La Unidad de Coyuntura y el Instituto Superior de Investigación y Posgrado (ISIP) de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Central del Ecuador al País

LAS MEDIDAS ECONÓMICAS NO RESUELVEN EL DÉFICIT FISCAL NI REACTIVAN LA ECONOMÍA

El Presidente Lenin Moreno Garcés y su frente económico han impulsado un paquete de medidas económicas profundamente lesivas para el interés colectivo (mayoritario) que, a criterio nuestro, no contribuyen a resolver el déficit fiscal ni promueven la reactivación de la economía. De esta manera, el paquete de medidas, desde la base conceptual y empírica, apuntaría más bien a resultados contrarios.

La idea –insistente– de que la nueva deuda es un signo de confianza del capital extranjero en la economía del país es ilusoria, más bien constituye la evidencia innegable del fracaso de los planes aplicados desde enero 2018 para reactivar la economía, equilibrar las finanzas públicas y legitimar la firma de acuerdo con el FMI, allanando las condiciones para adoptar, entre otras medidas, la supresión de los subsidios a los combustibles y el envío a la Asamblea Nacional de una serie de reformas tributarias y laborales. 

 

La completa supresión del subsidio a los combustibles tiene un impacto negativo en el poder de compra de los ecuatorianos similar a una elevación del IVA, sobre todo en los sectores de ingresos medios y bajos, como consecuencia del inevitable traslado del precio de los combustibles a las tarifas del transporte tanto de personas como de carga y, consecuentemente, al precio de los bienes y servicios de consumo masivo.

 

La reducción de aranceles con el fin de abaratar los bienes importados estimula una mayor salida de capitales. Para ello se propone: i) la eliminación o reducción de aranceles para maquinaria, equipos y materias primas agrícolas e industriales y; ii) la eliminación de aranceles a la importación de celulares, computadoras, tabletas. En este marco se espera la reducción a la mitad del impuesto a la salida de divisas (ISD) para materias primas, insumos para bienes de capital; la disminución del impuesto a los vehículos de menos de Usd. 32.000 para uso productivo; y la eliminación de anticipo del impuesto a la renta. Creer que la resolución del déficit fiscal se solventa con la disminución de la recaudación tributaria es una contradicción dantesca.

 

La reducción aranceles al incrementar las importaciones, que (ya) superan el valor de las exportaciones, agrava el déficit comercial y de pagos que, sumado a la presión del servicio de la deuda externa, socaban la estabilidad de la dolarización que se dice defender. A ello hay que agregar la reducción de los ingresos netos de divisas por concepto del envío de remesas. El efecto global genera una enorme presión sobre la balanza de pagos y sobre la misma dolarización.  

 

En materia de reformas laborales se propone la incorporación de nuevos trabajadores, particularmente jóvenes, en condiciones de precarización (trabajo por horas, inestabilidad por despidos intempestivos, teletrabajo, etc.) y por primera vez un impuesto al trabajo: el pago de un día de sueldo de forma mensual (adoptado antes en casos de catástrofe grave y por tiempo limitado, como en el terremoto del 2016). Se prevé la reducción de los sueldos y salarios de los empleados públicos a través de medidas como la renovación de los contratos ocasionales con un 20% menos en su remuneración y, adicionalmente, la reducción de 15 días de vacaciones anuales para los servidores públicos en desmedro de sus derechos laborales.

 

Por el otro lado, medidas como la contribución de las empresas con ingresos superiores a los Usd. 10 millones al año generarían para el fisco unos Usd. 100 millones (anuales), resultado estéril  e inconcebible sobre todo frente a la obligación legal y ética de los empresarios para cumplir con sus impuestos en lugar de evadirlos y/o de judicializarlos para no pagarlos. En ese sentido, según la CEPAL, está demostrado que si el estado disminuye la evasión del impuesto a la renta, así como la del IVA y utiliza la vía coactiva para deudores inescrupulosos en un 55%, obtendría recursos por un monto de Usd 4.200 millones. Esto, sin duda, vuelve innecesario el endeudamiento con el FMI y otros organismos y, sobre todo, el paquete de medidas adoptadas y propuestas.

 

En síntesis, las acciones promulgadas por el ejecutivo no reactivan la economía ni contribuyen a solucionar el déficit fiscal, al contrario agravan la situación económica acarreando lesivas y graves consecuencias para el tejido social. Las exoneraciones de impuestos y aranceles a favor de determinados sectores empresariales (recordemos la condonación de multas e intereses por deudas tributarias) ni contribuyen a generar confianza ni estabilidad social.

 

El carácter disperso y contradictorio del paquete de medidas devela la ausencia de una estrategia económica coherente articulada a partir del interés general y nacional. El sometimiento de la política económica a intereses de ciertos grupos empresariales debe terminar. Nuevamente el costo del paquete de medidas será trasladado a los creadores de la riqueza nacional: los trabajadores de la ciudad y el campo, a los sectores más vulnerables de la sociedad, los desempleados y los subempleados, a los cuales se pretende neutralizar con un bono de 15 dólares y la ilusión del Plan Casa para Todos. 

 

¡Ya basta!

 

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