Primero de mayo: No a la condicionalidad del FMI, la reforma laboral y las privatizaciones

Bayardo Tobar

 

Las masivas marchas del primero de mayo en las principales ciudades del país tuvieron un denominador común: el rechazo a la decisión del gobierno de contratar deuda externa con el FMI con la condición de “precarizar” el trabajo, privatizar empresas públicas rentables, “reformar” la seguridad social, reducir impuestos  para los más ricos, entre otras medidas que violan derechos constitucionales y producen resultados contrarios a los esperados: incrementan las vulnerabilidad de las finanzas públicas y de la seguridad social, reducen el consumo y el crecimiento económico.

De otro lado, las previsiones en las que se sustenta la condicionalidad del FMI están siendo reprobadas  por su propio fetiche: las cifras macroeconómicas. Gracias a circunstancias coyunturales derivada de la ofensiva de Estados Unidos en contra de Venezuela y China, así como a la conservación de nichos de mercado para las exportaciones no petroleras, la economía ecuatoriana está logrando sortear las tendencias de recesivas de la economía mundial  y en lugar de decrecer muestra signos positivos:

 

  • Las exportaciones no petroleras, en los dos primeros meses del 2019, comparados con los del año anterior, crecen en 5.6%.
  • Sube el precio del petróleo, se incrementa la producción de petróleo del sector público y aunque disminuye la del sector privado ingresan recursos a la economía.
  • “En el consolidado de sus balances, las empresas públicas cerraron el 2018 con USD 828 millones de ganancias. Se trata del segundo año seguido en que en el resultado global, las entidades registran ingresos mayores a sus gastos; es decir, tienen superávit”.[1]
  • En el “primer trimestre del 2019, los bancos privados tuvieron balances con indicadores positivos en la mayoría de variables. Los activos crecieron 4,5% con respecto a marzo de 2018, la cartera bruta mejoró 9,8% pese a que los depósitos crecieron a menor ritmo y las utilidades repuntaron un 21%, cerrando en USD 137 millones en marzo.[2]

 

Todo ello a pesar de que, como dice el Economista, Mauricio Pozo “…hay muy poco dinamismo del sector privado, lo que conspira para el crecimiento económico y el empleo”.[3]  No solo eso sino que el sector privado, al decir de Walter Spurrier, a la espera de una reforma laboral que desvalorice la fuerza de trabajo, ha contribuido a la caída del empleo adecuado en el primer semestre del 2019. Vale la pena citar in extenso la opinión de Spurrier:

En el caso de la reforma laboral, las empresas se enteraron de que probablemente el próximo año podrán contratar personal en condiciones menos rígidas. Por ejemplo, empleados a tiempo parcial sin pagar sobrecargo por horas, o estabilidad solo después del primer año de trabajo. Adicionalmente, saben que para la mayor parte de productos, el mercado no crecerá este año. Por lo tanto, lo prudente es posponer hasta para después de la reforma la decisión de contratar empleados, incluso sustituir a los que se retiran o renuncian, salvo casos especiales. El resultado: en el primer trimestre, el número de empleos adecuados, aquellos que gozan de las protecciones legales, cayó drásticamente, y hoy es menor que hace cinco años, cuando éramos diez por ciento menos ecuatorianos. Ahí las autoridades caen en cuenta de su error, y ven con horror que el empleo seguirá cayendo hasta que se apruebe la reforma. Por eso la adelantan.[4]

 

La “prudencia” para no contratar personal ahora y dejarlo para luego en “condiciones menos rígidas” revela de manera incontrastable de que lo que se quiere es “informalizar a los formalizados” y no “formalizar a los informales”.

 

Resulta evidente que frente al modelo de decrecimiento de la economía que considera al trabajo como un elemento negativo, no como un factor de demanda efectiva sino como un costo de producción que, como todo costo, debe ser reducido al mínimo, la privatización del patrimonio nacional e inclusive de la seguridad social, como proponen el gobierno y los conglomerados empresariales privados que dirigen la política económica. La propuesta de los trabajadores y los movimiento sociales, sin ser revolucionaria y más bien liberal progresista es la que conviene, en este momento, al país: crecimiento de la economía sustentado en el aumento de la demanda e incentivado por la generación (no destrucción) de empleo, incrementar la inversión en investigación e innovación para incrementar la productividad, desburocratización del Estado, combate de verdad a la corrupción en la contratación y las compras públicas, la recuperación de las deudas al SRI y a la Seguridad Social, la renegociación de la deuda externa y los contratos petroleros, soberanía alimentaria, agrodesarrollo incluyente, inserción eficiente en la globalización.

 

Las propuestas enarboladas en las grandes movilizaciones del primero de mayo por las organizaciones de trabajadores, indígenas, campesinas, mujeres, jóvenes, ecologistas, etc. les convierten en la reserva intelectual y ética de la sociedad.  

 

[1] https://www.elcomercio.com/opinion/columnista-opinion-elcomercio-giro-banca.html

[2] https://www.elcomercio.com/opinion/columnista-opinion-elcomercio-giro-banca.html

[3] https://www.elcomercio.com/opinion/columnista-opinion-mejorar-acuerdo-fmi.html

[4] https://www.elcomercio.com/opinion/opinion-walter-spurrier-anuncios-inorportunos.html

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