El sabor agridulce de la Ley Orgánica de Fomento Productivo, Atracción de Inversión, Generación de Empleo, Estabilidad y Equilibrio Fiscal

Santiago García Álvarez

El 22 de junio del año en curso, la Asamblea Nacional aprobó el proyecto de ley con algunas modificaciones. Si bien esta propuesta de ley es inevitable dada las circunstancias actuales de la economía nacional, lo importante es un análisis de sus objetivos y las posibilidades de alcanzarlos. Su perspectiva es generar ingresos previsibles para el fisco, establecer reglas macro-fiscales para el gran problema del endeudamiento público y crear un conjunto de incentivos creíbles y útiles para la atracción y promoción de inversiones nacionales y extranjeras.

Recaudación fiscal y sacrificio fiscal

De una revisión crítica de los cambios efectuados posiblemente se puede colegir que la capacidad recaudatoria se minimiza, quizá el único impacto de mayor recaudación solo recae en la remisión tributaria, aproximadamente 600 millones de dólares en el presente año, luego ya no se generarán ingresos incrementales fiscales para los próximos años.

Por tanto, preocupa las excepciones y la ampliación de beneficios tributarios propuestas por la Asamblea, al excluir una mayor tributación de los sectores de mayores ingresos y la ampliación del no-pago del impuesto a la renta para nuevas inversiones de 10 a 12 años. En principio se tenía previsto mayores impuestos a personas naturales con ingresos netos más de 100 mil dólares anuales, a partir de no aplicar la reducción de gastos personales e incluir en sus ingresos los 13 y 14 sueldos. Se estima que esta medida afectaba a 11 mil personas, 0,14% de la PEA. Todo esto se eliminó.

Resulta inevitable, como un hecho fáctico, que los principales beneficiarios de la remisión tributaria sean las empresas grandes, que son las que litigan con el Estado, pero es indispensable cerrar el proceso a que los beneficiarios no repitan este beneficio indefinidamente, en caso contrario se fractura el sistema tributario interno.  No es menos cierto que por número de beneficiarios se llega a las PYMES, con lo cual se alivia de cierto modo su situación financiera.

Un tema complicado es la declaración de utilidades luego de la remisión, se va a aceptar la declaratoria de utilidad de las propias empresas, dejando sin validez cualquier intento de determinación por parte de la autoridad tributaria. De esta manera se debilita la gestión tributaria.

 Es importante una disposición sobre el crédito tributario por IVA de las empresas, antes se podrían beneficiar indefinidamente en la medida que las compras sean mayores que las ventas, ahora la propuesta es que esta situación suele puede aplicarse por 5 años. Se estipula devolución inmediata del IVA para las compras locales de empresas constructoras de vivienda de interés social.

 

Incentivos tributarios

 En materia de incentivos para la reactivación productiva, se establecen 15 incentivos de carácter tributario, destacándose la exoneración por 10 años del impuesto a la renta para nuevas inversiones productivas en sectores priorizados, excepto en Quito y Guayaquil donde el beneficio es de 8 años.  La Asamblea Nacional incrementó a 12 años este beneficio. Para tales efectos se pone una disposición irrisoria de que este beneficio está condicionado a la creación de puestos de trabajo de al menos 1 empleo para jóvenes menores de 25 años y un empleo o más para personas de más de 40 años.

Se establece una exoneración del impuesto a la salida de divisas (ISD) para las nuevas inversiones productivas que suscriban contratos de inversión, en los pagos realizados al exterior por concepto de importaciones de bienes de capital y materias primas necesarias; para los contribuyentes que reinviertan en activos productivos el 50% de sus utilidades por pagos al exterior por concepto de distribución de dividendos a beneficiarios efectivos residentes en Ecuador.

Se propone una exoneración del impuesto a la renta para inversiones en el sector industrial por un período de 10 años y para las industrias básicas por 15 años. Los plazos de exoneración se ampliarán por 5 años más en el caso de que dichas inversiones se realicen en cantones fronterizos del país. También se exonera el pago de impuesto a la renta por 20 años a los emprendimientos turísticos de turismo comunitario y/ o asociativo, así como las inversiones realizadas por personas residentes de la localidad y reinversiones turísticas

En este punto sobre promoción de inversiones, el anuncio oficial fue la posibilidad de concretar inversiones por más 9,4 mil millones dólares, con 114 empresas nacionales y extranjeras, pero se requiere mayor transparencia para conocer con claridad qué tipo de negocios están involucrados, sectores, encadenamientos productivos, etc., ya que estas nuevas inversiones van a gozar de los incentivos fiscales previstos en la ley y que implican sacrificio fiscal

Los asambleístas incrementaron otras exoneraciones al IVA, a más de lámparas LED y autos eléctricos (para transporte público y livianos), los siguientes:

  • Repuestos de tractores
  • Software, hardware de origen ecuatoriano
  • Vehículos eléctricos e híbridos

De otro lado, los exportadores habituales tienen derecho a la devolución de los pagos realizados por concepto de impuesto a la salida de divisas en la importación de materias primas, insumos y bienes de capital, con la finalidad de que sean incorporados en procesos productivos de bienes que se exporten, en un plazo no mayor a noventa (90) días.

Par alcanzar una ampliación del acceso al crédito productivo y crédito de inversión, se propone que la banca pública constituya de sus utilidades, un fondo de garantías para fomento productivo, con énfasis en el sector asociativo.

 

Medidas macro-fiscales

En el ámbito de la política monetaria y financiera, la reforma propuesta prohíbe que el Banco Central del Ecuador (BCE) adquiera títulos y obligaciones emitidos por el Ministerio de Economía y Finanzas.  Este mecanismo fue utilizado por el gobierno de Correa como parte del mecanismo de financiamiento del déficit fiscal.

Uno de los temas centrales que se plantea en el proyecto de ley tiene que ver con la sostenibilidad de la deuda externa y los límites de endeudamiento, al respecto se plantea reducir el gasto primario (no incluye el servicio de la deuda pública) durante los próximos tres años hasta que llegue a cero. Mientras se logra ese equilibrio fiscal no se tomará en cuenta el techo de 40% establecido como límite legal. El saldo de la deuda pública total no podrá superar el equivalente al 40% del Producto Interno Bruto.  Una vez que la deuda haya vuelto al límite permitido por ley, no se podrá aprobar presupuestos con déficit primario. Además, se establece que los ingresos provenientes de la explotación de recursos naturales no renovables que superen a lo contemplado en el Presupuesto General del Estado se destinarán a la generación de un fondo de estabilización fiscal que permita garantizar la sostenibilidad de las cuentas públicas y principalmente de los programas sociales.

Estas macro reglas fiscales van a implicar un fuerte ajuste en las cuentas fiscales, pues el déficit primario llegó a 3,700 millones de dólares en promedio anual en el período 2013-2017, por tanto, van a tener que ajustarse varios rubros ya sean hacia arriba en los ingresos y hacia abajo en los egresos.

 

Conclusiones

La propuesta de ley presupone que los incentivos tributarios son indispensables para la reactivación productiva, la atracción de inversiones y la generación de empleo. Esta estrategia no es nueva en Ecuador pues ya se aplicó en años anteriores, en todo caso, algunos mecanismos se perfeccionan como los casos de inversiones bajo la modalidad de alianza público-privado y beneficios para las zonas especiales; en otros casos se amplían los beneficios tributarios en el tiempo para inversiones nuevas (12 años) y se establecen excepciones para el cobro del impuesto a la salida de divisas (ISD).

En tal contexto, las deducciones y ampliaciones tributarias implican un sacrificio fiscal que muchos sectores empresariales no lo valoran o lo consideran superficial, cuando en realidad implican un costo social que afecta a toda la sociedad en su conjunto, por eso se requieren varias modificaciones al proyecto de ley para cerrar a futuro nuevas remisiones tributarias a las mismas empresas que anteriormente ya se beneficiaron y para condicionar los beneficios a ciertos requisitos de desempeño empresarial como la generación de empleo, pero no a partir de la propuesta política de exigir “al menos un empleo” para sectores jóvenes de la población.

No se debería exigir más a esta propuesta de lo que es su verdadero alcance en la coyuntura económica, es decir, este es un paso que hay que darlo con las recomendaciones anotadas y pasar a otros procesos relevantes tales como: inclusión financiera expresada en acceso al crédito, seguridad al depositante e información veraz; políticas de innovación y cambio tecnológico; simplificación de trámites para generación de empresas y emprendimientos en los ámbitos nacional y local; incremento de techos arancelarios a máximo permitidos por OMC.

1 Comment

  1. Lo expuesto crea confianza al sector empresarial y financiero y la desconfianza a la poblacion que es la piedra de tope en donde recae todo el peso del perjuicio economico y social que implica. Este gobierno se debe como lacayo a los dueños del capital en perjuicio de las grandes mayorias que ven como acrecentan su riqueza los de siempre mientras la poblacion pierde la esperanza de contar con el gobierno de todos. Hay
    Que vivir la realidad y despertarce para reclamar esta injusticia.

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