De la Ley 42 a la Trole 3: de vuelta al Estado Fallido

Pedro Páez Pérez

Se ha creado un ambiente de acorralamiento alrededor de presiones y tabúes indicando que estamos al borde del fin del mundo. Sin embargo si se estudia de manera fría las cifras estadísticas, aquellas que reconoce el Banco Central del Ecuador, el Banco Mundial, El Fondo Monetario Internacional, la CEPAL, el BID y la CAF que están pendientes de las cuentas nacionales, se demuestra que, con fluctuaciones, el Producto Interno Bruto por persona aumentó hasta 1981. Desde entonces, debido a las políticas neoliberales a las que se está retornando, y que supuestamente eran las políticas técnicamente responsables y serias que iban atraer la inversión extranjera, el País DECRECIÓ, y esto es muy importante que la ciudadanía discuta, ya que el Ecuador decreció DURANTE 25 AÑOS. Así, el Producto Interno Bruto por persona de 1981 solo se pudo recuperar en 2004. Debe mencionarse que hubo una “pequeña” burbuja especulativa en 1997 que reventó y significó la expulsión de 3 millones de compatriotas por la crisis del Feriado Bancario de 1999

Luego, a partir de 2005, se tiene una NUEVA TENDENCIA, también con fluctuaciones, sobre todo provocadas por situaciones del mercado internacional, en el que hay un CRECIMIENTO SOSTENIDO DEL INGRESO PROMEDIO DEL PAÍS, pero además vino acompañado de una serie de estadísticas que muestran que, a diferencia de los 30 años previos, en los que solamente crecía el 1% más rico del Ecuador, se logró una transformación en la redistribución del ingreso que hizo que cada 10% de la población mejore su capacidad real de consumo. Lo dicho abrió una cantidad de nichos de mercado, y de dinámicas de mercado que antes no existían. Estas dinámicas de mercado abrieron las puertas para la creatividad y la iniciativa de ese talento humano joven, ya que el Ecuador tiene un bono demográfico muy importante, con una pirámide poblacional de base muy ancha, que durante los últimos 10 años recibió inyecciones muy importantes de recursos como por ejemplo más de 17 mil becas para sus estudios. Así mismo se pudo sacar de la pobreza a más de 2 millones de personas, el empleo adecuado superó al empleo inadecuado, y la distribución primaria del ingreso pudo premiar más al trabajo que al capital.

Todo esto debe entenderse como una nueva dinámica del mercado interno, lo que indica que se dio una transformación del régimen de acumulación; es decir el cambio de un régimen orientado a las agroexportaciones y exportaciones primario-extractivas y su financiarización, hacia un régimen orientado al fortalecimiento del mercado interno. Estos cambios han generado, de manera incipiente y sin terminar de consolidarse, una serie de resortes endógenos en el proceso de crecimiento del Ecuador que han permitido sostener momentos críticos como la caída estrepitosa de los precios del petróleo de mediados de 2014, y la reacción adversa e innecesaria de la banca privada que provocó una restricción del crédito en el año 2016.

Sin embargo, existió una cantidad de limitaciones y errores estratégicos especialmente alrededor de la regulación del sistema financiero y de fuga de capitales. Lamentablemente, hoy el País se enfrenta a una de las situaciones más críticas para su futuro luego del Feriado bancario de 1999: la inminente expedición de la Ley Trole 3. La presente Ley Trole profundiza, empeora, y deja al pueblo ecuatoriano en una situación de indefensión frente a la crisis mundial que sigue vigente desde 2008. En las circunstancias actuales, lo que corresponde es un proceso de estímulo fiscal, es decir de más inversión para animar la producción, no lo que se plantea en la Trole 3 sobre recortes, mandar al desempleo a miles de empleados públicos, recortar contratación pública y presupuestos.

En este sentido, hay un tema que debe ser subrayado, y se refiere al artículo 37 de la Ley Trole 3 que plantea la eliminación de lo que fue la Ley 42 de Marzo 2006. Esta Ley que fue expedida en el Gobierno de Alfredo Palacio, y que fue aplicada desde octubre y noviembre de 2007, es decir, más de un año y medio después de su promulgación significó una recaudación equivalente a dos veces la recaudación obtenida por el cobro del Impuesto a la Renta de ese año. Esta cantidad fundamental de recursos que ingresaron para beneficio de toda la ciudadanía, sin embargo, pudieron haber sido muy superiores si los Ministros de Energía del periodo Marzo 2006 – Noviembre 2007 hubieran hecho su trabajo y hecho cumplir la Ley. Esto significa que estas personas deben explicarle al País porque no lo hicieron.

Esta solución fiscal concreta, indica claramente donde se pueden encontrar las soluciones para los supuestos problemas fiscales que tiene el Ecuador. En estos momentos, se quiere hacer creer que la única salida posible es el ajuste, el recorte, la privatización y el Fondo Monetario Internacional. Se debe recordar que en la Ley de Hidrocarburos del año 2000, en medio de la conmoción social que significó el feriado bancario, se cambió la participación histórica del 80% del Estado en los contratos petroleros, para que sean las empresas las que reciban ese 80% y el Estado se quede solamente con 20%. Ahora, con este artículo de la Ley Trole se está preparando un nuevo latrocinio en contra de todos los ecuatorianos y ecuatorianas. Por esto, la importancia que se discutan abiertamente las cifras que arrojan los contratos de cada uno de los pozos petroleros, y la sociedad en su conjunto debata la apropiación científica y tecnológica de ese recurso para promover cadenas sociales de valor, su industrialización, refinación y generación políticas de sustitución de importaciones, creación de petroquímica, úrea, plástico y creación de valor agregado para impulsar el desarrollo económico del País.

En 2008, la aplicación efectiva de esta Ley permitió que en lugar que siete transnacionales se lleven esos recursos al exterior, éstos se conviertan en escuelas, carreteras, puentes, hospitales, refinerías, hidroeléctricas. Esto significó que la tasa de inversión pública, que se ubicó entre el 3% y el 5% del PIB en los 30 años previos, alcance el 14% y hasta el 16% durante 2012 – 2014. Esto no solo incrementó la capacidad productiva nacional, sino que generó capacidades sistémicas de competitividad y productividad en el Ecuador. El gran problema fue que gran parte de esta nueva capacidad de consumo y producción no fue aprovechada, ni protegida, e ingentes recursos salieron del país vía importaciones.

Esta generación propia de capacidades productivas, de inversión, empleo y consumo, son alternativas concretas y de resultados inmediatos, contrarias a las visiones derrotistas de regalar el País en peso. Arruinar la situación fiscal y la capacidad de redistribuir el ingreso, que son elementos fundamentales para animar mercados que actualmente se encuentran asfixiados por las políticas de ajuste que se vienen implementando, solo agravan el problema, no  lo solucionan. En términos médicos se podría decir que esta receta es tan nociva y anticuada como cuando hace 100 años la medicina recetaba sangrías, aplicando sanguijuelas en el cuerpo de personas débiles o con anemia.

De esta manera, las políticas de sustitución de importaciones aplicadas entre 2007 y 2009, pero también en 2015-2017 a través de las salvaguardias, permitió que de la noche a la mañana en el Ecuador se ensamblen teléfonos celulares, computadoras, televisores, cocinas de inducción, refrigeradoras, bicicletas, lo que demostró que el País puede superar complejos y que sus habitantes son capaces de crear, innovar y producir. Así mismo, la aplicación de políticas regulatorias como la colocación de productos ecuatorianos en las perchas de los supermercados, o el acceso de las pymes ecuatorianas a las compras públicas, igualmente son herramientas que permiten viabilizar que el consumo propio de los hogares en el primer caso, y los recursos públicos en el segundo, sean orientados para generar bienestar y desarrollo desde los ecuatorianos para los propios ecuatorianos. Solo estas dos políticas en conjunto lograron inyectar más de 2.500 millones de dólares para potenciar la producción de la economía y el emprendimiento nacional en el bienio 2015-2017. Este tipo de medidas creativas rompen por completo esa absurda dicotomía entre los fundamentalistas del mercado y los fundamentalistas del Estado. Aquí se están planteando soluciones de mercado, además que están diseñadas para aplicarse para cuando el sector público no cuenta con recursos, como en el caso de las medidas de regulación económica o comercial.

Así, mientras se busca aprobar esta Ley nefasta entre la distracción del mundial de fútbol, la persecución mediática y la guerra judicial a las figuras políticas y de  funcionarios honestos de la última década, se deja totalmente de lado que en estos momentos, es cuando más se debería  potenciar y poner a punto esa capacidad productiva de innovación, porque solo ese esfuerzo mancomunado permitirá sacar adelante al País. Lo otro, es decir, la aplicación de esta Ley Trole 3, es volver a esa época oscura que significaron 25 años de DECRECIMIENTO.

Los incontrolables montos de importaciones indiscriminadas y suntuarias, causadas por la eliminación de las salvaguardias, y la atribución inconstitucional que esta Ley pretende darle a un Ministro de Economía, ejemplo emblemático de puerta giratoria, nombrado por las cámaras de importadores y agroexportadores, para que elimine el Impuesto a la Salida de Divisas, afectará de manera irreversible la balanza de pagos y pondrá en peligro de muerte a la dolarización. Estos dólares que fugan ya sea por pago de importaciones, remesas al exterior, o porque grandes empresarios no les da la gana de ingresar las divisas de sus exportaciones, son recursos que desaparecen de la circulación de la economía interna. Finalmente, estos dólares generados en Ecuador terminan en Miami, Las Bahamas, o en cualquier otra guarida fiscal.

Igualmente, cuando se han querido aprovechar las ventajas de las Tecnologías de la Información y Comunicación para facilitar la circulación de recursos financieros dentro de la economía, como fue el caso del dinero electrónico público, sin fines de lucro; la banca y sus bocas políticas sembraron duda y temor en la población. Sin embargo, cuando éste pasó a manos de la banca privada, se encargaron de hacer desaparecer este proyecto, ya que hasta ahora no se ha brindado ningún tipo de alternativa a los usuarios de dinero electrónico, y esto molesta aún más cuando en Suiza están a puertas de realizar una consulta popular para decidir que el Banco Central de ese País sea el único que pueda abrir cuentas de dinero electrónico para sus ciudadanos. Esto debido a que estas políticas son efectivamente las que permiten solucionar problemas en las cadenas de pagos, especialmente en los sectores rurales y alejados de los centros financieros, donde los mercados son más delgados y el dinero desaparece más rápido.

Además, debe recordarse que en la Asamblea Nacional se dispuso que los costos por comisiones y servicios financieros de los bancos disminuyan. A pesar de existir esta Ley, desde el 7 de marzo de 2018, no entran en vigencia las regulaciones expedidas por la Junta de Regulación Monetaria, porque el cabildeo bancario ha impedido que sean publicadas en el Registro Oficial. Como no puede ser de otra forma, la Ley Trole 3 pretende eliminar esta reducción establecida por Ley. Este tipo de picardías, demuestra la importancia de fortalecer la regulación del sector bancario para que este se dedique a lo que está llamado: dar créditos; y no permitir que su giro de negocio se dedique a la especulación financiera y la fuga de capitales, lo que aumenta la vulnerabilidad de todo el País frente a sucesos internacionales como la crisis financiera mundial que todavía continúa vigente desde 2008.

 

Esta forma perversa de extraer valor de la sociedad, generó que durante la caída estrepitosa de los precios del petróleo de 2016, y mientras los tribunales de arbitraje internacional, gracias a la existencia de TBIs, determinaban que en pocos meses el Ecuador tuvo que cancelar más de 1,5 % de su PIB en pagos multimillonarios ilegítimos e ilegales a transnacionales como la OXY, se viabilizó una fuga de más de USD 2.500 millones, con el objetivo de destruir la economía nacional, poner de rodillas a su gobierno, y lograr por la fuerza y la intimidación aquello que no pudieron lograr en las urnas.

De esta manera, los postulados que promueve esta Ley Trole y sus Ministros Campana, Martínez, García, Ledesma, Roldán, y que son aupados con júbilo por el poder oligárquico de 25 personas que adeudan más de USD 4.000 millones por evasión de impuestos a todos los ecuatorianos, donde se cuentan los banqueros Eljuri, Egas, Lasso, Isaías, con el respaldo unánime de sus bocas políticas Nebot, Bucaram, Hurtado y las cámaras de importación con Alarcón, Arosemena, Acosta entre otros, promueven como siempre lo han hecho, la desregulación del mercado cambiario, del mercado de capitales, para que fuguen las divisas, para que los exportadores no ingresen las divisas que generan, para que el Ecuador venda a precio de gallina enferma el banano a las Islas Bahamas o a las Islas Caimán o a Panamá, y que los precios reales se los registre en esos paraísos fiscales en los que no tienen que pagar impuestos, y donde dichos recursos son utilizados para hacer ingentes cantidades de recursos a través de operaciones oscuras en banca offshore y derivados financieros. Esto lleva inexorablemente al País a una situación de indefensión frente a este modelo de extracción de valor, porque se debe marcar con claridad que dicha riqueza fue generada utilizando recursos y capacidades del conjunto de la sociedad ecuatoriana, y no de un actor privado en particular como se quiere hacer creer. Esta falta de lealtad con el País, explica en mucho la falta de progreso y desarrollo nacional; y se refleja en la Ley Trole 3, donde se pretende esquilmar a los ecuatorianos por Ley, permitiendo que el 1% más rico de la población no pague impuestos, ni obligaciones patronales con el IESS, ni utilidades para los trabajadores, ni litigios aduaneros por contrabando, ni multas de tránsito entre otros.

Sin embargo, la remisión de todas estas deudas, no es ni siquiera comparable con la indefensión en la que dejan a los ecuatorianos al permitir la fuga de divisas, y la exención de impuestos para supuesta “inversión extranjera” que no es más que recursos generados en el propio Ecuador, pero registrada desde guaridas fiscales para evitar, nuevamente, el pago de impuestos, en un círculo miserable de extracción de valor institucionalizado. Si a esto se le suma la firma, nuevamente, de Tratados Bilaterales de Inversión, se consolida una amenaza institucionalizada contra el Ecuador para perpetuar este sistema corrupto, so pena de recibir demandas de miles de millones de dólares en caso que se opte por controlar las prácticas corruptas de estos emporios empresariales monopólicos de plutócratas ultra ricos.

Para que esto sea viable y legítimo en la sociedad, se miente descaradamente a la ciudadanía, haciéndole creer que existe una situación catastrófica, y que la única alternativa es este modelo de negocio en donde, como se ha dicho por expertos internacionales “la mejor manera de robar un banco es ser su dueño”, es decir que viabilizar grandes actos masivos de corrupción, como fueron las Sucretizaciones de 1983, 1984 y el Feriado Bancario de 1999, son acciones planificadas de parte de mentes criminales que buscan que los Estados, es decir, todos sus ciudadanos y ciudadanas, asuman las pérdidas de las apuestas de alto riesgo realizadas con los recursos del conjunto de la sociedad, y cuyo resultado son siempre jugosas recompensas exclusivamente para los dueños de esos emporios financieros.

 

De esta manera, y basándose en generar temor y desesperanza en la población, engañan al País para obligarlo a ingresar a una espiral de alto endeudamiento especulativo a costa de los servicios públicos y la producción, para que sin el menor esfuerzo, los poseedores de deuda, banqueros, y muchas veces las propias autoridades financieras y de banca central del Ecuador, incrementen súbitamente su riqueza, a costa que el Estado garantice el repago de la misma a través de Fondos preasignados que tienen nombres rimbombantes, pero cuyo único fin es garantizar la rentabilidad de unos pocos millonarios especuladores.

Si actualmente se habla de un déficit fiscal del 3% hasta el 7%, debería hacerse lo que se hizo en 2006 con la Ley 42 y viabilizar una solución de recaudación fiscal del Estado en cuanto socio estratégico de la operación petrolera, para que en lugar de que pocas empresas se lleven ese dinero, y como escuchaba a algunas voces “vuelvan esos aguinaldos y utilidades de oro” para poquísimas manos, se pueda llenar ese hueco fiscal, cuya recaudación alivió en su momento más del 9% del PIB para el año 2008. Es sin duda absurdo que se diga catastróficamente que existe un serio problema fiscal, y que a la vez se renuncie a una herramienta directa y poderosa de recaudación fiscal que no implica la reducción, el ajuste, la privatización neoliberal que ha demostrado en Ecuador y América Latina que provoca DECADAS DE DECRECIMIENTO ECONÓMICO Y SOCIAL. Más aún este discurso cae por su propio peso, cuando el Ecuador, desde 2005 cambia su tendencia de crecimiento, y para 2017 obtiene una tasa de crecimiento del 3%, demostrando que la inversión y la compra pública, la generación de capacidades internas, la inversión en infraestructura, talento humano y el fortalecimiento de capacidades sistémicas de producción son la salida para cualquier situación difícil a nivel nacional.

Mantener la ignorancia en la población, y apelar a sus reacciones emocionales, coincide con la estrategia política de utilizarlos como simios de laboratorio, y partir de esto legitimar un modelo corrupto de extracción de valor que impide la innovación, la creatividad, el emprendimiento, el desarrollo y la transformación científica y tecnológica de los recursos naturales del País. El Ecuador está en plena capacidad de generar valor social, económico y cultural para esta y las futuras generaciones. Sin embargo, la Ley Trole 3 no para de poner zancadillas a la recuperación económica del Ecuador, porque al impedir que el Banco Central y que el BIESS sean financistas del desarrollo productivo, y de la actividad económica de su propio país, solo se logra autoinflingir una situación de dolor y trauma social innecesarios y obliga a que los recursos de los ecuatorianos sirvan para financiar actividades especulativas en el exterior en lugar que sean invertidos en el desarrollo productivo de su propio País. Esto es una barbaridad. Es una pérdida social de más de USD 18 mil millones, que en lugar de ser deuda interna benigna, se convertirán en el nudo gordiano de la deuda externa que históricamente asfixió los deseos de desarrollo y progreso del Ecuador. Así mismo, decir que el IESS está quebrado, y que a la vez, la Ley Trole 3 pretenda ilegalmente impedir que el IESS recupere los montos que le corresponden por mora patronal solo puede responder a las intenciones de privatizar el IESS bajo el discurso catastrófico de su supuesta quiebra. La sociedad en su conjunto no debe permitir que se la excluya del debate y la reflexión sobre estos temas tan importantes para el desarrollo y sostenibilidad de sus propios empleos.

Así por ejemplo, el proceso de despido masivo de empleados públicos en 1992-1994, hizo que la compra de dichas renuncias termine como depósitos en los bancos, se liberalizó el sistema financiero, y después las consecuencias terribles del feriado bancario corrupto y desalmado de 1999 que evaporó el esfuerzo de toda la vida de millones de personas. Sin duda, el coctel molotov que se está preparando en el Ecuador dolarizado y que incluye la eliminación inconstitucional del Impuesto a la Salida de Divisas, el regreso a la firma de Tratados Bilaterales de Inversión, ingreso inconstitucional a la Alianza del Pacífico, eliminación del pago del impuesto a la renta para los millonarios y ultraricos, del impuesto a la plusvalía para los especuladores inmobiliarios y de la tierra, a las extensiones rurales ociosas, a las herencias de los ultraricos, de las obligaciones patronales con el IESS, de los derechos laborales, de las salvaguardias, de los altas tasas interés y comisiones bancarias, de la inexistencia de crédito productivo, de la destrucción del Estado, de la falta absoluta de garantías para que ciudadanos honestos deseen formar parte del servicio público, y de la creación de fondos preasignados para anunciar anticipadamente la recompra de deuda externa, con lo que los poseedores de dichos papeles se hacen super ultraricos, y que también se usa para satisfacer las disputas intestinas de sectores que año a año hacen lo que sea por mantener su preasignación, de la pérdida de los basamentos institucionales del Ecuador, del fin de la meritocracia, de la Trujicorte y la oscura época socialcristiana, generan las condiciones ideales para que el Ecuador se convierta nuevamente “en el modelo de siempre”, descrito, en palabras de la embajadora norteamericana en 2005, y que se pudieron conocer solamente gracias a la valentía de la auténtica libertad de expresión encarnada en Julian Assange. Esta Embajadora reportó: “Ecuador es uno de los países más inestables, antidemocráticos y corruptos de América Latina. Su sistema político y económico, basado en una competencia entre élites atrincheradas por contratos y privilegios económicos proporcionados por el Estado (…). Tal vez más importante, Ecuador parece tambalearse siempre al borde de convertirse en un Estado fallido”.

Este cóctel tiene una cobertura circense indispensable: el pedido de prisión contra Rafael Correa Delgado. Mientras se genera esta cruel, ilegal, inconstitucional e inhumana distracción, quienes realmente van a parar al Fondo y perder su libertad son tus aspiraciones, tus sueños y las capacidades de tus hijas e hijos y las futuras generaciones.

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