¿Se puede combatir la corrupción con eficacia?

Isaías Campaña C.

 

En Ecuador la corrupción emergió desde que su territorio formaba parte de la Gran Colombia; se registró con mayor y/o menor intensidad en la época republicana, en los gobiernos dictatoriales, en el retorno a la democracia y se agudizó y persistió en el gobierno de la “revolución ciudadana”.

En la Gran Colombia era frecuente la evasión de los derechos de importación y exportación que afectaba a los ingresos de la Hacienda Pública. Simón Bolívar presidente de Colombia y encargado del poder dictatorial del Perú considerando que las penas establecidas en la legislación de la época no eran efectivas para combatir el fraude en los derechos de importación y exportación de la República, expidió el Decreto el 18 de marzo de 1824 con los siguientes artículos:

Art. 1. Todo el que delatase especies de todas clases, importadas o exportadas clandestinamente, les serán adjudicadas en su totalidad, sea cual fuese la cantidad y valor de estas especies, deducidos solamente los derechos que deberían pagar, si hubieran sido importadas o exportadas legítimamente.

Art. 2. Todo el que aprendiese especies no delatadas por otro que hayan sido introducidas o extraídas clandestinamente, las hará también suyas, excepto la parte que corresponde al Gobierno como se ha dicho en el artículo anterior.

Art. 3. Todo empleado en Aduana, Resguardo, Capitanía de puerto o cualquiera otro destino de Hacienda Pública que tomare parte en los fraudes que se cometan contra ella, bien sea interviniendo como principal, bien sea sabiendo el fraude y no delatándolo, quedará sujeto a la pena capital que se le aplicará irremisiblemente.

 

Art. 4. Todo ciudadano tiene derecho a velar sobre la Hacienda nacional. Su conservación es de un interés general. Los que la defraudan son enemigos capitales; y en este caso la delación lejos de degradar al que la hace, es una prueba de su ardiente celo por el bien público.

 

“La venta de la bandera”

En el gobierno conservador de Luis Cordero Crespo se fue incubando un malestar en la población por las crecientes denuncias de corrupción de un grupo de altos funcionarios del régimen, denominado la “argolla”, cuyo líder era el gobernador del Guayas y ex presidente de la República, José María Plácido Caamaño.

China y Japón, en 1894, estaban en enfrascados en una cruenta guerra; el país del Sol Naciente necesitaba armas con urgencia para su defensa. Frente al conflicto Chile adoptó la neutralidad que de acuerdo a las normas internacionales estaba impedido de vender armas a los países en conflicto; en cambio, Ecuador no se declaró ni neutral ni beligerante.

El Cónsul de Ecuador en Nueva York envió varios telegramas a Caamaño, uno de ellos contenía la propuesta oficial de compra-venta del gobierno chileno del buque de la armada “Esmeralda”. La información se filtró, y en los diarios de Guayaquil publicaron que el Gobierno había intermediado en la compra venta del buque “Esmeralda” al imperio del Sol Naciente.

Caamaño había promovido la transacción que consistía en el préstamo de la bandera como servicio a Chile que luego sería supuestamente retribuido con apoyo militar frente a un eventual conflicto con el Perú. El presidente Cordero accedió al requerimiento de Caamaño, tal como lo expresó en un telegrama “Estamos de acuerdo con que se le preste a Chile el servicio que desea pero hay que buscar una forma decente de prestárselo” (El Comercio, 2017).

En Guayaquil se formó un Comité de Investigación que inmediatamente informaría que Chile había vendido a Ecuador el buque “Esmeralda” en 220.000 libras de esterlinas, que a su vez había sido comprado por el Japón en 300.000 libras, según el contrato. El Comité se preguntaba, ¿quién se benefició con las 80.000 libras de diferencia? (Ibídem).

En Guayaquil cada vez fueron creciendo las manifestaciones, quienes pedían la renuncia de Caamaño; frente a la presión de varios sectores de la población, el gobernador se vio obligado a renunciar en enero de 1895. El mes siguiente, febrero, se proclama la Revolución Liberal en Milagro, días después se suman Daule y Santa Lucía. En Quito se sublevó la “Columna Flores”, el Gobierno saco a las calles al Cuerpo de Artillería que dejó como saldo decenas de cadáveres y heridos en las calles. En este ambiente, Cordero presentó la renuncia en forma irrevocable.

La Junta de Notables de Guayaquil proclamó la Revolución Liberal, desconoció la Constitución de 1883 y al gobierno de Quito y designó a Eloy Alfaro como jefe supremo y del Ejército Nacional. La “venta de la bandera” marco el fin de una época y el comienzo de otra, que se inició en Guayaquil el 5 de junio de 1895 con el triunfo de la Revolución Liberal.

La “compra de la chatarra”

Ecuador a inicios de 1961 registró un elevado déficit comercial provocado por la caída sustancial de las exportaciones de banano, principal producto de exportación del país, y del café, 6% y 20% respectivamente. El presidente Velasco Ibarra, cuarto periodo de gobierno, en su primer acto declaró nulo el Protocolo de Río de Janeiro y propuso una reforma agraria, pero poco tiempo después, ante el creciente déficit fiscal, en julio de 1961, tuvo que devaluar el sucre con respecto al dólar, lo que a su vez provocó el aumento de los precios de los bienes y servicios básicos.

La crisis económica afectó básicamente a los sectores de ingresos medios y bajos de la población, quienes realizaron masivas manifestaciones, especialmente en la ciudad de Guayaquil. El 6 de noviembre de 1961, estudiantes secundarios y universitarios salieron a las calles a protestar por las denuncias de corrupción como “la compra de la chatarra”, la falta de pago a los docentes, la elevación de impuestos y la renuncia del presidente Velasco Ibarra. La represión por parte de la fuerza pública fue violenta, dejó como saldo 6 estudiantes muertos y decenas de heridos. 

El siguiente día, 7 de noviembre, murió asesinado el dirigente de la Unión Nacional de Educadores Núcleo del Guayas, profesor Eduardo Flores Torres, como resultado de una bala disparada desde la Segunda Zona Militar, cuando protestaba por la muerte de los estudiantes y pedía la renuncia del presidente Velasco Ibarra (Wikipedia).

El Batallón Chimborazo se sublevó contra las medidas que adoptó el presidente Velasco Ibarra, luego las Fuerzas Armadas derrocaron al presidente y encargaron el poder al presidente de la Corte Suprema de Justicia, Camilo Gallegos Toledo, pero la Fuerza Aérea se opuso a tal designación. Finalmente, el Congreso Nacional nombró a Carlos Julio Arosemena como presidente de la República, quien estaba preso en el Penal García Moreno.

La corrupción en el gobierno de Rafael Correa

Los hechos de corrupción que se generaron en el país a partir de la creación de la República del Ecuador se puede afirmar que fueron relevantes, pero aislados. Sin embargo, en el gobierno de “de manos limpias, mentes lúcidas y corazones ardientes” los casos de corrupción brotaron como epidemia prácticamente en todas las instituciones del Estado.

La corrupción tuvo luz verde a raíz de la incorporación de determinados artículos e incisos que se incluyeron deliberadamente en la Constitución de 2008 que dispone nuevas funciones a las instituciones del Estado como Contraloría General del Estado, Fiscalía General del Estado, Corte Suprema de Justicia, Corte Constitucional, Consejo de la Judicatura, entre otras.

Acorde a la Carta Magna se elaboraron nuevas leyes como el Código Integral Penal donde se establece penas benévolas para los hechos de corrupción como el lavado de activos, asociación ilícita, peculado, concusión, etc., con lo cual prácticamente se institucionalizó la corrupción en el país.

Se reformó Ley de Hidrocarburos que permite celebrar contratos directamente con empresas públicas extranjeras sin necesidad de concurso público e informes previos de la Contraloría General del Estado. A través de decreto ejecutivo firmado por el presidente Correa se permitió la suscripción de contratos directamente con empresas privadas mediante la figura de “giro específico del negocio”, esto es, los llamados “contratos a dedo”.

El presidente Correa en 2009 creó mediante decreto ejecutivo el Comité de Bienes Estratégicos que preside el Ministro de Defensa y tiene voto dirimente, en reemplazo de la otrora Junta Nacional de Defensa. El nuevo organismo es el encargado de manejar los fondos destinados a la adquisición de armamento y equipos para las Fuerzas Armadas.

Entre 2009 y 2017 el “gobierno de la revolución ciudadana” realizó compras por USD 562 millones, de los cuales 45,2 millones se gastaron en los helicópteros Dhruv, comprados a la empresa hindú Hindustan Aeronautics Limited en una negociación bajo reserva. De los 7 helicópteros Dhruv, 4 han sufrido accidentes, con un saldo de 3 muertos y 11 heridos. Se gastaron USD 60 millones en los radares chinos, los mismos que nunca operaron (Plan V, 2018).

Con el nuevo marco legal, se elaboraron contratos con sobreprecios en la repotenciación de la Refinería de Esmeraldas, Refinería del Pacífico, centrales hidroeléctricas, construcción y ampliación de carreteras, comercialización del petróleo, escuelas del Milenio, hospitales, Universidad Yachay, plataforma gubernamental de Gestión Financiera, edificios de la Función Judicial, proyectos Trasvase Daule-Vinces, Multipropósito Baba, Carrizal Chone, Poliducto Pascuales-Cuenca, de esta forma se festinaron miles de millones de dólares y emergieron los nuevos ricos en el país.

Las investigaciones realizadas por Fernando Villavicencio develaron escandalosos casos de corrupción en la comercialización del petróleo, mediante la triangulación de las ventas, los intermediarios obtenían ganancias entre 2 y 4 dólares por barril del petróleo. Las pérdidas para el Estado llegarían a USD 2 000 millones hasta 2017 (Plan V, 2018).

En el proyecto emblemático del gobierno “Coca Codo Sinclair”, la central hidroeléctrica más grande del país, a cargo de la empresa china Sinohydro, la Contraloría General del Estado en el examen especial del 14 de noviembre de 2018, estableció que se han generado perjuicios al Estado e identificó 7 648 fisuras, la más grande tiene 38 centímetros, en los distribuidores que están ubicados en la casa de máquinas. El costo total de la central hidroeléctrica fue de USD 2 851 millones (Ecuador comunica, 2018).

Periodistas de investigación, comunicadores, integrantes de la Comisión Anticorrupción que develaban los casos de corrupción fueron enjuiciados; en no pocos casos, perseguidos o presionados para que dejen de laborar en los medios de comunicación.

Según el titular de la Comisión Anticorrupción, Jorge Rodríguez, tomando como información datos oficiales estima que la corrupción tuvo un perjuicio para el país de USD 35.000 millones en los diez años del gobierno de Rafael Correa. (El Universo, 2018).

Transparencia Internacional (TI), anualmente publica su ranking de los países más corruptos, según la percepción de sus ciudadanos. Para elaborar el ranking se entrevista a expertos y empresarios de cada país sobre la corrupción y se les pide que valoren usando una puntuación de 0 (muy corrupto) a 100 (muy limpio).

Esta ONG ha recibido críticas por no incluir la elusión fiscal, la opacidad de las operaciones de las empresas multinacionales, entre otras, pero sirve como referencia en el tema de la corrupción por su información comparativa entre países. Según Transparencia Internacional, de la lista de 180 países, Ecuador, en 2017, se ubicó en la posición 117 y registró una puntuación de 32, con lo cual se ubicó entre los países más corruptos de América Latina.

No obstante, la magnitud de la corrupción que se ha registrado en el país en el último decenio, únicamente hay una decena de sentenciados y encarcelados por corrupción. Los organismos del Estado que por mandato constitucional debían investigar, juzgar y sentenciar no han estado a la altura de las circunstancias que ameritaba; en el país sigue imperando un clima de total impunidad.

¿Qué hacer?

En un mundo globalizado hay que tomar como puntos de referencias las experiencias que han tenido otros países para reducir radicalmente los niveles de corrupción. Uno de ellos es Singapur, que se ubicó, en 2017, en la posición sexta en el ranking de Transparencia Internacional y con una puntuación de 84.

Singapur está ubicado en el Sudeste Asiático, en la Península de Malasia, es el Estado más pequeño de la región, registra una extensión territorial de 697 km2 compuesta de 63 islas, se independizó de Gran Bretaña en 1963 como parte de Malasia y posteriormente de la propia Malasia en 1965. En aquellos años registraba altos niveles de corrupción, pobreza, desempleo, problemas de urbanización y falta de recursos naturales. El Producto Interno Bruto per cápita era de apenas USD 500.

¿Cuáles fueron los factores que permitieron a Singapur reducir drásticamente los niveles de corrupción y elevar sustancialmente los ingresos de su población? Luego de su independencia se nombra primer ministro a Fue Lee Kuan Yew, quien creó un organismo planificador de la economía llamado Junta de Desarrollo Económico de Singapur que estableció cinco ejes fundamentales:

  • Acabar con la corrupción. Con este objetivo se creó una Oficina de Investigación de Prácticas Corruptas (CPIB, por sus siglas en ingles), que desde un primer momento tuvo poderes especiales. Sin una orden judicial podían detener a los sospechosos de ser corruptos y empezar a indagar sus actividades como la revisión de cuentas bancarias. 
  • Reforma judicial. Que derivó en jueces probos y autónomos políticamente. Se estableció penas fuertes para los delitos graves. Existe la pena de muerte por narcotráfico; pintar las paredes se castiga con azotes públicos; tirar gomas de mascar a la calle o no jalar el wáter público hay penas económicas y servicio social. Singapur impuso la ley que prohibía el consumo de cliché para mantener las calles de la ciudad limpias. Las personas que consuman o comercien goma de mascar pueden ser procesadas y condenadas a dos años de prisión. La multa por cometer este delito es de USD 5 500.
  • Generación de empleo. Para evitar que el desempleo se convierta en origen de inestabilidad social se implementó una economía de mercado y apoyo a la inversión.
  • Reforma educativa. Capacitación a los maestros, educación dual, holística y equilibrada.
  • Apoyo estatal. Se promueve la creación de empresas públicas competitivas, eficientes, y generadoras de utilidades. Singapore Airlines es una de las mejores aerolíneas del mundo (Stark, 2017).

Singapur, en 2018, se ubica en el tercer lugar en el ranking de los países con el ingreso per cápita más alto del mundo, USD 98 014, según el Fondo Monetaria Internacional. El “milagro económico” se atribuye a la visión clara y efectiva implementada por Lee Kuan Yew, quien gobernó hasta 1990, considerado el “padre de la patria”. El lema de Lee era: “Si quieres derrotar la corrupción debes estar listo para enviar a la cárcel a tus amigos y familiares”.

El espectacular crecimiento económico de Singapur también se atribuye a su ubicación estratégica en el Sudeste Asiático. A fines de los años 60 y principios de los 70, las empresas multinacionales trataban de ingresar en los mercados de los gigantes asiáticos, China que se encontraba con políticas de apertura al capital foráneo e India que tenía políticas altamente proteccionistas. Singapur estableció una política favorable al capital extranjero a través de la reducción de impuestos y de mano de obra altamente calificada.

Lee Kuan promovió un sistema educativo universalmente accesible y de altísima calidad, lo que complementó con una rigurosa aplicación de la meritocracia. El gobierno de Singapur cambió por completo el sistema educativo a fin de que los jóvenes sean capaces de trabajar en las áreas que el país necesitaba. “Hasta la actualidad el principal objetivo es lograr que los estudiantes piensen, analicen y resuelvan problemas por sí mismos. Además, les enseñan a que no deben limitarse en lo que está escrito en los libros de textos, sino que les obligan a ver más allá” (Caravedo, 2016).

El pequeño país del Sudeste Asiático, Singapur, en 2018, registra un PIB nominal de USD 349 659 millones por encima de la producción de bienes y servicios de Colombia, USD 327.978 millones; Chile, USD 280 269 millones; Perú, USD 231 567 millones; y de Ecuador USD 106 621 millones, según estimaciones del FMI.

En Ecuador para combatir la corrupción y lograr el crecimiento sostenido de la economía no se necesitan políticas inéditas, se requiere un liderazgo fuerte que esté decidido a afrontar estos retos. Hay que reformar las Constitución, las leyes y reglamentos para establecer penas y multas orientadas a erradicar estas prácticas en el Estado. Se deben establecer medidas drásticas para reducir al mínimo éste flagelo, caso contrario seguiremos lamentándonos y no podremos salir del círculo vicioso. Igualmente, en la misma línea se debe reestructurar la Función Judicial, a fin de que vayan jueces probos y políticamente autónomos.

Determinados sectores productivos deben superar el prejuicio de que tenemos un país pequeño y obviamente un mercado pequeño. En un mundo globalizado, a más de las demandas del mercado interno, los procesos productivos se deben enfocar en los mercados internacionales, para lo cual se requiere mejorar la competitividad -sin perjudicar los salarios de los trabajadores-, innovar permanentemente los bienes y servicios y generar productos de calidad.

En el país no hay un proyecto nacional orientado a alcanzar el crecimiento sostenido de la economía a mediano y largo plazo, se sigue únicamente administrando la crisis. El tema del déficit fiscal se ha vuelto crónico en el país y se continúa implementando las mismas políticas, mayor endeudamiento y reducción del gasto público.

Si se aplicara a cabalidad Ley de Transporte Terrestre, que genera miles de muertes y de heridos cada año, por concepto de multas podría generar cuantiosos recursos tanto para los GADs como para el fisco. De establecerse altas multas para quienes arrojan basura o realizan grafitis, que nada tienen que ver con arte o estética, en calles, plazas y espacios públicos, también, podría generar importantes recursos. Igualmente, se podría establecer multas significativas para quienes, a través de vehículos, contaminan el aire más allá de los estándares permitidos; arrojan productos contaminantes o material de construcción en carreteras, lagunas, ríos y esteros.

Bibliografía:

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