” nacional o extranjero. Un grupo de “quiteños” adoloridos por la “destrucción del centro histórico”, se rasgan las vestiduras y acusan al movimiento indígena de haber “atacado a la ciudad de Quito” ¿y los 10 indígenas y ciudadanos fallecidos por la represión? ¿y los más de 1.300 heridos? ¿y los 850 presos? Más les importa las veredas y cuatro piedras que las vidas humanas, peor aún si son indígenas. ¡Es conocido cómo quedan las calles de París cuando los “chalecos amarillos” salen a protestar ¡ahí nadie los acusa de salvajismo o terrorismo! Igual sucede en las protestas de los independentistas en Barcelona, de las marchas sociales en Hong Kong. Aquí no se trata de vandalismo, son los costos de todo enfrentamiento social con las fuerzas represivas del Estado y que se dan en todas partes del mundo.

El golpe de estado en Bolivia que llevo a la renuncia de Evo Morales ha desatado una protesta social de los pueblos indígenas, en particular de los Aymaras en el Alto y de los cocaleros de Cochabamba, como respuesta a la represión violenta de los sectores racistas de la ultraderecha y de las sectas evangélicas, que han causado ya más de una docena de muertos y cientos de heridos. Aquí se trata claramente de un terrorismo de Estado a través de la policía y el ejercito que trata de aplacar la protesta social legítima.

En síntesis, se reactivó la lucha de clases por las contradicciones propias de la dominación capitalista, sea por cumplir los mandatos del FMI en Ecuador, por la exclusión social del modelo neoliberal chileno o por la acción de la ultraderecha evangélica que estaba agazapada en Bolivia. Ni terrorismo ni vandalismo, es la lucha de las clases sociales subalternas o populares las que se manifestaron contra dominación burguesa. Y la lucha continúa.

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