La coyuntura Ecuador marzo 2019

Francisco Muñoz Jaramillo

 

Dos expresiones han definido la trayectoria política del Ecuador durante la presidencia de Lenin Moreno, la una que se formuló al inicio de su gobierno cuando se destacó el carácter de dilema e incertidumbre que anunciaba la gestión gubernamental del presidente de la república, es decir, de su vinculación o no con el gobierno anterior de Rafael Correa; y la otra que se formuló luego de la consulta popular que ponía el énfasis en la transición como el rasgo principal del régimen de Moreno. La una y la otra han expresado en la realidad un momento de ruptura y continuidad en el desarrollo político contemporáneo del Ecuador, y que en múltiples ocasiones se puso de manifiesto a través de la forma ambigua de gobernar y la limitada capacidad de gestión del presidente de la república.[1]

Corresponde ahora interpretar la coyuntura, cuando el Gobierno de Moreno ha anunciado su programa económico (hasta el presente solo se conocía medidas puntuales que no configuraban un programa), vale decir su acuerdo con el FMI y los organismos de cooperación internacional. Se trata en consecuencia en este artículo de caracterizar políticamente el momento de transición que ha vivido el Ecuador desde la asunción a la presidencia de Moreno hasta la actualidad, y situar los rasgos determinantes principales de esta transición en el contexto geoeconómico y geopolítico de la región.

En consecuencia, en este documento se analizará la coyuntura como resultado de los aspectos o niveles sustantivos que han tomado cuerpo durante el periodo gubernamental desde Mayo de 2018 a Marzo de 2019. Adicionalmente se examinará las principales características de la escena político electoral y se formulará algunas premisas del desempeño electoral correspondiente a este nuevo momento que vive el Ecuador.

 

I

Un primer nivel o factor se refiere a la modificación del régimen político. Sin duda esta fue la apuesta principal de Moreno no bien había llegado a Carondelet el 24 de Mayo de 2017, y que se concretó en el acuerdo de diversos sectores políticos, sociales y cívicos que apoyaron la decisión del gobierno de convocar a la consulta popular y/o referéndum en febrero de 2018, con el propósito principal de cambiar las condiciones institucionales, especialmente a los funcionarios del régimen jurídico definido por la Constitución de Montecristi (2008) para administrar los organismos de control y justicia del Estado. Decisión que se dio en medio de la denuncia de corrupción y exigencia de investigación jurídica de los actos ocurridos en la década anterior. Así, desde la sociedad civil esta decisión gubernamental que cambiaba las condiciones democráticas de participación y movilización se centró en la anticorrupción, que fue postulada como un rasgo determinante de la gestión del poder en los últimos diez años.

Se requiere entonces comprender en las condiciones actuales, que el camino del cambio institucional y de los funcionarios de los organismos de control y justicia, sustituidos por otros ciudadanos por decisión del Consejo de Participación Transitorio (T) constituido por  la consulta de Febrero 2018, se encuentra determinado jurídica y constitucionalmente por una suerte de ambigua relación entre el estado de derecho (o derechos como define la Carta Magna), y la situación de emergencia política que encuentra en los mecanismos jurídicos de la forma de estado de excepción, que fueron utilizados en la fase correísta, cuando por caso, sin suficiente sustento constitucional del estado de derecho, es decir arbitrariamente, se modificó en diciembre del 2015 la constitución utilizando la figura de las enmiendas constitucionales, y que en el periodo de Moreno ha sido necesario para cambiar las condiciones institucionales ligadas al correísmo.

En un artículo que circuló en el mes de enero del año en curso al analizar la situación política estructural de la región se sostiene:

(…)  uno de los temas políticos estructurales más importantes de América Latina es que se viven cambios significativos de la forma de Estado, fenómeno que ha llevado a Mantovani a enfatizar en la estructuración del “Estado de excepción”, es decir, un Estado en el que se debilita el (…) orden jurídico, [lo que] se ha convertido durante el siglo XX en forma permanente y paradigmática de gobierno. Una idea que Agamben retoma de Walter Benjamín, en especial de su octava tesis de filosofía de la historia, que Benjamín escribió poco antes de morir, y que dice: “La tradición de los oprimidos nos enseña que el estado de excepción en el cual vivimos es la regla. Debemos adherir a un concepto de historia que se corresponda con este hecho[2].

De tal manera, en síntesis, -continuando con la misma interpretación- los regímenes de excepción ponen por delante el autoritarismo, donde se puede identificar algunos aspectos: la transformación de la vida política de las llamadas democracias (representativas); la ambigüedad del derecho, constitutivo del orden jurídico y el aumento del decisionismo del poder ejecutivo. En definitiva, el debilitamiento de esa importante función por la cual, como decía Norberto Bobbio, el derecho disciplina a la política[3]. Paradoja que se dio en los últimos años y continúa en esta coyuntura de Moreno, puesto que se asiste a formas de politización de la justicia para hacer primar ciertos intereses acorde con la correlación de fuerzas dominante y hegemónica, y que ha sido la tónica de este cambio de régimen.

Hay por tanto una necesidad y un límite en la transformación del régimen político, como de la forma de estado definida por la Constituyente de Montecristi que llevó en la práctica de la gestión gubernamental,  conducida por el presidente Rafael Correa (2007-2018), a configurar un ejercicio del poder de carácter estatista, base en la cual se sustentó un régimen político autoritario y, en consecuencia, se desplegó una amplia concentración de poderes en el ejecutivo que llevó a la subordinación, como perdida de independencia de las instancias de control y justicia (llamado hiperpresidencialismo), que la consulta popular de febrero y la estructuración del Consejo de Participación y Control Social transitorio, utilizando los dispositivos de excepción, buscó modificar efectivamente sustituyendo unos funcionarios por otros, los mismos que provenían de la fase y correlación política actual, donde los sectores democráticos que intervinieron en este cambio actuaron en el contexto del predominio ideológico-político de las tendencias de derecha en el continente.

Proceso que, de todas maneras, abrió las condiciones para desestructurar el régimen autoritario implementado durante los últimos diez años, devolviendo derechos y libertades a los sectores subalternos, y dejando además abierto el camino para cambiar el carácter estatista del régimen político y de la forma de estado.

Para las elecciones seccionales de marzo del 2019 se han promovido por parte de ciertos sectores económicos, políticos y sociales el voto nulo para la selección universal de los integrantes del Consejo de Participación y Control Social definitivo (incluso por el actual presidente  de dicha institución), así como también se ha demandado la supresión de la elección de los integrantes de este Consejo argumentando la inconstitucionalidad de la elección. Propuestas que se encuentran ligadas a la intención política de generar las condiciones legales necesarias para la eliminación de este aparato del poder del Estado, lo que determinará un nuevo diseño constitucional, que podría concretarse a través de una nueva consulta o referéndum. En este mismo momento la presidenta de la Asamblea Nacional ha propuesto una reforma constitucional que cambie la norma sobre la existencia y facultades del mencionado consejo de participación social, usando una vez más, como en el pasado inmediato, la figura de las enmiendas en forma inconstitucional y arbitraria.

Todo este conjunto de actos y situaciones revelan un ambiente de instabilidad política y jurídica del Estado y régimen democrático (una verdadera situación jurídica caótica), que como se viene argumentando por parte de ciertos analistas, y que en mi caso, me permití señalar en un artículo de coyuntura anterior, conducirá a la convocatoria de una nueva constituyente que rearme y diseñe una nueva constitución[4]. Situación jurídica, que por otra parte, aupará intereses dominantes, principalmente de aquellos que buscan el despojo y la extracción de la riqueza natural. La demanda de inconstitucionalidad para suprimir la consulta popular en Quimsacocha-Girón en la provincia del Azuay respecto a actividades de la extracción minera, tiene este sentido, aunque, dadas las condiciones electorales y la norma que la rige, en las últimas horas ha sido negada por el Consejo Nacional Electoral representantes indígenas. Cabe entonces concluir que se asiste en el Ecuador a una situación jurídicamente inestable y caótica para abrir el paso a intereses ligados principalmente al extractivismo, eje de acumulación.

 

II

Un segundo factor o nivel de la coyuntura se encuentra en la definición de la política económica, la misma que se refiere a la modificación o afianzamiento del determinante régimen o patrón de acumulación. Definición económica del gobierno de Moreno, que muestra la continuidad de aquella que se implantó y desarrolló en los últimos diez años, centrada en el extractivismo y la reprimarización de la economía. Proceso que, de cierta manera, se complementó con una privilegiada política económica en beneficio de intereses de grupos y sectores ligados principalmente al comercio exterior, y que dio lugar a importantes conflictos  entre determinados segmentos económicos, cuando se  intentó asumir una línea de cambio de la  matriz productiva, y que particularmente, se expresó en la diferencia, distanciamiento y contradicción  al interno del correísmo  de grupos que se oponían al Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea. Acuerdo que finalmente se firmó en el año 2014 y fue uno de los factores que afectó a la posibilidad de un desarrollo endógeno, nacional y productivo.

Se vuelve entonces necesario para explicar este límite estructural adentrase en la compresión de la dependencia de la región y de nuestro país a las necesidades de acumulación capitalista de las metrópolis. Cuestión que fue analizada por Marini en los 70 del siglo pasado, y que hoy adquiere un nuevo matiz por el cambio geoeconómico y geopolítico de la región y el mundo, donde se encuentra, como en el pasado, el privilegio en la producción de las materias primas y alimentos para responder al mercado mundial, especialmente a la importante demanda de la China.

En un artículo que circulé en el mes de enero de este año sobre el triunfo de Bolsonaro en Brasil me permití decir:

Jair Bolsonaro llega a la Presidencia de Brasil en momentos en que América Latina atraviesa una situación de crisis económica (…) como manifestación, principalmente, de la baja a nivel mundial en los precios de las materias primas y alimentos (commodities), evidenciándose una vez más que América Latina sufre los efectos de la vulnerabilidad propia de la situación de  dependencia que décadas atrás teorizaron Ruy Mauro Marini, Agustín Cueva entre otros, quienes pusieron  el énfasis para caracterizarla en la transferencia de valor: “la acumulación para el centro la des-acumulación para las periferias”[5] , como decía Agustín Cueva”[6].

La pretensión de escapar-dice Horacio Machado- de los males estructurales del capitalismo periférico-dependiente a partir de la profundización y aceleración de la matriz primario-exportadora –con el único matiz heterodoxo de una ‘gestión keynesiana’ de la renta extractivista–, se evidencia hoy a todas luces como un absurdo total; precisamente porque esa matriz extractivista es la marca de origen, el ADN constituyente y constitutivo de nuestra dependencia; la más profunda y pesada herencia colonial.

Más allá –continua el mismo autor– de la retórica propagandística, lejos de procesos de industrialización y recuperación de bases materiales para un desarrollo autónomo, durante el ciclo de los gobiernos progresistas asistimos a la intensificación de una dinámica de re-primarización, extranjerización y ultra-concentración de nuestras economías, lo que nos sumergió en escalones más profundos de integración subordinada y dependiente de la acumulación global[7].

Esta situación de dependencia es lo que llevó a Bolívar Echeverría a hablar de la “fatalidad de América Latina”[8] cuando la región ha intentado tantas veces en su historia impulsar el desarrollo copiando los modelos europeos y norteamericanos”[9].

III

Un tercer nivel o factor que caracteriza de manera sustancial el periodo gubernamental de Moreno es la definición de la política internacional. Posición de ruptura respecto al gobierno anterior, de claro alineamiento con las fuerzas y los intereses venezolanos y regionales que expresan a la oposición venezolana encabezada por Guaidó, articulada a la ofensiva internacional de Estados Unidos, algunos  países latinoamericanos y europeos que coinciden en la exigencia de la salida (incluso violenta) del poder del presidente Nicolas Maduro.

Definición gubernamental geopolítica que se aleja de aquella formulada por los gobiernos tanto de México como de Uruguay y de las posiciones democráticas latinoamericanas y venezolanas que han planteado una negociación política interna y pacífica para resolver el conflicto del país bolivariano. Posición que por otra parte se encuentra ligada no solo al enfrentamiento a los  intereses pecuniarios concretos de las grandes potencias como China y Rusia, que en el último periodo han disputado la inversión en el país bolivariano; sino con la situación actual que atraviesa el predominante capital financiero internacional, que luego de la dilatada recuperación de la crisis capitalista de 2008, ante los dilemas que representa la posibilidad de expansión y crecimiento de la rentabilidad o ganancia, requiere campos de inversión y control geoeconómico para ampliar la inversión y especulación financiera y mantener los niveles de rentabilidad anterior. Además, en esta definición comentada es necesario tener en cuenta que políticamente Moreno adopta esta mencionada posición por las necesidades del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional –FMI-.

Mencionada situación que determina la política de organismos, como el FMI, que se reorienta ante la necesidad financiera mundial, e impulsa condiciones más exigentes a los países periféricos o dependientes para posibilitar y fortalecer campos de inversión y especulación. Que en el caso del Ecuador, sin duda se expresa, políticamente, determinado por la hegemonía de la derecha y sectores reaccionarios, y el cambio jurídico-político comentado líneas antes. En este aspecto es importante recordar y examinar casos como Argentina y Grecia que luego de la imposición fondomonetarista han terminado endeudando extraordinariamente a sus Estados, en tanto la deuda se constituye en un mecanismo destacado de la inversión especulativa del capital financiero.

El respaldo político y financiero del FMI -dice Páez- “garantiza a la vez, paradójicamente, el chantaje (de la condicionalidad) y el oxígeno (en divisas) necesarios para maniobrar en la turbulencia que las propias medidas van creando, pero con un objetivo claro: pavimentar las condiciones de rentabilización predatoria del capital financiero local y global[10].”

Y en una investigación en curso respecto a la situación actual del capitalismo, se dice:

Se suman a estas lógicas, del capital financiero, los famosos rescates financieros, que son pagados por el Estado a las entidades financieras durante situaciones de crisis económicas, para lo cual los dueños del capital financiero fuerzan a la sociedad en su conjunto a asumir el riesgo de sus negocios, y aportar al incremento de sus inmensas fortunas. Por ejemplo, los grandes salvatajes o rescates financieros han contribuido con gigantescas sumas de dineros públicos a banqueros en todo el mundo. En Ecuador el llamado feriado bancario; en Argentina “el corralito”. Ocurrió también luego de la crisis del 2008; en Estados Unidos el rescate bancario de 700 mil millones de dólares en el año 2009; en España el rescate de 100 mil millones de euros; en Grecia el cobro inmisericorde de la deuda al que contribuyeron todos los sectores sociales. En estos ejemplos se evidencia cómo el capital financiero subordina al Estado y a la sociedad entera exigiendo descomunales fortunas y gigantescos rescates para superar las crisis que generan sus propios negocios[11].

IV

Estos tres aspectos o niveles examinados -que expresan la continuidad y la ruptura con el gobierno anterior- la modificación del régimen político, el afianzamiento del patrón de acumulación extractivista ligado al programa económico impuesto por el FMI, así como la política internacional configuran de manera sustancial la correlación y hegemonía de las fuerzas de derecha y reaccionarias en la coyuntura del Ecuador a marzo de 2019. Aspectos estos que han constituido el mencionado proceso de transición ecuatoriano, el mismo que se ha reflejado en estos dos años de gobierno.

Así como hace prever, en la fase poselectoral de las elecciones seccionales, situaciones de conflicto político entre diversas instituciones y sectores, como por caso la tensión entre la Asamblea Nacional y el Presidente Moreno, ligada a la necesidad de control formal del parlamento como de aprobación y promulgación de normas requeridas para los desembolsos efectivos de capital, por las condicionalidades del FMI (despidos trabajadores del sector público, privatizaciones y una reforma fiscal son las primeras en anunciarse). También se prevé la tensión que traerá la pérdida de legitimidad y sustento político que se manifestará especialmente como resultado de la limitada o ninguna representación electoral de la agrupación política gubernamental Alianza País.  Este mencionado límite influirá en la difícil mantención del acuerdo principal que tiene el gobierno con el Partido Social Cristiano.

Adicionalmente se puede adelantar conflictos con los organismos sociales y sindicales opuestos a la apertura internacional y a las imposiciones de flexibilización laboral, de ajustes fiscales, de privatizaciones de instituciones públicas del Estado y de restructuración privatizadora del seguro social. Todo esto dará lugar a un cuadro de inestabilidad gubernamental que puede conducir, en la lucha política, a situaciones emergentes de recambio por una de las vías más expeditas, como es el caso de la llamada “muerte cruzada”. De la que se ha hablado en las últimas semanas.

Los últimos incidentes por parte de algunos parlamentarios en la Asamblea Nacional, con su presidenta, que pretendía, según declaraciones grabadas, oponerse a las investigaciones de corrupción del presidente y su familia, exigidas por los sectores correístas, muestra esta tensión que anuncia importantes desenlaces. De tal manera que, en conjunto, es necesario entender que la correlación de fuerzas está cambiando en la Asamblea Nacional (de cara a una nueva elección de autoridades en ella), la misma que conducirá a alianzas diversas e incoherentes política e ideológicamente, donde de manera especial se destaca la voz cantante del correísmo.

Adicionalmente, se ha estructurado una escena electoral de carácter dispersa y caótica, la misma que pone de manifiesto la descomposición y dispersión del ámbito político de la vida social, especialmente aquel referido, al régimen partidario. Proceso electoral que ha expresado la existencia de múltiples candidaturas a gobiernos seccionales, la emergencia de partidos y movimientos nuevos, así como la actitud ciudadana que se inclina, en medio del escepticismo político, a privilegiar la abstención o voto nulo. Las encuestas han reflejado una indecisión a 15 días del evento, según la percepción de algunas encuestadoras equivalente a cerca del 20% en un caso, y en otros al 50%.

Asistimos entonces a la decadencia de la escena política resultado, por una parte, de los efectos producidos por el gobierno de Moreno y su alianza con la derecha, los cambios sustanciales de la coyuntura comentados en este artículo, de la coyuntura, y por otro, las condiciones generadas por el recambio de una fase caudillista  y la fuerte hegemonía de un partido de gobierno de corte predominante, populista y de  raigambre autoritario, los mismos que han influido en los límites del sistema  partidario generando situaciones que han llevado a la liquidación de organizaciones políticas y sociales. Y que, además, fue el principal actor en el parlamento de los cambios al Código de la Democracia, que entre otros objetivos busca incentivar la configuración de agrupaciones políticas predominantes en línea de partido único.

En medio de esta situación caótica y dispersa y de algunas características descritas sobre la escena electoral, de todas formas se requiere en este artículo, identificar las principales tendencias que se expresan y disputan en el campo electoral, al mismo tiempo que mostrar un tipo de clasificación política coyuntural para examinar los rendimientos electorales de marzo.

En primer lugar, se observa la tendencia de derecha que ha destacado su posición y ubicación en el enfrentamiento político y económico al correísmo, promoviendo una línea de conducción neoliberal, acorde con la ofensiva regional y mundial del capital financiero internacional, comentada líneas antes. La derecha se encuentra dividida reflejando intereses económicos distintos y de carácter regional, pero que además muestran públicamente, actitudes políticas a favor del gobierno de Moreno como en el caso del partido socialcristiano, o de independencia y oposición como el caso de CREO.

Se puede distinguir también, en segundo lugar, una corriente de centro izquierda dispersa y descompuesta ideológicamente, que ha desdibujado su posición antineoliberal, donde se pueden encontrar agrupaciones tradicionales como la Izquierda Democrática que posiblemente alcanzará la alcaldía de Quito y prefectura de Pichincha; o nuevas agrupaciones como Democracia Si y Juntos Podemos.

En tercer lugar, se manifiesta en la escena la corriente del llamado correísmo que expresa fuerzas sociales dispersas, de sectores medios y populares que ideológicamente se identifican con una línea nacional, populista y anti oligárquica, tecnomodernizadora del capitalismo[12]. Tendencia que sin duda sufre las consecuencias de los actos de corrupción de sus dirigentes y funcionarios que participaron en el gobierno de Correa, pero anuncia un desempeño electoral relativamente importante; lo que coadyuvará a su recuperación, en medio del enfrentamiento judicial y la investigación y sanción a los actos de corrupción del gobierno de Correa.

Finalmente, la corriente de las izquierdas y los movimientos sociales, que para muchos se encuentran en un proceso de profunda debilidad y en clara situación de reflujo sin brújula electoral, pero que apuestan a la movilización y resistencia como condición fundamental de su recuperación.

El proceso electoral que se dará el 24 de marzo reviste especial trascendencia para el curso político ecuatoriano analizado en este artículo, y dará cuenta del desempeño de estas tendencias y agrupaciones y eventualmente mostrará la realidad de la correlación de fuerzas, es cierto que a nivel seccional y local, pero determinante para el curso político gubernamental de Moreno y la definición presidencial de 2021.

 

Referencias Bibliográficas

Muñoz, Francisco; Ordóñez, Carlos. Notas sobre la crisis y la restructuración capitalista. Texto inédito, en construcción.

Machado. Horacio. 2018. ¿Por qué ha fracasado el progresismo en América Latina? http://www.rebelion.org/noticia.php?id=248493

Echeverría, Bolívar. 2010.América Latina: 200 años de fatalidad. http://www.sinpermiso.info/textos/amrica-latina-200-aos-de-fatalidad

Cueva, Agustín. 2004. El desarrollo del capitalismo en América Latina. México: Siglo XXI Editores.

Muñoz, Francisco. 24 de mayo, dilemas e incertidumbres. Línea de fuego.org. Quito. 2017

Costa, Flavia. En Agamben, Giorgio. 2005. Estado de excepción. Buenos Aires: Adriana Hidalgo Editora.

Muñoz, Francisco. Bolsonaro un signo de los tiempos. Rebelión.org. 2019.

Páez Pérez, Pedro. Volverán las oscuras golondrinas. Unidad de análisis de coyuntura del Instituto Superior de Investigación y Posgrado. Consultado en: https://coyunturauceiie.wordpress.com/2019/02/28/volveran-las-oscuras-golondrinas/. 2019

[1] Artículo que ha contado con los importantes aportes de Raúl Borja y la colaboración de Carlos Michelena Ordoñez.

[2] Costa, Flavia. En Agamben, Giorgio. 2005. Estado de excepción. Buenos Aires: Adriana Hidalgo Editora.

[3] Muñoz, Francisco. Bolsonaro un signo de los tiempos. Rebelión.org. 2019.

[4] Muñoz, Francisco. 24 de mayo, dilemas e incertidumbres. Línea de fuego.org. Quito. 2017

[5] Cueva, Agustín. 2004. El desarrollo del capitalismo en América Latina. México: Siglo XXI Editores.

[6] Muñoz, Francisco. Bolsonaro un signo de los tiempos. Op. Cit.

[7] Machado. Horacio. 2018. ¿Por qué ha fracasado el progresismo en América Latina? http://www.rebelion.org/noticia.php?id=248493

[8] Echeverría, Bolívar. 2010.América Latina: 200 años de fatalidad. http://www.sinpermiso.info/textos/amrica-latina-200-aos-de-fatalidad

[9] Muñoz, Francisco. Bolsonaro un signo de los tiempos. Op. Cit.

[10] Páez Pérez, Pedro. Volverán las oscuras golondrinas. Unidad de análisis de coyuntura del Instituto Superior de Investigación y Posgrado. Consultado en: https://coyunturauceiie.wordpress.com/2019/02/28/volveran-las-oscuras-golondrinas/. 2019

[11] Muñoz, Francisco; Ordóñez, Carlos. Notas sobre la crisis y la restructuración capitalista. Texto inédito, en construcción.

[12] Son tendencias neopopulistas Inspirados en la teoría de Chantal Mouffe y Ernesto Laclau, que interpretan el populismo como una vía democrática de exigencia de derechos y resolución de conflictos en las fallidas democracias representativas liberales contemporáneas. Y que inspiran a partidos como el español Podemos.

 

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