Crédito del FMI para “ajustar” la economía y crédito del Banco Mundial para indemnizar a los damnificados

Bayardo Tobar

 

A partir del primero de marzo, del presente año, la política económica del Ecuador pasó al control y monitoreo del Fondo Monetario Internacional (FMI), como consta en el numeral 26 del Memorando de Políticas Económicas y el Reporte Técnico, vinculado a la solicitud de apoyo, en carta dirigida a la Sra. Christine Lagarde, Directora Gerente del Fondo Monetario Internacional, suscrita por Richard Martínez Alvarado, Ministro de Economía y Finanzas  y  Verónica Artola Jarrín, Gerente General del Banco Central del Ecuador, en representación del Presidente Lenin Moreno Garcés.

 

26. El programa será monitoreado basado en criterios de rendimiento, metas indicativas y metas estructurales, tal como aparecen en las tablas 1 y 2, basadas en las definiciones del Memorando Técnico de Entendimiento (TMU por sus siglas en Inglés) adjunto. Está previsto que la primera revisión tenga lugar el 15 de junio o después, la segunda el 15 de septiembre o después y la tercera después el 15 de diciembre o después.

 

El texto transcrito no deja dudas acerca de la pérdida de autonomía y de la incapacidad del frente económico empresarial y el gobierno para superar las dificultades económico-financieras y construir una alternativa a las condicionalidades del FMI. Y no por falta de alternativas que si existen y constan, por ejemplo, en las propuestas entregadas por varios colectivos de economistas al Presidente Moreno, en su primer simulacro de “dialogo nacional” en enero del 2018.

 

Las políticas y acciones que el gobierno ha pactado con el FMI se encuentran en el  “Memorando” y están redactadas en un lenguaje más que tecnocrático, sibilino, propio de los círculos diplomáticos. Comenzando con el nombre: se utilizan las palabras “Memorando”,  “Programa”, “Plan” y no “Tratado” para eludir el artículo 419 de la Constitución que dispone que los tratados internacionales “que comprometan la política económica del Estado establecida en su Plan Nacional de Desarrollo a condiciones de instituciones financieras internacionales o empresas transnacionales” requieren de la aprobación de la Asamblea Nacional, previo dictamen de la Corte Constitucional (Art. 438).

 

Ese lenguaje que contiene significados ocultos se despliega en su máxima expresión en el llamado Plan de Prosperidad, que contiene “ejes”, “acciones” por cada eje y “pilares” por cada acción. A manera de ejemplo:

Eje 1:

“reconstruir y fortalecer los cimientos institucionales de la dolarización”

Acciones para cumplir el Eje 1:

  1. Restaurar la prudencia en la política fiscal.

Pilares para cumplir la acción a) del eje 1:

 i) el reajuste de la masa salarial del sector público respetando los derechos laborales y protegiendo la provisión de servicios.

 

Traduciendo el lenguaje sibilino, “reajuste de la masa salarial del sector público” significa dar por terminado los contratos y nombramientos provisionales o simplemente liquidar a por lo menos el 30% de empleados públicos (hasta ahora van 11.000, solo del sector salud), y reducir los salarios del sector público para alinearlos con los del sector privado. Por lo expuesto, en este artículo se prescinde de citas extensas de los documentos oficiales, escritos para confundir y no para comprender.

Crédito de FMI  no promueve la reactivación económica, profundiza la tendencia a la recesión.

La economía ecuatoriana terminó el 2018 con un crecimiento del Producto Interno Bruto de 1.4 % y las previsiones para el 2019 fluctuaban entre 0.9 y  1.4%. Crecimiento bajo, pero crecimiento al fin. Se firma el Memorando con el FMI y éste, cual Rey Midas al revés, convierte el crecimiento en decrecimiento y anuncia que en el 2019 habrá un descenso del 0.5%. Una alquimia inaceptable.

Ante ese anuncio, muchos ciudadanos se preguntan y con razón, si ¿El crédito acordado con el FMI está destinado o no a reactivar la economía? Y la  respuesta es no. Aunque en el texto del Informe Ecuador 2019 del FMI no aparecen expresiones como “excesivo tamaño del Estado”, “estado obeso” y “ajuste”, cuando se habla de alcanzar “una posición fiscal sólida” se alude a lo mismo, esto es a la necesidad de despedir empleados públicos, bajar los salarios de los empleados públicos (“restricción salarial pública”), reducir aún más la inversión pública, elevar los impuestos indirectos y, si hace falta (y se puede), vender empresas públicas rentables hasta alcanzar “una posición fiscal” que de confianza al capital financiero  internacional de que podrá recuperar sus acreencias. El resultado de las medidas descritas es la recesión y no la reactivación.

En efecto, al bajar la inversión y el gasto públicos, baja el consumo, disminuyen las ventas, se reduce la inversión, se amplía la capacidad ociosa de las empresas, se incrementa el desempleo y el empleo inadecuado, baja la recaudación de impuestos, disminuyen los ingresos por aportes a la seguridad social,  recrudece la pobreza y se agrava la tendencia recesiva de una economía como la ecuatoriana, estructural e históricamente dependiente de las fluctuaciones de precios  de sus productos primarios de exportación.  

Sin embargo, da la casualidad, que cuando el gobierno decide firmar con el FMI, enero del 2019, y a pesar de las condiciones internacionales adversas, durante el 2018 repuntan las exportaciones del país y, a pesar del bajo crecimiento del PIB, no se puede afirmar  (y el FMI se cuida de hacerlo) que la economía se encuentra en crisis y necesita un salvataje urgente. Esta es la opinión de la consultora financiera Analytica Investments, citada por Martín Pallares (4P). Según Analytica, Ecuador “no está en medio de una crisis económica, aunque es innegable su débil posición de la balanza de pagos y las malas perspectivas económicas”.

Esa opinión, con excepción de “las malas perspectivas económicas” es refrendada por la información de la agencia EFE que reproduce el Diario El Comercio; la misma señala que Ecuador cerró el año 2018 con un crecimiento del 16% de su balanza comercial; las exportaciones no petroleras sumaron USD 12. 800 millones, convirtiéndose en el mejor año en la historia del país, gracias a una combinación de mayor producción y mejores precios internacionales, con un desempeño destacable de los productos no tradicionales. Las exportaciones petroleras también crecieron en 30% por la mejora de los precios no de la producción debido a que tanto el gobierno como el sector privado, que también explota campos petroleros, no tuvieron la capacidad necesaria para  incrementar la producción y aprovechar el alza de precios. El buen desempeño del sector exportador, sin embargo, se vio contrarrestado por el crecimiento  sin control de las importaciones que alcanzaron la cifra de 22.305 millones de dólares frente a 21.797 millones de las exportaciones, lo que arroja un déficit de 508 millones de dólares. Entre los productos de importación destacan los autos que también batieron record de ventas en el 2018: 137.615 unidades vendidas. La liquidez generada por el comercio exterior fue a parar al sistema financiero, en particular a los bancos que, en el 2018, también batieron record de utilidades: 553 millones de dólares, el 90% de las cuales fueron para apenas siete bancos de los más de 20 que existen en el país.[1]

Crédito del FMI se orienta a tranquilizar los mercados y dar confianza al capital financiero

Una economía en crisis no puede exhibir los récords citados. Entonces, ¿A qué se refieren los dirigentes de las cámaras empresariales y los analistas económicos que, al margen de la cifras, no cesan de esgrimir el fantasma de la crisis económica?

En primer lugar, aluden a la fragilidad financiera del sector público por las dificultades, externas e internas, para obtener financiamiento y cubrir los gastos presupuestados en la proforma del 2019, que incluye el servicio de la deuda y que se estima en 3.365 millones. Si bien el recurso al endeudamiento externo, iniciado en el 2015-2016 para equilibrar las finanzas públicas se acerca a la “línea roja”: “contratar deuda para pagar deuda”, ello no avala el recurso al FMI, primero porque además de  incrementar el monto de la deuda externa del país en 10%, obliga a adoptar medidas económicas que, como se explicó antes, profundizan las tendencias recesivas. Segundo, porque las dificultades financieras del sector público se han mantenido debido a que el gobierno y el frente económico empresarial hacen todo lo contrario de lo que aconseja la razón, a saber: contratar más deuda con China en lugar de renegociar la deuda bilateral, los bonos soberanos y los contratos de servicios petroleros; perdonar los intereses y las multas a los deudores tributarios en lugar de cobrarles y combatir la evasión tributaria; reducir en más de 1.200 millones de dólares la inversión pública  y desvincular “legalmente” a miles de empleados del sector público en lugar de eliminar la corrupción en el sistema de compras y contratación pública, bajar los latisueldos del círculo de asesores y consultores del gobierno e iniciar un acelerado proceso de evaluación y desburocratización del sector público.

En segundo lugar, los dirigentes de las cámaras empresariales y los analistas económicos esgrimen el fantasma de la crisis  porque la reserva internacional es inferior a la suma de depósitos del IESS, los Gobiernos Autónomos Descentralizados y el “encaje bancario” en el Banco Central. La prohibición de que el Banco Central conceda préstamos al gobierno, incluida en la Ley de Fomento Productivo (agosto 2018), no fue suficiente para calmar el nerviosismo de las cámaras que insistieron en recurrir a un crédito del FMI, sin importarles la condicionalidad.  Pues, el crédito del FMI se destina a incrementar la liquides de las reservas internacionales y brindar confianza al capital financiero y comercial-importador. Así,  según el Economista Walter Spurrier, el dinero que viene del FMI va a las reservas internacionales, “El gobierno tiene maneras de llegar a ese dinero, por ejemplo, crédito a la banca pública. Pero buena parte, digamos al menos la mitad, deberá quedarse en el BCE para que los bancos tengan acceso a su dinero que el gobierno de Correa se llevó y a cambio entregó CETES, papeles de corto plazo que el Fisco no tiene como pagar a su vencimiento, y los renueva…”. (Llama “su dinero” al dinero de los depositantes, no es de los dueños de los bancos, EN).[2]

El Economista Abelardo Pachano, a la pregunta: ¿Qué porcentaje del déficit fiscal se puede atender con los multilaterales?, responde: “No mucho, pues más que ese objetivo, que existe, está la recuperación de los instrumentos de defensa de la economía: regreso de capitales, mejores reservas internacionales, crecimiento de depósitos y estabilización de los créditos internos”.[3]

En las citas, los dos economistas coinciden en afirmar que el crédito del FMI  está orientado a fortalecer las reservas internacionales, vale decir, a dar seguridad a la banca en sus actividades comerciales y especulativas que contribuyen más a la salida que al ingreso de dólares en la economía. Hay que tener presente que los créditos de los bancos se dirigen principalmente a financiar consumo y comercio y marginalmente (máximo de 2 de cada 10 dólares del crédito) a la producción y la construcción de vivienda social.

Fuga de capitales, inversión extranjera e impuesto a la salida de divisas

El Economista Pachano expresa también la ilusión de que el  monitoreo de la economía ecuatoriana por parte del FMI favorezca el “regreso de capitales”. Aunque no existe información oficial, se estima que las personas más adineradas del Ecuador mantienen depósitos en el exterior por alrededor de 40.000 millones de dólares, producto –supongo- de un síndrome de “desconfianza” crónico que afecta a las sensibles élites ecuatorianas. Con el retorno de apenas la cuarta parte de ese monto (10.000 millones dólares), dirigido a reactivar la producción y las exportaciones, el país no tendría necesidad de recurrir a China ni al FMI.

Con la misma ilusión, de que los capitalistas ecuatorianos “regresen” el capital que mantienen fuera del país, en la Ley de Fomento Productivo se les concedieron “incentivos” extraordinarios: además de la llamada remisión de multas e intereses de las deudas tributarias al SRI y el IESS, la exoneración del impuesto a la renta por períodos de hasta 20 años, la devolución del IVA y la conservación de subsidios a la energía de uso industrial. Han transcurrido ya 7 meses desde la aprobación de la Ley y  no existe o no es transparente la evaluación de impacto de tales incentivos.

Sin embargo, se puede verificar, ingresando a las páginas web, que en el caso de la remisión de deudas tributarias, a pesar de que se afirma haber recaudado 1.200 millones de dólares en el 2018, todavía están registradas en el SRI deudas, en firme o en litigio, por más de 2.000 millones de dólares. Y en el IESS se mantiene una deuda por aportes patronales que supera los 1.000 millones de dólares.  Cifras importantes, que se aproximan al monto total del crédito del FMI, que dicen poco de la eficacia de la Amnistía Tributaria y mucho del gran poder de los deudores.

Sin embargo, a pesar de los incentivos recibidos, los capitalistas no incrementan significativamente sus inversiones. El incremento de la inversión privada es más publicidad que realidad;  hasta ahora se limita a reinversiones de capital  inherentes al curso de los negocios, con lo que el anuncio del sector privado (capitalista) como “motor de la economía” o, en el lenguaje del FMI, “un vibrante modelo de crecimiento liderado por el sector privado” se revela como lo que es: un mito. Más bien, en el 2018, se registra otro récord: 1.400 millones de dólares de inversión extranjera directa, cuando el promedio histórico no supera la barrera de los 700 millones dólares anuales. Esta cifra de Inversión extranjera refuta la afirmación de que la inversión extranjera no viene al Ecuador por el Impuesto a la Salida de Divisas (ISD) y confirma, a su vez, que la inversión extranjera va a los países y sectores que le garantizan rentabilidad; y ese sector en el Ecuador es la minería (antes petróleo y ahora petróleo más oro y cobre; después vendrán por el litio, si encuentran y es rentable su explotación en los salares ecuatorianos, con o sin ISD). El ISD es doblemente importante: limita, no puede eliminar, la fuga de capitales y tiene un peso importante en la recaudación tributaria.

¿Qué falta para que los capitalistas contribuyan a la reactivación de la economía, único sustento para bajar déficits y pagar deudas, sin someternos a las condicionalidades de los prestamistas? El incentivo estrella: la “flexibilización” o “precarización” laboral (estas palabras tampoco aparecen en los textos, pero de eso se trata). El FMI recoge el argumento falaz de que la “situación difícil” que enfrentan las autoridades ecuatorianas (no hablan de crisis de la economía) se debe, ante todo, a “los aumentos salariales (que) han superado el crecimiento de la productividad en la última década, lo que ha  llevado a un deterioro de la competitividad”, vale decir, para recuperar la “competitividad” no existe otro camino que bajar salarios, bajar el costo de los despidos a los trabajadores, contratar por horas, etc. etc.; en  el lenguaje del FMI: “moderación salarial nominal”, “restricción salarial pública”, “realineación de la factura salarial”, “procesos de contratación renovados”. Nada se dice de la baja productividad y competitividad originada en la obsolescencia tecnológica y la falta de inversión en innovación, la subutilización de capacidad instalada, las formas anacrónicas de organización y gestión empresarial, etc., etc.

Eufemismos aparte, en nombre de la productividad y la competitividad, el costo del ajuste le están pasando a los trabajadores del sector público y privado y a la población más pobre y vulnerable del país que, si leen el Reporte del FMI, aparece como la única beneficiaria del crédito de los 10.000 millones de dólares.     

La realidad, sin embargo es otra, si se junta las consecuencias económicas y sociales del “ajuste” y la “flexibilización” laboral estamos ante un escenario de agravamiento de las condiciones de vida de millones de ecuatorianos que viene escalando de a poco desde el 2015-16, se incrementa la pobreza y la pobreza extrema; el deterioro de los servicios públicos (educación, salud, seguridad social) es ascendente; crece el micro y el macro tráfico de drogas; se incrementa la inseguridad ciudadana y rebrotan pandemias que estaban superadas o en vía de superación y la desnutrición infantil que afecta, según cifras oficiales, a 4 de cada 10 niños menores de 4 años, es una verdadera catástrofe para el  futuro del país. Pobres, subempleados y enfermos, son los damnificados del “ajuste” y la “flexibilización” laboral, para quienes, dicen, está dirigida la otra parte del endeudamiento con los organismos multilaterales, en particular, el crédito por 350 millones de dólares del Banco Mundial para los “proyectos sociales” que el gobierno ofreció en la campaña electoral y no ha cumplido: 250.000 empleos por año, 370.000 viviendas, 40 universidades técnicas.

Corolario

Para reactivar la economía, en el marco del sistema económico vigente, existen dos vías: mediante estímulos al capital o la oferta o a través de estímulos al trabajo o la demanda.

En la primera vía, la de la oferta, las acciones de política económica se orientan a mejorar la competitividad mediante la reducción del salario y/o la rebaja del costo de los despidos laborales; contratos temporales sin seguridad social; subsidios a la energía de uso industrial (electricidad, gas y diésel), exoneración de las deudas tributarias y disminución de impuestos directos, etc., es decir, medidas que incrementen las ganancias del capital con la promesa de que las ganancias obtenidas se transformen, “con el tiempo”, en más inversión productiva y empleo.

En la segunda vía, la reactivación de la economía por el impulso de la demanda, supone mantener y ampliar el empleo; defender y estimular el poder de compra de la población para dar salida a la producción y garantizar el retorno de la inversión; promover y proteger la producción nacional incluida la de las MYPIMES y los sectores de la Economía Popular y Solidaria (sector privado no capitalista) y las economías campesinas; limitar la importación, especialmente de bienes suntuarios; mantener la inversión socialmente productiva en infraestructura física, tecnológica y en capital humano; promover la producción con valor agregado para la exportación; combatir la fuga de capitales y oposición a la disminución/supresión del Impuesto a la Salida de Divisas; cero tolerancia con la evasión y elusión tributaria; recuperar el dinero robado; prioridad en el pago de la deuda y el aporte del estado a la seguridad social; combatir a la corrupción en la contratación y compras públicas y desburocratizar el sector público.      

La adopción de una u otra vía o la combinación de ambas depende de la orientación del gobierno y, en última instancia, de la correlación de fuerzas sociales. El Presidente Moreno, adoptó la primera vía. A la población, particularmente a los sectores organizados y la juventud, les corresponde recuperar fuerzas e impulsar la segunda vía.

[1] https://www.elcomercio.com/opinion/exportaciones-aumento.html.

https://www.elcomercio.com/actualidad/crecimiento-exportaciones-ecuatorianas-balanza-negativo.html.

[2] https://www.elcomercio.com/opinion/oficial-fmi-walter-spurrier-opinion.html.

[3] https://www.elcomercio.com/opinion/inquietudes-nacionales-abelardo-pachano-

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