¿Qué pasa con la Minería Legal e Ilegal en el Ecuador? ¿Es imposible dejar el oro, cobre, plata y petróleo en el subsuelo del Ecuador?

Alberto López B.

 

Pocos países en el mundo cuentan con altos recursos mineros, así por ejemplo en 16 provincias del Ecuador existe en: oro, cobre, plata y petróleo.  A pesar de ello, nuestro país atraviesa por serios problemas económico sociales; con un índice de pobreza extrema del 8,4%, tasa de desempleo del 4,6%,  alrededor de 5 millones de PEA con empleo no adecuado, un país altamente endeudado, con déficit presupuestario elevado, etc.; esto ocasionado por gobiernos ineficientes, con baja capacidad en gestión pública, desconocimiento de minería y falta de una adecuada política económica y minera.

En el Ecuador, el debate sobre la explotación minera es de gran importancia, las ponencias  de ambientalistas, grupos ecológicos, mineros, sociedad, estado y academia, debe realizarse con ética, profesionalismo y seriedad; desde el boom petrolero se han generado demandas legales nacionales e internacionales por comunidades indígenas de la Amazonía, debido al impacto ambiental de la  explotación petrolera ocasionado por malas prácticas mineras, durante la explotación produjeron: a) Daños a la naturaleza, basta revisar en la Amazonía las extensas áreas de selva contaminadas con petróleo; en la sierra  la minería contamina ríos, causes, alteración de los ciclos naturales en flora y fauna, destrucción de la flora y fauna, contaminación del agua, destrucción de la corteza terrestre, etc.; b) Daños a la salud humana de las poblaciones aledañas a las minas, Intoxicación de las personas, enfermedades a la piel, cáncer etc. c) Daño social en las poblaciones con la creación de negocios ilegales: prostíbulos, drogadicción, tráfico de personas, explotación laboral, lavado de activos, etc. d) Los Ingresos de la minería fueron en beneficio de pocas personas, en su mayoría de capital extranjero y en pequeña proporción a mineros artesanales ecuatorianos. e) Las regalías e impuestos recaudados por el estado, han servido para despilfarro de recursos, dejando un  perjuicio por miles de años en la naturaleza, pobreza y desempleo para la población ecuatoriana.

Ante estos problemas y las necesidades por las que atraviesa la economía ecuatoriana se ha planteado la siguiente interrogante ¿Es imposible dejar el oro, cobre, plata y petróleo en el subsuelo del Ecuador? Desde el boom petrolero de los años 70, con honrosas excepciones de gobiernos honestos,  las “cualidades” de los gobernantes que ha tenido el Ecuador desde 1972 del “Gobierno Revolucionario” de la Dictadura Militar no se han optimizado los recursos provenientes del petróleo, hasta el año 2016 que terminó década ganada de la “Revolución Ciudadana” se despilfarraron y saquearon miles de millones de dólares provenientes del petróleo. Bajo estas circunstancias, el presente artículo también contiene una breve reflexión sobre ¿Qué pasa con la Minería Legal e Ilegal en el Ecuador?; analizando la situación económico-social del país, es necesario revisar el marco legal vigente para la minería, que permita analizar la política minera del Ecuador.

¿Es imposible dejar el oro, cobre, plata y petróleo en el subsuelo del Ecuador?

El artículo 407 de la Constitución del Ecuador dice: “Se prohíbe la actividad extractiva de recursos en áreas protegidas y en zonas declaradas como intangibles, incluida la explotación forestal. Excepcionalmente dichos recursos se podrán explotar a petición fundamentada de la Presidencia de la República  y previa declaratoria de interés nacional de parte de la Asamblea Nacional, que, de estimarlo conveniente podrá convocar a consulta popular”. (Asamblea Nacional, Constitución de la República, 2008, pág. 181)

El Capítulo Quinto de la Constitución establece los Sectores estratégicos, servicios y empresas públicas, en el art.313 dice que el Estado se reserva el derecho de administrar, regular, controlar y gestionar los sectores estratégicos, que son de decisión y control exclusivo del Estado, por su trascendencia y magnitud tienen decisiva influencia económica, social, política o ambiental y deberán orientarse al pleno desarrollo de los derechos y al interés social.

Sobre medio ambiente e ingresos fiscales, el artículo 317 dice: “Los recursos naturales no renovables pertenecen al patrimonio inalienable e imprescindible del estado. En su gestión el Estado priorizará la responsabilidad intergeneracional, la conservación  de la naturaleza, el cobro de regalías u otras contribuciones no tributarias y de participaciones empresariales; y minimizará los impactos negativos  de carácter ambiental, cultural, social y económico”. (Asamblea Nacional, Constitución de la República, 2008, pág. 149)

Con relación al dominio del Estado sobre minas y yacimientos, el art. 16  Ley Orgánica de Minería, en concordancia con el art. 408 de la Constitución, dice: “Son propiedad inalienable, imprescindible e irrenunciable del Estado, los recursos naturales y, en general, los productos del subsuelo, los minerales y sustancia cuya naturaleza sea distinta de la del suelo, incluso los que se encuentran en las áreas cubiertas por las aguas del mar territorial. El dominio del Estado sobre el subsuelo se ejercerá con independencia del derecho de propiedad sobre los terrenos superficiales que cubren la minas y yacimientos”. (Asamblea Nacional, Ley Orgánica Reformatoria a la Ley de Minería, 2013, pág. RO.037)

Sobre el cuidado del medioambiente en los sectores donde existen los minerales, el art. 9 del Código Orgánico del Ambiente indica que los Principios ambientales constituyen los fundamentos conceptuales para todas las decisiones y actividades públicas o privadas de las personas, comunas, comunidades, pueblos, nacionalidades y colectivos, en relación con la conservación, uso y manejo sostenible del ambiente, y son: 1. Responsabilidad integral, 2. Mejor tecnología disponible y mejores prácticas ambientales, 3. Desarrollo Sostenible, 4. El que contamina paga, 5. In dubio pro natura, 6. Acceso a la información, participación y justicia en materia ambiental se informará amplia y oportunamente, de conformidad con la ley. 7. Precaución., 8. Prevención, 9. Reparación Integral, y 10. Subsidiariedad. (Presidencia de la República, Código Orgánico Ambiental, 2017, pág. art.9)

En base a la normativa legal vigente para la minería, está demostrado con la explotación del petróleo desde hace cincuenta años, podemos afirmar que es imposible dejar el oro, cobre, plata y petróleo en el subsuelo del Ecuador; sin embargo, existe temor por el daño ambiental que causa, porque, no se ha cumplido con lo establecido en el art. 72 de la Constitución: “En los casos de impacto ambiental grave o permanente, incluidos los ocasionados por la explotación de los recursos naturales no renovables, el Estado establecerá los mecanismos más eficaces para alcanzar la restauración, y adoptará las medidas adecuadas para eliminar o mitigar las consecuencias ambientales nocivas”. (Presidencia de la República, 2018, pág. RO. 983)

En la investigación realizada por Vásquez L, Espinosa M & Eguiguren M (2016), sobre “La percepción de conflictos socio-ambientales en las zonas minerales: El caso del Proyecto Mirador en Ecuador”, los principales resultados son: 1) Conflictos sociales: los factores políticos y la minería generan división poblacional, violencia intrafamiliar, robos, embarazo precoz; 2) Ambiental: contaminación del agua, tala de árboles, quema de basura inorgánica, ganado libre en la montaña; 3) Amenazas Sociales: Delincuencia, aumento de bares, prostíbulos, drogadicción, migración de personas robos, malas relaciones de pareja, enfermedades, asesinatos; 4)Amenazas Ambientales: Contaminación del aire, suelo y agua pestes para animales, agotamiento de fuentes de agua, disminución de la producción agrícola.

¿Qué pasa con la Minería Legal e Ilegal en el Ecuador?

En el país, el sector minero ecuatoriano a Gran escala “Legal” está preocupado por los resultados de la consulta popular sobre el proyecto Loma Larga en el Cantón el Girón del Azuay, mediante la Cámara de Minería sostienen que dichos resultados no son aplicables para los proyectos que se están ejecutando en el país. Por su lado el sector de la minería a Pequeña escala  “Minería irregular/ilegal” respaldados por  los dirigentes de las comunidades campesinas, ambientalistas y grupos sociales, siguen explotando las minas de manera anti técnica generado problemas económicos y ambientales. Por su parte el Estado en su Plan Nacional Minero contiene seis ejes, siete objetivos y siete políticas públicas; actualmente tiene cinco proyectos mineros importantes: El Mirador con minas de: oro, cobre y plata; Fruta del Norte tiene oro; Río Blanco con mina de oro y plata; Loma Larga con oro;  y San Carlos que tiene cobre.

Bajo el proceso de subasta y remate, el Estado adjudicó 275 concesiones mineras, se espera una inversión minera de 1.250 millones de dólares que permitirán hasta el año 2021 un crecimiento del PIB  hasta el 4%, alrededor de 6.000 plazas de empleo; más allá de una adecuada política minera, al gobierno del Presidente Moreno le interesa la recaudación de impuestos, patentes y regalías por aproximadamente 836 millones de dólares en los próximos tres años, recursos que servirán para financiar el Presupuesto General del Estado; en el año 2018 el 53% de inversión extranjera se destina a la minería.

Para analizar y evaluar la minería legal e ilegal, es necesario revisar si las personas naturales o jurídicas que realizan esta actividad, cumplen con las normas legales vigentes y sus características técnicas.

Pequeña Minería (Minería Pequeña Escala), es aquella que, en razón de las características y condiciones geológico mineras de los yacimientos de substancias minerales metálicas, no metálicas y materiales de construcción, así como sus parámetros técnicos y económicos, se hace viable su exploración nacional en forma directa, sin perjuicio de que le precedan labores de exploración o de que se realicen simultáneamente las labores de exploración y explotación.

La capacidad de producción de la minería a pequeña escala, está en base a la concentración de los minerales en los yacimientos y de los métodos de exploración y/o procesamiento técnicamente seleccionado se establece  los siguientes rangos: “a) Para minerales hasta 300 toneladas por día en minería subterránea; hasta 1000 toneladas por día en minería a cielo abierto; y hasta 1500 metros cúbicos por día en minería aluvial; b) Para minerales no metálicos  hasta 1000 toneladas por día, y c) Para materiales de construcción hasta 800 metros cúbicos para minería en terrazas aluviales, y 500 toneladas métricas por día  en minería a cielo abierto en roca dura (cantera)”. (Presidencia de la República, 2018, pág. RO.983)

Las personas naturales o jurídicas que realizan actividades mineras a pequeña escala, para la explotación minera se organizan de diversas formas, sean éstas: concesionarios, cooperativas, condominios, asociaciones de derecho, y asociaciones de hecho; para defender sus derechos, muchas de ellas  están afiliados a una organización gremial a pequeña escala, a nivel  local o zonal existe la Federación de Pequeños Productores Mineros del Austro (FEREPEMA); estas federaciones zonales o provinciales conforman la Federación Nacional de Mineros del Ecuador (FRMINE), el cual interviene en negociaciones en consulta previa con las comunidades y en concesiones con el Estado.

Minería a Gran Escala, debido al gran potencial minero del país, el Estado ha implementado como política minera la minería metálica a gran escala, donde intervienen empresas mineras transnacionales con grandes inversiones de capital firman convenios para la explotación de minas así por ejemplo: La compañía canadiense Ecuacorriente (ECSA, S.A.) y las  compañías de chinas Tongling Non- Ferrous Metals y China Railway Construction Corporation, firmaron proyectos  mineros a gran escala, estas empresas privadas deben recuperar su inversión por lo tanto el objetivo será obtener ganancias. A estos grandes proyectos mineros, existe oposición por grupos de ambientalistas y ecologistas, aduciendo  la existencia de riesgos para la salud, infracción a los derechos de los territorios de comunidades campesinas e indígenas ancestrales que se ven afectados por la minería a gran escala.

Toda explotación minera legal e ilegal, causará daños sociales, ambientales, culturales, en las poblaciones y zonas con recursos mineros; por consiguiente, es responsabilidad del Estado velar por el cumplimiento de las normas legales y técnicas de explotación minera para reducir el impacto ambiental y social, para lo cual deberá implementar  medidas de Política Minera, Laboral y Social para evitar lo sucedido en las minas de Buenos Aires, en Ibarra, donde el gobierno Ecuatoriano tuvo que intervenir con medidas drásticas.

Por consiguiente, desde la academia se debería profundizar el estudio de la Economía Ecológica porque juega un papel fundamental en la explotación minera y permite entender el sistema social como un ecosistema  y la economía en términos de flujos de energía y recursos naturales. Por otra parte, “El PIB puede ser efectivo para calcular la productividad dentro del mercado, pero fracasa ostensiblemente a la hora de calcular el bienestar de los seres humanos y del medio ambiente”. (Kristen Hite, 2018, pág. 97). Por lo tanto, para evaluar el crecimiento económico de un país y su nivel de desarrollo se debe analizar indicadores como: el Índice de Sostenibilidad Ambiental, el Índice de Desarrollo Humano y el Índice de Bienestar.

Para controlar la explotación minera a gran y pequeña escala, el Estado en su política minera deberá implementar dos acciones: a) Levantar el “Catastro Minero”, y b) Aplicar indicadores económicos, ambientales y sociales que se miden en un país y condicionarán las políticas, ya que los recursos naturales son limitados, las futuras generaciones requieren de un medio ambiente y naturaleza libre de contaminación, articulados a un  desarrollo sostenible, con la adopción de sistemas más inclusivos para la evaluación de la economía.

Bibliografía

Asamblea Nacional. (2008). Constitucion del Ecuador. Quito: Publicacion oficial de la Asamblea Nacional.

Asamblea Nacional. (9 de julio de 2013). Ley Orgánica Reformatoria a la Ley de Minería. Quito, Pichincha, Ecuador: Registro Oficial.

Presidencia de la República. (21 de agosto de 2018). Código Orgánico del Ambiente. Quito, Pichicna, Ecuador: Registro Oficial.

Kristen Hite. (13 de julio de 2018). Costes hundidos: Los impuestos ambientales y el PIB. Ecología Politica.

Sánchez, Espinoza & Eguiguren, (Junio del 20169, Percepción de conflictos socio-ambientales en zonas mineras: el caso del proyecto mirador en ecuador

 

 

 

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