A los tiempos un nuevo crédito con el FMI ¿Será diferente a los anteriores?

Wilson Flores H.

 

Con una narrativa que se centra en la existencia de un descomunal déficit presupuestario, resultado de una errática política de endeudamiento y de gasto social manejada por el gobierno anterior; multimillonarios episodios de corrupción perpetrados por una  supuesta “mafia” enquistada en dicho gobierno y la herencia de una “mesa no servida”, el gobierno de Moreno fundamenta gran parte de las decisiones que en el orden económico ha adoptado en el transcurso de los casi dos años que se encuentra en el poder.

Se han sucedido tres ministros de economía, Carlos de la Torre, María Elsa Viteri y Richard Martínez. Este último, en funciones, se ha convertido en el personaje con mayor empeño en la aplicación de una línea dura para corregir el desorden fiscal originado -según él- por el exagerado gasto público que registra el gobierno de Rafael Correa. De tal manera, en una entrevista de prensa, en enero de este año, cuando retornaba de Davos -lugar al que asistió junto a Moreno- señaló que el 2018 se cerró con USD 3300 millones de déficit “muy por debajo del que en mayo de 2018 se proyectaba USD 8000 millones, a pesar de que el escenario no era sencillo” [i]   y no descartó la posibilidad de reactivar la cooperación con los organismos multilaterales de crédito; a propósito de las reuniones mantenidas con la señora Legarde.

Dicho hecho se confirma con la presencia de una misión del FMI en Quito.  Quedan, por ahora, lejanos los tiempos en que el mismo FMI se congratulaba con la benigna salud de la economía ecuatoriana, reconocimiento que, sin embargo, no permitió ocultar su preocupación por la fiscalidad y la competitividad externa del país:

Es evidente que la economía está recuperándose a buen ritmo tras la recesión de 2016 y que la actividad ha sido más vigorosa de lo que habíamos previsto en nuestras proyecciones más recientes de octubre. Hubo una coincidencia de opiniones acerca de los importantes desafíos que Ecuador tiene por delante, como la necesidad de restablecer la competitividad externa y afianzar la posición fiscal.[ii]

¿Y por qué lejanos? porque la misión del FMI junto a equipos del Banco Mundial (BM), Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y Banco de Desarrollo de América Latina (CAF), han coincidido con las autoridades económicas (Ministerio de Economía y Finanzas -MEF- y Banco Central -BCE-) y gremios empresariales, para analizar el apoyo financiero que “el país ha solicitado a estos organismos para ir más allá de lo que tradicionalmente entregan”[iii] y resolver lo que se requiere “con el fin de conseguir un acuerdo de financiamiento”[iv].

El equipo del FMI revisó con el MEF temas de financiamiento, presupuestarios y, con el BCE, se buscó  cómo fortalecer las reservas internacionales, así como su sostenibilidad y generar garantías para la seguridad jurídica. No se ha dejado de lado al sector social, básicamente el rol de las empresas públicas y de la Economía Popular y Solidaria.[v]   Según el ministro Martínez el Ecuador tiene dos opciones de acuerdo con el FMI uno es el Stand by[vi], el otro, el Extended Fund Facility (EFF)[vii], que si bien garantizan resultados sólidos en el desempeño fiscal, crean condiciones apropiadas para avanzar a un proceso integral de reformas en un país que no solo enfrenta problemas de financiamiento, sino “de crecimiento, competitividad y de reformas”

Es importante señalar que las autoridades ecuatorianas están orientándose por este último. Hasta diciembre de 2018 Ucrania, Barbados, Bosnia Herzegovina, Egipto, Georgia, Jordania, Túnez, Costa de Marfil, Mongolia y Sri Lanka poseen este tipo de financiamiento externo para salir de la crisis. Este discurso, sin embargo, no es nuevo y ha sido construido -una y otra vez- en la historia de los acuerdos, cartas de intención y otorgamiento de créditos del FMI al país. Desde 1984 hasta el 2005 el Ecuador suscribió nueve Cartas de Intención (1984, 1985, 1986, 1988, 1989, 1990, 1994, 2000 y 2003) y una Carta Aval en 2005.

Entre 2007 y 2017, década presidida por Rafael Correa, no se llevó a cabo ningún tipo de negociación con el FMI[viii], más bien se mantuvo una postura crítica con las políticas del multilateral y la cooperación se orientó hacia la concreción de crédito productivo con China. Actualmente, como hemos visto, el gobierno de Moreno se encuentra ad portas de asumir un nuevo convenio y para ello ya ha adelantado una serie de medidas de ajuste: reducción de subsidios (incremento de los combustibles y la energía eléctrica), el progresivo desmantelamiento del Estado, la supresión del anticipo al Impuesto a la Renta y la remisión de USD 4000 millones de deuda (intereses, multas y recargos) que mantenía con el Servicio de Rentas Internas (SRI) el gran capital.

De igual manera, adornando la acción con eufemismos, se habla de impulsar una agenda de cooperación público privada, encaminada a “concesionar”, “optimizar”, en suma: privatizar empresas del Estado como CNT, hidroeléctricas, TAME y el tan ansiado IESS. Todas estas medidas coinciden plenamente con los memorándum de condicionalidad que tradicionalmente impone el FMI. En los gobiernos de Hurtado, Febres-Cordero, Borja, Durán-Ballén, Mahuad, Noboa y Gutiérrez el eje vertebrador de las cartas de intención y los programas de ajuste, que configuraron la implementación de un modelo neoliberal (en su variante criolla), fue, entre otros, la disposición de recursos provenientes del Presupuesto General del Estado (PGE) para el pago del servicio de la deuda externa, la devaluación de la moneda (por lo menos hasta antes de dolarizar la economía), los precios de los combustibles y la energía administrados con una lógica de costo real, libre flotación de los tipos de interés, políticas de modernización y aperturismo de la economía, privatización de empresas de telecomunicaciones y electricidad, estímulos generosos a poderosos grupos empresariales y financieros, incluso, hasta la promulgación de una Constitución (1998) como marco jurídico viable para el modelo neoconservador.

En 2019, la meta más clara que se puede advertir en este nuevo capítulo de la dependencia del Ecuador al FMI es que se encontraría en marcha la búsqueda de contextos favorables para la implementación de un tantas veces fallido TLC con EEUU, profundizar el Tratado Multipartes con la UE y la integración del Ecuador en el Acuerdo Transpacífico (TTP), como estrategias claves para incentivar el libre comercio, atraer Inversión Extranjera Directa (IED) y reducir el riesgo país[ix].  Como complemento a lo expuesto en este trabajo es imperativo referirse a la “Ley Orgánica para el fomento productivo, atracción de inversiones, generación de empleo, y estabilidad y equilibrio fiscal”, llamada por el humor popular la “Ley Trole 3” cuyo contenido corrobora en gran medida lo señalado y permite apreciar la hoja de ruta que el régimen pretende cumplir para comprimir los ingresos del Estado, con el apoyo de las organizaciones políticas representativas de las élites económicas que claramente se benefician de aquello.

El presidente Moreno ha insistido en la necesidad de “reperfilar” la deuda pública y no reestructurarla, al parecer, para seguir los acostumbrados esquemas ortodoxos de no mostrar debilidades ante los acreedores internacionales, sin embargo, José Moncada nunca dejará de tener razón cuando decía:

Con la aplicación del decrépito recetario desarrollista y la reedición de la vieja fórmula del gatopardo, vale decir, con la vieja fórmula de modificar la superficie de las cosas para que todo siga igual, se ha pretendido alcanzar el “saneamiento económico” y la tan publicitada justicia social.[x]

A manera de conclusión es menester decir que el acuerdo con el FMI es prácticamente un hecho, no difiere, más que en la forma, con experiencias anteriores cuyos ejes transversales de condicionalidad impuesta concuerdan plenamente y se comprueban en el conjunto de medidas de ajuste implementadas en lo que va del gobierno de Moreno. Si bien no está establecida oficialmente una cifra del crédito, es fácil imaginar que esta será acorde a los datos aterradores que el gobierno pregona. No han faltado los analistas de siempre que ya recomiendan el destino de esos recursos: pago de la deuda y fortalecimiento de la reserva. Nada nuevo, más de lo mismo.

 

Notas

[i] https://www.eltelegrafo.com.ec/noticias/economia/4/ecuador-opciones-acuerdo-fmi

[ii] Departamento de Comunicaciones del FMI /  29 de noviembre de 2017

[iii] Richard Martínez, en una entrevista con radio Platinum de Quito (14 de febrero de 2019)

[iv] https://www.eltelegrafo.com.ec/noticias/economia/4/ecuador-opciones-acuerdo-fmi

[v] https://www.elcomercio.com/actualidad/acuerdo-fmi-richard-martinez-finanzas.html

[vi] Conocidos también como Derechos Especiales de Giro (FONDO MONETARIO INTERNACIONAL, Resumen General de la Asistencia Concesionaria, Washington, 1990).

[vii] Acuerdo de largo plazo o Servicio Ampliado del FMI (SAF), que opera cuando un país enfrenta severos desequilibrios de balanza de pagos en razón de problemas estructurales que no son solucionables en el corto plazo. https://mundo.sputniknews.com/economia/

[viii] El FMI otorgó un crédito de 364 millones de dólares, con 39 meses de gracia, para atender los problemas de balanza de pagos generados por el terremoto del 16 de abril de 2016 y se registró directamente en el balance sectorial del Banco Central

[ix] El descrédito de Moreno y los niveles de deslegitimación que arrojan los datos de empresas encuestadoras como CEDATOS (31% de credibilidad) y Perfiles de Opinión (23% de credibilidad) dan cuenta que cualquier intervención pública del mandatario estimula el crecimiento del indicador “riesgo país”

[x] Moncada, José (1982). CAPITALISMO Y SUBDESARROLLO ECUATORIANO EN EL SIGLO XX. Instituto de Investigaciones Económicas. Universidad Central del Ecuador

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