Mantener la resistencia en el debate teórico y de política económica

Bayardo Tobar

 

“En la vida lo más importante es la resistencia, porque es la única manera de cambiar a uno mismo y a la sociedad. Tenemos siempre razones para resistir y no siempre lo hacemos”
Costa-Gavras

Tanta tinta invertida en demostrar que el paquete de medidas económicas, que incluía la supresión del subsidio a la gasolina y el diésel, no contribuían a resolver el déficit fiscal ni a reactivar la economía, como propagandeaba el gobierno, cuando éste, atrapado en el incendio que había generado con la aprobación del decreto 883 afirma, sin ruborizarse, que el verdadero objetivo de la medida era –sorpréndase!-: combatir a los narcotraficantes que usan la gasolina como precursor y a los contrabandistas de combustibles que operan en el mar. El gobierno y sus voceros habían perdido la batalla en el campo de la teoría y la política económica. De esa manera, pretendían y pretenden, convertir el problema económico en un tema policial del que tampoco pueden salir bien librados, pues, los organismos de seguridad del Estado que cuentan con el monopolio del uso de la fuerza y están bajo su dirección, son los responsables del crecimiento de las actividades delictivas en el país, incluidos el narcotráfico y el contrabando. Y no por ineficiencia. Como dice Jorge Luis Borges: cuando la policía (entiéndase las fuerzas de seguridad y la justicia) no puede resolver un crimen no hay que dudar de su eficacia, es que está comprometida.

 

De otro lado, la noche de las “negociaciones” o mejor de las maniobras obscenas para desprestigiar la protesta social y no derogar el Decreto 883, los voceros gubernamentales recurrieron por enésima vez el símil de un padre de familia que irresponsablemente gasta más de lo que tiene y cuando se queda sin ingresos no le queda otra alternativa que endeudarse o reducir dramáticamente sus gastos.

 

Más allá de la burda simplificación que supone comparar al Estado con un padre de familia, no dicen que el padre de familia o, siguiendo la comparación, el Estado que ha gastado en exceso tiene, sin embargo, cuentas que cobrar y que, por tanto, antes de endeudarse tiene que cobrar a los que le deben, entre los cuales se encuentran los principales grupos económicos financieros y comerciales del país. Sin embargo, el gobierno (o el padre de familia) hace todo lo contrario de lo que debe hacer y se vuelve doblemente irresponsable: no solo les perdona los intereses y las multas a los que le deben sino que, además, les exonera el pago de aranceles; les rebaja, devuelve y elimina impuestos, es decir, reduce sus ingresos y agrava la tendencia al déficit fiscal.

 

Pero el gobierno no sólo complica las finanzas públicas sino que, con la reducción de aranceles, incentiva las importaciones y la salida de dólares con lo cual, en condiciones de menor ritmo de crecimiento de las exportaciones, agrava el déficit de la balanza comercial y de pagos y se incrementa la presión para una mayor contratación de deuda externa, cuyo servicio se ha convertido ya en la principal causa del déficit fiscal. Con la reducción al 50% en el impuesto a la salida de divisas, además de menores ingresos para el fisco, favorece la fuga de capitales que puede provocar – de eliminarse totalmente el ISD o eliminar otros controles a través de la reforma al Código Monetario- la desdolarización de la economía. Con la supresión del anticipo del impuesto a la renta, además de restar liquidez al gobierno  se presiona por un mayor endeudamiento y se renuncia a un mecanismo que permitía, mal que bien, limitar la evasión en el pago del impuesto a la renta.

 

Y como si eso fuera poco, por el lado del gasto la irresponsabilidad es mayor, luego de un recorte suicida de la inversión pública que incide en el estancamiento de la economía, se propone a la Asamblea reformas laborales inconstitucionales, regresivas de derechos y violatorias de convenciones y tratados internacionales suscritos por el Ecuador, como el impuesto al trabajo: todos los empleados de las empresas públicas deben entregar cada mes un día de sueldo o la disminución de las vacaciones del sector público de  30 a 15 días y la incorporación al mercado de nuevos trabajadores, particularmente de los jóvenes, en condiciones de precarización (trabajo por horas, a plazo fijo, teletrabajo y sin seguridad social).  Este tipo de medidas en poco o nada contribuyen a resolver el déficit fiscal o a generar mayor empleo pero, en cambio, reducen el poder adquisitivo de la población y el mercado interno con lo cual se coarta cualquier expectativa de reactivación económica. Mientras con las exoneraciones tributarias supuestamente se crean estímulos para activar la inversión con la reforma laboral se desactiva la demanda de consumo que es lo que le daría algún sentido a las exoneraciones para incrementar la inversión. Una incongruencia bastante obvia.

 

La estrategia gubernamental de otorgar cada vez más incentivos al capital en perjuicio del trabajo y de la población no termina con el paquete de medidas tributarias y laborales que desató la ira popular, la tenaza se cierra con la llamada reforma al Código Orgánico Monetario y Financiero bajo el lema: “devolver la autonomía al Banco Central”.  En efecto, con el pretexto de que el gobierno anterior abusó de los préstamos del Banco Central para financiar el déficit fiscal, se propone ahora prohibir este medio de financiamiento del sector público e incrementar la reserva internacional hasta 14.000 millones dólares en el 2024, según la Carta de Intención firmada con el FMI, y ponerla al servicio y disposición del capital financiero nacional e internacional para sus negocios y la fuga de capitales.

 

La aspirada ‘autonomía’ del Banco Central (…) en lo que concierne al sistema monetario, implica renunciar a la posibilidad de concebirlo como un ‘bien público’ (…) donde una regulación pública es necesaria para su buen funcionamiento para  convertirlo en un bien privado que permite la extracción rentista por parte de los sectores que lo pueden controlar (p.ej. los bancos privados monopolizando la emisión monetaria). La autonomía es entonces una pieza más en el proceso de privatización de las riquezas y socialización de los costos que implica el ‘paquetazo’ de Lenin Moreno, del FMI y de la oligarquía ecuatoriana”. (“El paquetazo y la autonomía del Banco Central, algunas reflexiones.”, Eric Stefano Meyer, octubre 10, 2019. Ver: https://bit.ly/343Yhzg; también: Cómo interpretar a los préstamos del Fondo Monetario Internacional FMI (demás multilaterales) y su relación con la dolarización, julio 4, 2019, Eric Meyer y Robertho Rosero. Ver: https://bit.ly/2Pice8n).

 

En una economía rentista como la ecuatoriana el aumento de los beneficios a favor de los grandes grupos económicos no abre nuevas oportunidades de negocio y de inversión, sino una mayor capacidad de tales grupos para explotar su poder de mercado. Evidencias al canto: a pesar de las enormes utilidades obtenidas en estos años de crisis los bancos no han reducido las tasas de interés ni fomentado el crédito para la producción; las cadenas de supermercados, las transnacionales de telefonía móvil y las grandes empresas inmobiliarias no han contribuido a incrementar la oferta de productos, servicios y vivienda, a bajar los precios, generar empleo o mejorar los salarios de sus trabajadores. La inversión del sector privado no crece a pesar de que en agosto del 2018 el gobierno les condonó multas e intereses de sus deudas tributarias por 987 millones de dólares.

 

Ante este panorama es necesario mantener la resistencia teórica y práctica frente a la insistencia del gobierno en liderar la ofensiva del capital contra los trabajadores, la población y una economía sustentada en el mercado interno para favorecer el agronegocio de exportación, la minería a cielo abierto y la especulación inmobiliaria urbana, ejes del modelo económico neoliberal. Más aún si en ese empeño cuenta con el aval del poderoso y anacrónico FMI y de economistas que copan todos los noticieros y que no piensan, solo aplican sus conocimientos a los problemas definidos por los poderosos: bajar impuestos, obtener compensaciones, precarizar el trabajo, congelar salarios. Jamás opinan sobre  inversión en ciencia, tecnología e innovación como factores claves para bajar costos, incrementar la productividad y la competitividad, preservar los recursos naturales y proteger el ambiente. No tienen límites éticos ni barreras morales en la búsqueda de resultados financieros y ganancias.

 

 

 

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