Las reformas laborales en el Ecuador

Alberto López B.

 

Durante el gobierno del general Albero Enríquez Gallo, el 5 de agosto de 1938 se promulga el primer Código del Trabajo. Desde este año, la política económica y laboral del Ecuador ha tenido reformas significativas, todas estas responden a factores económicos, políticos y sociales generados por una lucha social de las fuerzas productivas; así por ejemplo, en la década de los años 40 ante la crisis económica por la caída de los precios del cacao y la recesión internacional, los grupos económicos de terratenientes y agroexportadores disminuyen la mano de obra inobservando lo dispuesto en el código del trabajo. De esa manera, despiden a trabajadores y generan desempleo.

Describir las reformas laborales en el Ecuador, desde la revolución Juliana hasta la actualidad resulta bastante complejo; sin embargo, se puede  analizar ciertos períodos económicos significativos. Así, en el modelo económico  agroexportador entre los años de 1940 hasta 1970, se presenta un fortalecimiento en la política laboral orientada a regular y crear las relaciones laborales enfocadas a favorecer a dicho sector. En la década de los años 80, el presidente Jaime Roldos Aguilera realiza cambios a la política laboral en beneficio de la clase trabajadora (entre los que cuenta un aumento del 100% al salario mínimo). El presidente León Febres Cordero (1984-1988) y su gobierno de derecha implementaron reformas laborales en beneficio del sector empresarial. 

En la década de los años 90, Sixto Durán Ballén implementa el modelo neoliberal, realiza cambios a la política laboral con reformas al Código del Trabajo, la relación laboral se flexibiliza y la protección a los trabajadores disminuye. En el gobierno interino de Fabián Alarcón también se realizan sendas reformas, basado en 19 leyes se promulga la “Codificación del Código del Trabajo”, publicado en Registro Oficial N° 162 del 29 de septiembre de 1997, esta reforma contiene 13 leyes, reglamentos y normas laborales de aplicación obligatoria.

En el año 2005, en el gobierno del Dr. Alfredo Palacio en Registro Oficial N° 167 del 16 de diciembre del 2005 publica otra “Codificación al Código del Trabajo” que contiene: 4 Leyes, 7 reglamentos, 1 mandato, 3 instructivos, 4 normas complementarias y 1 convenio; como resultado a las continuas reformas, el Código del Trabajo al 2011 contiene 20 normas adicionales. De ésta manera, cada régimen gobernante atendiendo a las presiones de los grupos económicos dominantes, mediante la emisión de leyes, mandatos, reglamentos e instructivos, fueron ajustando la política económica  y laboral.

En el año 2008, durante el gobierno del presidente Rafael Correa, se realizan sendas reformas laborales en los Mandatos 2, 4 y 8 para regular la política laboral relacionada con la flexibilidad y limitar el poder de los sindicatos públicos.  En el año 2015 se emite la “Ley Orgánica para la justicia laboral y reconocimiento del trabajo en el hogar”, publicado el 10 de abril de 2015en el tercer Suplemento  Registro Oficial Nº 483, podemos sintetizar las principales reformas: 1) Reformas al código de trabajo, donde establece la nueva clasificación de contratos de trabajo, atribuciones del Consejo Nacional del Trabajo y Salarios, límite de distribución de utilidades, acumulación de los décimos, entre otras; 2) Reformas a la ley orgánica del servicio público; 3) Reformas al mandato constituyente N° 2; 4) Reformas a la ley orgánica de las empresas públicas; 5) Reformas a la ley de seguridad social; y 6) Régimen de pensiones del trabajo no remunerado del hogar.

El artículo 326 de la Constitución de la República 2008 vigente establece, que los derechos laborales son irrenunciables e intangibles, siendo nula toda estipulación en contrario; establece que a trabajo de igual valor corresponderá igual remuneración; toda persona tendrá derecho a desarrollar sus labores en un ambiente adecuado y propicio, que garantice su salud, integridad, seguridad, higiene y bienestar; se garantizará el derecho y la libertad de organización de las personas trabajadoras, sin autorización previa. Este derecho comprende el de formar sindicatos, gremios, asociaciones y otras formas de organización, afiliarse a las de su elección y desafiliarse libremente.

De otra parte, el art. 328, establece que la remuneración será justa, con un salario digno que cubra al menos las necesidades básicas de la persona trabajadora, así como las de su familia; será inembargable, salvo para el pago de pensiones por alimentos. El Estado fijará y revisará anualmente el salario básico establecido en la ley, de aplicación general y obligatoria.

El contenido en los dos artículos de la Constitución de la República es claro. En la actualidad el Ecuador necesita una reforma laboral  porque el Código del Trabajo debido a las continuas reformas en Leyes, decretos, acuerdos o resoluciones se ha vuelto obsoleto; sin embargo, la historia se repite. El gobierno del presidente Lenin Moreno, está obligado a  tomar medidas de la política económica y laboral bajo la presión de los grupos empresariales y del Fondo Monetario Internacional –FMI-, aplicando el modelo neoliberal de la década de los años 90, donde relación laboral se flexibiliza y la protección a los trabajadores disminuye, incumpliendo lo que indica la Constitución.

Los empleadores se han pronunciado con propuestas de reformas al Código del Trabajo, tales como: modificar el horario de trabajo de las 40 horas semanales, extensión de las jornadas de trabajo hasta los días sábados sin pago de horas extras, contratos temporales (basura) mediante la extensión los contratos a prueba a dos años el plazo, y aprobación de contratos por hora que están prohibidos en la Constitución de la República. Dichas aspiraciones de los empleadores generan una regresión de derechos de los trabajadores.

En ese sentido, el Estado ecuatoriano ha implementado medidas laborales para debilitar el poder sindical, regular y mantener los techos salariales (tanto en el sector público y, sobre todo, en el privado), eliminar la contratación colectiva, entre otras. En la carta de intención con el FMI el Estado se compromete a realizar tres reformas laborales: Modificar los tipos de contratos de trabajo que permita incrementar la participación de mujeres y jóvenes en la fuerza laboral, incremento del período de prueba, y la reducción de los costos de contratación y despido. Estas medidas contienen un régimen laboral precario, contrarias a las conquistas laborales de los trabajadores.

El Ecuador, si necesita un nuevo Código del Trabajo, las reformas laborales deben estar enfocadas a incentivar la producción, generar empleo, dotar de seguridad jurídica a la inversión privada, pero también debe velar porque los derechos y obligaciones de empleadores y trabajadores que se cumplan de manera equitativa, una administración de justicia laboral independiente, que permita competitividad de las empresas, mejorar la calidad de vida de los trabajadores y por ende el incremento del Producto Interno Bruto del país.

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