¿Es viable una tercera vía para el desarrollo?

Isaías Campaña C.

Ecuador no ha registrado un crecimiento sostenido de la economía en los últimos decenios. Se sigue produciendo y exportando básicamente productos primarios. La participación de la manufactura en el Producto Interno Bruto (PIB) en los últimos diez años se mantiene constante, no supera el 14%. Más de 45 años seguimos exportando petróleo crudo, sin mayor valor agregado. A pesar de los auges del precio del petróleo en los mercados internacionales, no se llegó a construir la refinería del Pacífico, proyecto emblemático del gobierno de la “revolución ciudadana” que colapsó, y que terminó contaminada de corrupción.

 

El Estado realizó significativas inversiones para mejorar la infraestructura en el país -en cuanto se refiere a carreteras, puertos, aeropuertos, hidroeléctricas- y canalizó importante financiamiento en condiciones favorables orientadas a promover el desarrollo del aparato productivo. Sin embargo, las élites empresariales no aportaron mayormente al cambio de la matriz productiva, esto es, realizar importantes inversiones en la manufactura, donde se genera un mayor valor agregado y demanda mayores fuentes de empleo. Tampoco realizaron mayores innovaciones ni elevaron los niveles de calidad en la producción de bienes que les permitan incursionar en nuevos mercados tanto nacionales como internacionales.

 

Los gremios empresariales se han comprometido invertir en el país más de 9.000 millones de dólares en los próximos cinco años, pero a cambio exigen una serie de demandas, tales como incentivos y facilidades para nuevas inversiones y constitución de empresas, eliminación de los impuestos al anticipo a la renta y salidas de capitales, reducción del impuesto a consumos especiales, titularización de las empresas públicas, eliminación de subsidios, entre otras.

 

Haciéndose eco de las demandas de los gremios empresariales el Ejecutivo elaboró el proyecto de Ley del Fomento Productivo que fue aprobado por la Asamblea Nacional, donde se establece la exoneración de intereses, multas y recargos a los mayores grupos económicos nacionales y filiales de empresas multinacionales que registran millonarias deudas con instituciones del Estado, especialmente al SRI e IESS.

 

¿Se justifica que empresas petroleras como Andes Petroleum con capitales de origen chino; el Consorcio Petrolero Bloque 16 filial de la empresa española Repsol; sucursales de empresas multinacionales como Claro, Movistar; o bancos como Pichincha, Produbanco, Guayaquil, Austro se les exonere de sus obligaciones tributarias? En absoluto (Campaña, 2018).

 

Según información del SRI (2018), la “participación directa de paraísos fiscales y regímenes especiales preferentes en el total del patrimonio de 8.619 sociedades nacionales con accionistas del exterior” se ubico en US$ 30.291 millones en 2016, de los cuales el 23,8% corresponde a accionistas nacionales y el 76,2% a extranjeros.

 

Los paraísos fiscales se caracterizan por la opacidad de la información financiera, de sus accionistas y operaciones, por eso se registran un creciente flujo de capitales ilícitos provenientes del narco tráfico, corrupción y crimen organizado. Ahí se ubicaron los millonarios depósitos producto de la corrupción de Álex Bravo, exgerente de Petroecuador; Carlos Pareja Yannuzzelli, exministro de Hidrocarburos; Carlos Pólit, exContralor General del Estado; entre otros. Además, la migración de capitales nacionales a paraísos fiscales tiene como propósito fundamental evadir impuestos o en el mejor de los casos pagar lo mínimo.

 

De aprobarse el proyecto de ley como está formulado se dejaría un mal precedente nuevamente. En 2015, a través de la Ley de Remisión de Intereses, Multas y Recargos publicado en el registro oficial el 5 de mayo de 2015, se condonó las obligaciones tributarias de las sociedades con el Estado, más de US$ 6.000 millones, aproximadamente el 50% del monto adeudado correspondía a intereses, multas y recargos. En 2008, también, a través de una Ley de Remisión se aplicó la exoneración de las obligaciones tributarias a los deudores del SRI.

 

Las remisiones que se han realizado han institucionalizando el no pago de las obligaciones tributarias que tienen los deudores con el Estado, lo que afecta aún más a la débil cultura tributaria, la cual no es solamente cumplir con sus pagos por mandato de la ley, sino que, ante todo, es una obligación moral y ética con la sociedad. Especialmente los grupos económicos y filiales de empresas multinacionales deberían dar ejemplo en el cumplimiento de oportuno de sus pagos.

 

El ejecutivo está analizando seriamente la eliminación de subsidios que está presupuestado en US$ 3.470 millones en el presente año, de este monto US$ 1.707 millones son para gasolina, diésel y gas de uso doméstico (El Comercio, 2018). No toman en consideración que de concretarse la eliminación provocaría un desbocado incremento de precios y tarifas de los bienes y servicios, y volvería menos competitivos los procesos productivos nacionales que tanto lamentan las élites empresariales.

 

Si cumplirían sus obligaciones tributarias únicamente los 20 mayores deudores del Estado –empresas petroleras, bancos, telecomunicaciones, grupos económicos- cuya deuda suma 1.726 millones no habría necesidad de eliminar los subsidios y se evitaría conflictos sociales de impredecibles consecuencias.

 

El Ejecutivo ha hecho importantes concesiones a los sectores empresariales, les ha entregado estratégicas carteras del Estado -Ministerio de Industrias, Comercio, Finanzas, Trabajo-, así como la inminente exoneración del pago de tributos adeudados, a través de la Ley de Fomento Productivo. Las élites empresariales van a promover la titularización de empresas públicas como el Banco del Pacífico, CNT, las hidroeléctricas, el traspaso de los campos petroleros más productivos al sector privado.

 

Los círculos empresariales van a seguir promoviendo las mismas políticas que está ejecutando el gobierno de Mauricio Macri en Argentina. La lluvia de inversiones extranjeras productivas que prometió durante la campaña electoral nunca llegó a Argentina; desde que llegó al poder en diciembre de 2015, se endeudó en más de US$ 100.000 millones (Diario el País, 2018).

 

El gobierno de Macri eliminó subsidios, redujo pensiones de los jubilados, incremento en más de 800% los precios y tarifas de los servicios públicos, dejó flotar el peso en el mercado libre, únicamente en dos meses se devaluó en 50%. Políticas que, a su vez, derivaron en una de las inflaciones más altas de América Latina, tasas de interés más altas del mundo (40%) y en la fuga masiva de capitales, ante lo cual el régimen se vio obligado a pedir urgente un rescate al FMI de US$ 50.000 millones para evitar el inminente colapso de la economía.

 

La política estatista del gobierno de Venezuela, tampoco, puede debe servir como punto de referencia para nuestro país que ha derivado en un régimen autoritario, represivo, ha llevado a la inflación más alta del mundo (1 000.000% anual), a la migración de más 1,6 millones de venezolanos en los dos últimos años y al colapso total de su economía (Diario el País, 2018). Sin embargo, todavía hay grupos políticos e intelectuales que siguen creyendo en las bondades de estas políticas.

 

Lo mismo se puede decir del régimen de Nicaragua que ha gobernado en función de intereses familiares y de círculos empresariales, ha provocado enfrentamientos con la población civil y que hasta el momento deja como saldo cerca de trescientos muertos. Cuba que está en proceso de elaboración de una nueva constitución ha incorporado la propiedad privada, el rol del mercado y la inversión extranjera como parte de la economía, antes eran temas tabú.

 

Las políticas de ajuste y estabilización no debe ser la línea política que debe seguir el Gobierno nacional que fracasaron en el pasado ni tampoco la excesiva participación del Estado en la economía que derivó en regímenes autoritarios y represivos. Con creatividad y pragmatismo hay que tomar como referencia experiencias exitosas de otros países.

 

Los tigres asiáticos -Corea del Sur, Taiwán, Hong Kong, y Singapur- se industrializaron con una adecuada participación del estado en la economía, realizaron radicales reformas agrarias y pusieron énfasis en la innovación, automatización y en la calidad de sus productos. Los centros de educación superior jugaron un rol relevante en la formación del recurso humano altamente calificado, así como en la investigación, elemento clave de los modernos procesos de producción.

 

La República Popular China promovió el ingreso de empresas extranjeras, muchas de ellas transnacionales, pero asociadas a capitales nacionales, especialmente joint venture, compartiendo conocimiento, competencias, recursos, así como riesgos y ganancias. Estas empresas permiten incorporar mano de obra local, transferencia de tecnología y mantener su control. La economía de China creció a tasas de 8 y 9% anual en los últimos 30 años y en relativamente poco tiempo se industrializó y se convirtió en la segunda mayor economía del mundo.

 

Noruega, a través del Estado, controla los sectores estratégicos de la economía como la energía hidroeléctrica o explotación de petróleo y gas, cuyas exportaciones se ubican en el tercer lugar a nivel mundial después de Rusia y Arabia Saudita, 1,6 millones de barriles diarios. El gobierno de Noruega constituyó en 1990 un fondo soberano con la renta de la explotación del petróleo y gas, administrado por el Banco Central cuyo fondo, hoy en día, se estima en más de un billón de dólares, el más grande del mundo, recursos que, a su vez, se hallan invertidos en 77 países y en 9.000 compañías; las inversiones incluyen a países como Argentina, Brasil, Colombia, Chile, México, Panamá y Perú (BBCMundo, 2017).

 

Noruega tiene un sistema de impuestos progresivo, uno de los más altos de los países desarrollados, orientado a la distribución de los ingresos desde los sectores más ricos a los más pobres de la sociedad, por lo que se considera que es uno de los estados más equitativos. Su sistema de salud es subsidiada, el seguro de desempleo alcanza el 60% del salario anterior, la educación es gratuita en escuelas y universidades públicas. En 2018, según estimaciones del FMI, Noruega ocupa la sexta posición en el ranking del PIB per cápita a nivel mundial con US$ 74.065.

 

Las corrientes ortodoxas, heterodoxas o neomarxistas no van a llegar a un consenso referente al contenido del modelo económico que se debe implementar en el país para alcanzar el desarrollo sostenible de la economía. Sin embargo, con creatividad y una política pragmática se podría plantear como meta estratégica conseguir el crecimiento de la economía como mínimo del 5% anual, en esta meta deben participar activamente empresarios, desde los pequeños hasta los grandes; la fuerza laboral, empleados y trabajadores; el estado con sus diversas instituciones; la academia y medios de comunicación.

 

Simultáneamente los diversos actores económicos y sociales pueden ir definiendo por consenso el país que queremos alcanzar en 20 o 30 años. Verbigracia, ser una potencia turística especialmente a nivel de América Latina, los recursos naturales que dispone el país facilitarían alcanzar ese objetivo, complementado con una economía orientada a satisfacer la demanda interna y a las exportaciones que generaría ingresos para el sostenimiento del esquema de la dolarización.

 

Bibliografía:

 

 

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