¿El problema del déficit fiscal más allá del tema económico?

Isaías Campaña C.

 

El Reglamento de la Ley de Tránsito establece multas y contravenciones para los conductores que no cumplen con los límites de velocidad: vías urbanas 50 km/h, vía perimetral 90 Km/h, carreteras rectas, 100 km/h y curvas en carretera 60km/h. El numeral 2 del Art. 179 del Reglamento a la Ley de Transporte Terrestre prohíbe al conductor estacionar su vehículo sobre aceras y rampas destinadas a la circulación de peatones y utilizar el celular mientras conduce el vehículo, se sanciona con 3 puntos menos en su licencia.

Sin embargo, la mayoría absoluta de los conductores en sus distintas categorías no acatan las disposiciones legales. Es común ver en vías de la ciudad de Quito carreras entre  buses y colectivos por ganar pasajeros, pasar los semáforos en rojo, parar para recoger pasajeros en sitios no permitidos e invasión de vehículos en las vías exclusivas asignadas a los buses de transporte rápido, ante la mirada indiferente de los agentes de tránsito.

Los accidentes con decenas de muertes se han vuelto reiterativos en el país que registra uno de los indicadores más altos de mortalidad en el contexto de América Latina. En 2016 se registraron 30.269 accidentes de tránsito que dejaron 21.458 heridos y 1.967 muertes, de los cuales en la provincia del Guayas fallecieron 458, Pichincha 331, Los Ríos 135 y Manabí 141.  Entre las causas de los accidentes se atribuyen: impericia e imprudencia del conductor 15.709, no respeta las señales de tránsito 4.054, exceso de velocidad 3.755, entre otras (INEC, 2017).

El elevado número de muertos y heridos por accidentes de tránsito motivó a que el Primer Mandatario se pronunciara a favor de instalar radares en las principales carreteras del país para controlar el exceso de velocidad. La instalación de radares podría reducir significativamente el número de accidentes de tránsito, contribuiría a concientizar a los conductores de vehículos en la necesidad de cumplir con las disposiciones de la Ley de Transporte Terrestre y generar importantes recursos para los gobiernos autónomos descentralizados y para las débiles arcas fiscales.

El burgomaestre de la ciudad de Ambato aplicó lo que establecía la Ley de Transporte Terrestre y empezó a recaudar importantes recursos para la administración municipal. En la ciudad de Ambato, los dispositivos que monitorean los límites de la velocidad funcionan desde el año 2015 y hasta octubre de 2017, el cobro de multas generó ingresos por USD 28,6 millones (El comercio, 2017). No obstante, como era de esperarse, varias organizaciones gremiales como la Unión de Taxistas de Tungurahua realizó una protesta por el centro de la ciudad y exigió la suspensión de los radares móviles.

En el Distrito Metropolitano de Quito, el transporte vehicular tanto público como privado genera gran cantidad de gases contaminantes que afectan a la salud de sus habitantes, especialmente los generados por los vehículos con motor a diesel que expulsan gases tóxicos que son cancerígenos para los humanos. A nivel nacional, en 2016, estaban matriculados 258.058 vehículos con motor a diésel, de los cuales 10.430 pertenecían al Estado, 3.394 a municipios y 694 a gobiernos seccionales (INEC, 2017).

No hace falta realizar investigaciones prolijas para determinar los niveles de contaminación en la Capital de la República, basta caminar por calles, plazas, parques, pasos a desnivel para observar como buses articulados del propio municipio, busetas, transporte pesado expulsan grandes cantidades de gases tóxicos; ante lo cual hay que taparse la boca y la nariz para proteger el sistema respiratorio y, además, dejan impregnado de hollín a parterres, aceras, fachadas de casas y edificios, frente a la mirada indiferente de las autoridades seccionales.

El Art. 253 del Código Orgánico Integral Penal con relación a la contaminación del aire establece: “La persona que, contraviniendo la normativa vigente o por no adoptar las medidas exigidas en las normas, contamine el aire, la atmósfera o demás componentes del espacio aéreo en niveles tales que resulten daños graves a los recursos naturales, biodiversidad y salud humana, será sancionada con pena privativa de libertad de uno a tres años.” Las disposiciones legales en los hechos se convierten en letra muerta.

De igual manera, las ordenanzas municipales no se cumplen a cabalidad. Está prohibido votar basura, preparar y vender alimentos en forma precaria en vías y en espacios públicos; sin embargo, amplios sectores de la población lo hacen, problema que se ha vuelto relevante en los noticieros matutinos de televisión. La política del burgomaestre de “dejar hacer y dejar pasar” ha motivado que los informales se tomen calles, avenidas, plazas, parques, transformando al Patrimonio Cultural de la humanidad en un gigantesco mercado informal.

La ciudad de Quito fue declarada como Primer Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO, el 8 de septiembre de 1978, por preservar su Centro Histórico, el más grande y conservado de América. No obstante, se sigue instalando un sin fin de cables en forma precaria en espacios públicos, sin que ninguna autoridad competente establezca normas elementales; se sigue realizando grafitis que nada tienen que ver con elementos de arte o estética en calles, avenidas, plazas, iglesias, con lo cual contribuyen a la contaminación visual.

El Art. 237 del Código Orgánico Integral Penal referente a la destrucción de bienes del patrimonio cultural establece: “La persona que dañe, deteriore, destruya total o parcialmente, bienes perteneciente al patrimonio cultural del Estado, considerados como tales en la legislación nacional o en los instrumentos internacionales ratificados por el Ecuador, sin importar el derecho real que tenga sobre ellos, será sancionada con pena privativa de libertad de uno a tres años.”

¿Por qué no se aplica las disposiciones legales vigentes en los ámbitos de transporte terrestre, ambiental o patrimonio cultural? ¿Las autoridades de las instituciones públicas encargadas de hacer cumplir las disposiciones legales vigentes desconocen sus contenidos y/o no hay la voluntad política para aplicarlas? ¿El personal operativo, agentes de tránsito, policía especializada en su mayor parte no son competentes para aplicar las normativas referentes a contravenciones, delitos de tránsito, ambientales o patrimoniales?

Lo que ocurre en los ámbitos del transporte terrestre, ambiental y patrimonio cultural se reproduce en todas las esferas de lo económico, político y social. A pesar de los alarmantes niveles de corrupción que se ha develado en el país en los dos últimos años, la mayor parte de los casos están quedando en el olvido. Las leyes vigentes en el país –Ley de Transporte Terrestre, Código Orgánico Integral Penal-  son benévolas comparadas con las legislaciones de otros países.

Hay una gran responsabilidad por parte de los administradores de justicia y ciertos segmentos de la población que no cumplen con las disposiciones legales vigentes. Todos los jueces de la Corte Constitucional fueron cesados en sus funciones por el Consejo de Participación Ciudadana Transitorio y tres de sus integrantes están siendo investigados por la Fiscalía General del Estado por presunto lavado de activos, paradójicamente el máximo organismo de la función judicial. Estos casos reflejan el limitado nivel de desarrollo del país.

En Ecuador, en los últimos decenios se ha debatido los problemas de déficit presupuestario, recesión económica, deuda pública, desempleo y subempleo que se han vuelto crónicos. En los gobiernos de León Febres Cordero y Sixto Duran Ballén se ejecutaron políticas de ajuste y estabilización, reformas estructurales como privatizaciones, despidos de empleados del sector público, eliminación de subsidios, devaluaciones; sin embargo, no se logró alcanzar un crecimiento significativo de la economía.

Del mismo modo, en el “gobierno de la revolución ciudadana” se aplicaron políticas orientadas a una mayor intervención del Estado en la economía facilitada por los altos precios del petróleo en los mercados internacionales, a través importantes inversiones en infraestructura, salud, educación, vivienda y financiamiento a las diversas actividades económicas. No obstante, tampoco se logró un sustancial crecimiento del aparato productivo.

Las élites empresariales consideradas como el “motor de la economía” se han limitado a actividades rentistas, tienen gigantescos recursos en paraísos fiscales y siguen promoviendo políticas económicas que fracasaron en el pasado. No hay una cultura de inversiones en actividades manufactureras, innovación, gestión de calidad en la generación de bienes y servicios.

Se sigue pensando que la panacea para el déficit fiscal se limita a reducir el gasto público, particularmente el gasto corriente. El gasto público consolidado promedio de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE), que incluye a países desarrollados de Europa, en 2016, fue de 43,5% del PIB, mucho mayor que el gasto público de Ecuador, 37,6% (BID, 2018). Sin lugar a dudas, que en el país hubo un ineficiente gasto en compras públicas, inversiones, subsidios, programas sociales que derivó en escandalosos hechos de corrupción, por lo que hay que optimizar los gastos.

El tema del déficit fiscal, que se ha vuelto crónico en el país, hay que analizarlo desde el punto de vista sistémico, esto implica incorporar a la educación en todos los niveles como factor importante en la producción de bienes y servicios. El talento humano con competencias, experticias y sólidos valores es un elemento clave de los modernos procesos de producción. En un mundo globalizado hay que tomar como puntos de referencia las experiencias exitosas de otros países.

En Japón, en las escuelas elementales, como parte de su educación, todos los días los niños limpian las clases, los vestíbulos y los patios de la escuela. Hasta el cuarto grado los conocimientos académicos no son lo más importante, la educación se basa en valores como respeto, generosidad, disciplina, cuidado de la naturaleza (Semana, 2018).

En Noruega, la educación en las escuelas, uno de los sistemas mejor evaluados en las pruebas PISA a nivel mundial, se fundamenta en valores como el respeto a la dignidad humana, a la naturaleza, la igualdad, la solidaridad, la libertad intelectual, la diversidad cultural (Aula Planeta, 2018).

Por lo descrito, el no acatamiento del marco legal vigente genera una especie de anomia social por parte de determinados segmentos de la población que constituye un obstáculo para el desarrollo económico del país y que podría agudizarse si no se toman los correctivos adecuados. Frente a este fenómeno, se requiere reformar el sistema educativo desde el nivel básico, y como eje central la formación en valores, en función de las demandas de los sectores productivos, preservación del medio ambiente, una mayor equidad social y desarrollo sustentable de la economía.

 

Bibliografía:

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