Ajuste fiscal en Ecuador: Fondomonetarismo o gradualismo heterodoxo

Santiago García Álvarez

 

En declaraciones recientes, el ministro de Economía y Finanzas Richard Martínez, expresó que el programa económico vigente se basa en cuatro pilares: consolidación fiscal y estabilidad monetaria; igualdad de oportunidades y protección social; empleo y reactivación productiva y manejo transparente de los recursos. Según este funcionario, si el FMI apoya esta estrategia, que conlleva elementos de gradualismo, entonces, se haría viable el “acompañamiento del FMI”. De tal forma que se articula un discurso confuso y contradictorio en la medida que el FMI no suele acompañar procesos de ajuste gradual.

En tales circunstancias, la sociedad ecuatoriana ha reaccionado como suele hacerlo comúnmente desde los extremos: para unos resulta inevitable el ajuste rápido y duro en términos sociales y otros bajo la percepción de que hay suficiente tiempo y espacio para mantener un modelo de crecimiento económico basado en el gasto y la inversión pública.

En realidad, resulta vital cierta objetividad para definir las alternativas reales en función de las particularidades de la economía nacional dolarizada, la correlación de fuerzas políticas actualmente existentes y, sin olvidar los condicionantes que presenta la economía internacional con signos preocupantes de ralentización del crecimiento económico, y riesgos crecientes en el ámbito financiero (FMI 2018; CEPAL 2018).

Tampoco debería perderse de vista que Ecuador se encuentra en una fase baja de su ciclo económico, acompañada por un incremento a mínimos del nivel de precios al consumidor (inflación menor al 1% promedio anual) y un incremento del trabajo inadecuado (subempleo) que afecta a más de la mitad de la población económicamente activa (PEA).

El tema de la sostenibilidad fiscal se vuelve una cuestión prioritaria porque en la experiencia de una economía dolarizada, los altos déficit han venido golpeando a las cuentas del sector externo (incrementos del servicio de la deuda externa y debilitamiento de la reserva internacional) y a la inversión pública como principal variable de ajuste fiscal. En el cuadro 2, se cuantifica a este indicador entendido como capacidad de pago frente a compromisos internos y externos, de lo cual se desprende que la deuda pública agregada llegó a representar 39%, 41% y 45% del PIB en 2016, 2017 y 2018, con un mayor peso del endeudamiento externo, que prácticamente triplica a la deuda interna.    El servicio de este endeudamiento agregado llegó al 8% del PIB en 2016, en una tendencia creciente en el transcurso del tiempo, un porcentaje superior a lo que se invierte en educación.

Cuadro 2. Principales indicadores de sostenibilidad fiscal del Ecuador. En % del PIB y en millones de US$. Presupuesto del gobierno central, base caja.
sg1
Fuente: BCE (2018)

 

En tales circunstancias, el gobierno ha ensayado una estrategia de ajuste gradual del déficit fiscal y ha interpuesto un conjunto de medidas relacionadas con la reactivación económica, lamentablemente sin buenos resultados. Al finalizar el año 2018, tomó varias medidas relacionadas con la reducción de los subsidios a los combustibles y reducción de niveles de salarios a las escalas superiores de la burocracia. Todas estas medidas no han generado confianza en los mercados internacionales y el EMBI[1] volvió a subir a finales del 2018.

El FMI acepta que todo programa de consolidación fiscal suele reducir el producto (sesgo recesivo) y aumentar el desempleo en el corto plazo, pero en el mediano y largo plazo, existen beneficios para la reactivación económica a través de las reducciones de tasas de interés, la disminución del valor de la moneda (depreciación o devaluación) y el aumento de las exportaciones netas (saldo comercial).  Al respecto:

(…) La consolidación fiscal suele tener un efecto contractivo sobre el producto. En dos años, una consolidación fiscal equivalente a 1% del PIB tiende a reducir el PIB en aproximadamente 0,5% y a elevar la tasa de desempleo en alrededor de 0,3 puntos porcentuales. La demanda interna —consumo e inversión— se reduce aproximadamente 1% (FMI 2010: 104)

Una vez estabilizada la economía, se crean espacios fiscales para reducir los impuestos, especialmente los impuestos sobre la renta del capital, entonces ambos efectos aumentan el producto a largo plazo; así, por cada reducción de 10 puntos porcentuales de la relación deuda/PIB, el producto aumenta aproximadamente 1,4% a largo plazo (FMI 2010).

Una perspectiva diferente a la estrategia fondomonetarista implicaría poner por delante la no afectación de sectores populares y estratos medios, para lo cual se requeriría un enfoque integrado de medidas fiscales, monetarias, productivas, regulatorias y del sector externo. El ajuste fiscal debería basarse en una reducción de impuestos para fortalecer la demanda interna y la mantención de la inversión pública para crear condiciones de competitividad “legítima” basada en innovación y recursos humanos calificados. A mi criterio, esta posibilidad no tendría mucho espacio real en el caso ecuatoriano por el peso excesivo del déficit fiscal y no tendría respaldo en la mayoría conservadora de la Asamblea Nacional.

La alternativa podría estar en el punto medio, la implementación de medidas de ingresos fiscales que incluirían subidas en impuestos progresivos a la renta y a los consumos especiales; medidas de restricción de gastos públicos innecesarios o de dudosa rentabilidad social como la excesiva burocratización; y medidas de mejoramiento de las condiciones de financiamiento público en términos de plazos más largos y costos (intereses) más bajos. El sostenimiento de la inversión pública podría concretarse con planes transparentes y concretos para las alianzas público-privadas, especialmente en infraestructuras productivas y vivienda de interés social.

En el ámbito monetario-financiero se requiere un impulso serio a la inclusión financiera, considerando que al menos la mitad de ecuatorianos mayores de 15 años no disponen de servicios financieros; la mantención del impuesto a la salida de divisas (ISD) con las actuales exenciones que son razonables por pagos en importaciones de bienes de capital y materias primas para las exportaciones; defender la aplicación de coeficientes de liquidez doméstica del sistema financiero nacional para evitar depósitos innecesarios en el exterior; regulación sobre los recursos depositados en paraísos fiscales; puesta en marcha del dinero electrónico para acelerar la velocidad del dinero bajo condiciones de control de costos y comisiones bancarias; apertura a la banca extranjera para crédito e inversiones con recursos externos.

Bibliografía

Banco Central del Ecuador (2018). Estadísticas económicas. Información Estadística Mensual, No. 2001,  https://contenido.bce.fin.ec/home1/estadisticas/bolmensual/IEMensual.jsp. Consultado en diciembre de 2018.

Comisión Económica para América Latina (CEPAL) (2018). Balance Preliminar de las Economías de América Latina y el Caribe. Documento informativo. S.18-01134

Fondo Monetario Internacional (2018). World Economic Outlook (WEO), octubre de 2018

García Álvarez, Santiago (2016).  Sumak Kawsay o Buen Vivir como Alternativa al Desarrollo en Ecuador. Aplicación y Resultados en el Gobierno de Rafael Correa (2007-2014), Universidad Andina Simón Bolívar y Ediciones Abya Yala, Quito.

Jara, Xavier, et al (2018). “Fuel subsidies and income redistribution in Ecuador”. WIDER Working Paper 2018/144, United Nations University.

LAVOIE, Marc (2009). Introduction to Pos Keynesian Economics, United Kingdom, Palgrave Macmillan

[1] Emerging Markets Bonds Index o Indicador de Bonos de Mercados Emergentes.

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